El fallido magnicidio se produjo el 1 de septiembre, cuando la vicepresidenta llegaba su casa en el barrio porteño de La Recoleta. Cristina Kirchner dijo que aquel episodio marcó el rompimiento “del pacto social fimado en 1983″ con el retorno a la democracia.
Horacio Aizpeolea
Corresponsalía Buenos Aires
Hace un año, cerca de las nueve de la noche, un joven vendedor ambulante gatilló dos veces sobre la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, sin que salieran los disparos que hubieran sido mortales. La vicepresidenta de la Nación llegaba a esa hora a su departamento en La Recoleta desde el Senado. Al bajar del auto, en medio de un cordón de seguridad (muy vulnerable) compuesto por militantes y policías de civil, Fernando Sabag Montiel, de 35 años, pudo acercarse a menos de medio metro para intentar el magnicidio. Cristina Fernández de Kirchner dijo que recién ya en su casa, mirando las imágenes, entendió que habían querido matarla.
Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte (23 años) y el amigo de ambos, Gabriel Carrizo (27 años), son hasta ahora los tres acusados del intento de magnicidio. Compartían un emprendimiento de venta ambulante de “copos de nieve” y participaban de chats donde revelaban su odio al kirchnerismo y se alentaban a terminar conla vida de Cristina Fernández de Kirchner. Después de un año de investigación judicial, la causa fue elevada en julio pasado a juicio oral y público, y será ahora el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 el que ponga la fecha de inicio. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner siguen reclamando medidas de prueba para avanzar en posibles conexiones políticas. Los investigadores, por ahora, circunscribieron la mirada sobre el trío acusado.
El TOF 6 tiene jueces subrogantes (Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari). La fiscalía está a cargo de Gabriela Baigún. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal representan a la querellante, Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación determinó que el 1 de septiembre, Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte llegaron juntos a las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue “premeditada”, es decir, idearon “un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”; pero se advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.
Para el fiscal el plan criminal empezó a diseñarse en abril de 2022, cuando Sabag Montiel consiguió la pistola de un vecino.
De las conversaciones por WhatsApp, surge que Sabag Montiel y Uliarte pensaron hasta en alquilar un departamento en La Recoleta “para apostar desde allí un francotirador”, idea después descartada.
“De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella”, sostuvo el fiscal.
Brenda Uliarte, acusada como coautora, tiene como defensor oficial al abogado Carlos Telleldín (implicado y absuelto en dos juicios sobre el atentado a la AMIA). “Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar”, anunció Telledín, según publicó Página 12.
La querella también quiere avanzar sobre esa línea de investigación, además de los vínculos de los imputados con la agrupación de choque anti-kirchnerista, Revolución Federal.
Milman, diputado nacional y exjefe de campaña de Bullrich, es nombrado en el expediente judicial veinte días después del intento de asesinato. Un asesor legislativo del oficialismo declaró ante la jueza de la causa, María Capuchetti haber escuchado a Milman referirse al atentado antes de que se cometiera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, dijo el testigo que le escuchó contar a Milman, el 30 de agosto, en el bar Casablanca, en una mesa contigua que compartía con dos asesoras. Las mujeres negaron que Milman dijese eso. Si bien esta pista no figura entre las pruebas elevadas a juicio, se investiga el teléfono secuestrado a Milman. La querella también aspira a profundizar pistas sobre el posible financiamiento del atentado.
El día después del incidente, Cristina Fernández de Kirchner dejó por la tarde su casa. Por la mañana había recibido al presidente Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo dispuso un feriado, como jornada de reflexión y defensa de la democracia.
El 15 de septiembre la vicepresidenta reapareció en un encuentro con el grupo Curas Villeros y Curas en Opción por los Pobres (OPP).
“Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”, dijo. Contó cómo había sido el día antes al atentado: “Yo ese día había estado en el Senado hasta las 8:30 y la verdad que estaba feliz, porque tuvimos una reunión con YPF y con los de la empresa Petronas, que habíamos tenido un acuerdo allá por el año 2014 cuando recuperamos YPF y ellos van a hacer una inversión muy importante en Argentina”.
Después, Cristina Fernández de Kirchner valoró lo ocurrido: “Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar o elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, que podamos discutir la política”.
