El costo fiscal de las medidas supera los $ 700.000 millones y su impacto en las cuentas públicas depende de la inflación

El paquete de medidas anunciado por el gobierno nacional para atenuar el impacto de la inflación en los bolsillos de trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, tendrá un costo fiscal de $ 729.000 millones, que representa un 0,5% del PBI.

Este gasto adicional podría suponer un esfuerzo fiscal adicional para poder cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% que fijó la readecuación de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en este caso el gobierno tendrá en la inflación un aliado.

Fuentes oficiales estiman que el costo total será de unos $ 730.000 millones, que al valor nominal representan el 0,5% del PBI.

No obstante, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) explicó que a fines del cómputo final la inflación puede licuar ese monto y tener un impacto acotado en las cuentas públicas.

“Si luego de la reciente devaluación del peso, la inflación mantuviera la proyección que traía antes, se produciría un aumento del gasto de 0,3% en términos del PIB en el segundo semestre, imputando únicamente el gasto incremental correspondiente”, explicó el Instituto.

En la continuidad de la argumentación agregó que pasaría del 12% del PIB al 12,3% del PIB” e indicó que “en este caso el gobierno debería financiar genuinamente este incremento, para evitar un incumplimiento con la meta de déficit”.

“Si luego de la reciente devaluación del peso, la inflación subiera hasta un 154% anual, el gasto en términos del PIB sería del 12% en el segundo semestre, no registrándose cambios respecto al escenario sin medidas”, concluyó.

En rigor la estimación del FMI para 2023 habla de una inflación de 120%, pero el consenso de los analistas entiende que estará más cerca del 150%.

En consecuencia, el paquete de medidas no tendrá impacto directo en lo que respecta a lo acordado con el organismo y del cual depende un nuevo desembolso de U$S 2.700 millones en noviembre.

La otra cara de la moneda es que la licuación del valor de la moneda también tiene impacto directo sobre quienes supuestamente se verán beneficiados por la medida, ya que la misma suba de precios hace que no se pueda recuperar el poder adquisitivo de los ingresos.

Con el agravante de que, en algunos casos, superado los meses en que se recibe la ayuda, los ingresos vuelven a aplanarse.

Detalles

Durante la jornada de hoy la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, dieron detalles de los alcances de las medidas anunciadas.

En el caso de los trabajadores asalariados se aclaró que lo recibirán aquellos que perciban salarios de bolsillo de hasta $ 400.000 y el pago será correspondiente a los salarios devengados de agosto y septiembre a sobrarse en septiembre y octubre.

El dato clave es que en caso de existir en esos períodos aumentos por paritarias se descontará del monto de $ 30.000 mensuales y en consecuencia hay trabajadores que no recibirán ninguna ayuda. Por ejemplo, un empleado en relación de dependencia con salario de $ 300.000 que tenía pactado un aumento por paritaria de 10% para agosto que justamente representa $ 30.000. Lo mismo sucederá en octubre con la base del salario que se formó en septiembre.

Otro dato relevante a tener en cuenta es que los $ 30.000 son una suma “no remunerativa”, lo que implica que no computa para el aguinaldo, horas extras, premios o compensaciones o para la liquidación de vacaciones en caso de estar siendo gozadas durante agosto y septiembre.

Además, los empleadores podrán deducir de los $ 30.000 “aumentos a cuenta” que se hayan realizado en los últimos meses.

En el caso del sector de trabajo doméstico, la suma adicional será de $ 25.000 en dos tramos de $ 12.500 y proporcional a la cantidad de horas. Por ejemplo: una persona con dos trabajos de 4 horas cobrará $ 6.250 de cada empleador. Los empleadores podrán descontar ese pago si presentaron y pagaron el impuesto a los Bienes Personales correspondientes a 2022.

AFIP

En el caso de los monotributistas AFIP confirmó la suspensión del pago por seis meses del componente impositivo para las categorías de la A la D.

Los montos son:

Categoría A: $ 496

Categoría B: $ 957

Categoría C: $ 1.636

Categoría D: $ 2.689

Castagneto explicó que se difiere el pago mediante una resolución general de la AFIP y se incluye en la ley de presupuesto la condonación de esta deuda.

Asimismo, se modificó el monotributo productivo al bajar el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% durante 36 meses. Acerca de la devolución del IVA para el consumo de jubilados y pensionados con tarjeta de débito se estableció que para quienes cobran hasta 3 jubilaciones mínimas. La jubilación mínima con los refuerzos que se dio en estos meses de 37.000 jubilados mensuales, alcanza un monto de $ 124.460 por mes y por ende el nuevo tope será de $ 18.000.

ANSES

En el caso de los planes a cargo del ANSES, Raverta informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán $ 37.000 adicionales en septiembre, octubre y noviembre.

Estos pagos comenzarán a percibirse desde esta semana según los cronogramas ya establecidos.

Cabe recordar que para agosto ya regía un bono de $ 21.000 que ahora pasa a $ 37.000 por total.

De esta forma la mínima será de $ 124.460. Además, aquellos jubilados que no requirieron de una moratoria para completar los 30 años de aportes recibirán un plus de $ 9 mil.

Respecto de los planes sociales Raverta precisó que tras los aumentos y sumas anunciadas se cobrarán los siguientes montos en septiembre y octubre.

Familias con 1 hijo: Alimentar $ 22.000 + AUH $ 17.093

Familias con 2 hijos: Alimentar $ 34.500 + AUH $ 34.186

Familias con 3 hijos: Alimentar $ 45.500 + AUH $ 51.279

Desde noviembre el Programa Alimentar aumentará 30% con relación a octubre.