Tras el fallo que dictó la jueza Loretta Preska que obliga a la Nación a pagar US$ 16 millones por la expropiación de la petrolera, el Gobierno informó que apelará. Sin embargo, la decisión podría tener costosas consecuencias.
Este jueves, la magistrada a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina en la causa por la estatización de YPF y determinó el pago de 16.000 millones de dólares al Fondo Burford Capital. Luego de que comenzara a circular la noticia que significó un nuevo golpe a la economía nacional, la portavoz de la Presidencia aseguró que el gobierno apelará “inmediatamente”, pero ¿qué implica esta medida?
Tras el fallo, Gabriela Cerruti intentó llevar tranquilidad al territorio a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: “El gobierno argentino apelará inmediatamente (...) El presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.
No obstante, lo siguiente a realizar en esta instancia, de acuerdo con las leyes estadounidenses, es la presentación de la sentencia escrita por las partes implicadas. Una vez que Preska firme el documento, se podrá seguir dos caminos: que la Argentina apele o, por otro lado, que las partes pidan la suspensión del dictamen con motivo del próximo cambio de gobierno.
De acuerdo con el especialista en Finanzas y director de Latam Advisors consultado por Clarín, Sebastián Maril, es poco probable que la jueza tome la segunda dirección “porque el caso se terminó en su Corte”.
“Lo más probable es que la Argentina apele y que, al mismo tiempo, se le pida a la Corte suspender la apelación a la espera del cambio de gobierno. Si esto no ocurre, y la apelación continúa, hay que esperar un año más para conocer el resultado. Y, luego, el perdedor seguramente vaya a la Corte Suprema, lo que tomaría uno o dos años más”, explayó.
En lo que respecta al primer camino que se puede transitar, el asesor considera que apelar “es un error porque la Argentina perdió en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema en el pasado. Lo mejor que puede hacer el país es empezar a negociar”.
“Burford sabe que ese monto es imposible de recolectar. No sé cuánto menos sería, dependerá de la situación del país. Y tampoco sería en efectivo, porque no hay”, agregó.
En este sentido, Maril explicó que si el país apela el fallo que calificó como “el más importante contra un Estado soberano en la historia de los EE.UU.” el fondo podría apelar sobre el fallo que absolvió a YPF.
Con este panorama, estimó que si la Nación apela “suma costos legales e intereses al 9% anual. Dos o tres años más litigando sobre un fallo de US$ 16.000 millones equivalen a US$ 1.500 millones en intereses anuales”. Por ello, considera que el próximo gobierno “deberá evaluar una nueva estrategia legal”.
