Aumentó la presión impositiva sobre las empresas y prepara un nuevo esquema cambiario. A cambio pretende que el organismo anuncie el entendimiento y gire los fondos. El “blue” subió a $ 529.
El gobierno nacional comenzó a instrumentar una serie de medidas impositivas y cambiarias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige para aprobar la reformulación del acuerdo en curso y girar unos U$S 4.000 millones correspondientes a la quinta revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF).
En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un pago a cuenta del 15% del Impuesto a las Ganancias para empresas con facturación por encima de los $600 millones.
Lo hizo a través de la Resolución 5391/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La medida busca compensar la caída de recaudación por la sequía y el consecuente incremento del déficit fiscal.
El Ministerio de Economía informó que en junio el déficit primario fue de $ 611.743 millones, mientras que el déficit financiero fue de $ 708.603 millones. De esta forma el desequilibrio primario en el primer semestre ascendió a $1.880.694 millones, contra un tope de $ 1,1 billones, con lo cual el desfasaje es de unos $ 700.000 millones.
En el mismo período la emisión superó en casi $ 1 billón el límite previsto, justamente para financiar ese bache.
El FMI reclama que ese gap se reduzca y con un panorama poco alentador para los próximos meses el gobierno decidió elevar la presión impositiva este sobre un grupo de empresas.
Esta decisión implica un desfinanciamiento para el próximo gobierno que deberá hacerse cargo de compensar esa diferencia.
A sabiendas del problema que genera a futuro, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, la calificó como un “parche corto” que resulta el “enésimo ajuste el sector privado para no bajar el gasto público”.
Con esta medida sobre la mesa, el gobierno pretende que el FMI haga su parte. Al respecto, el presidente, Alberto Fernández, confirmó que mantuvo un diálogo con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Se especula con que ambas partes se habrían comprometido a cumplir con las condiciones pactadas.
Con este telón de fondo, desde el Ministerio de Economía se dejó trascender que en las próximas horas se anunciará un nuevo dólar agro y un impuesto sobre las importaciones, decisiones que representan una devaluación indirecta.
Sin embargo, durante toda la jornada hubo versiones cruzadas sobre cuándo, cómo, y qué área –AFIP, Banco Central, o Agricultura- realizaría este anuncio.
La aproximación más concreta la dio el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien durante una participación en el marco de la Exposición Rural de Palermo, admitió se tomarán nuevas medidas en el sentido ya conocido y dejó entrever que se oficializarán durante el fin de semana.
Al mismo tiempo, aclaró que al ser normas cambiarias la comunicación estará a cargo del Banco Central. Desde la autoridad monetaria optaron por no convalidar los dichos de Bahillo, aunque tampoco los negaron.
En forma paralela, el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, señaló que el acuerdo “se firmaría los primeros días de la próxima semana”, confirmando la presunción de una nueva postergación, aunque en este caso bajo un escenario diferente porque el gobierno argentino comenzó a tomar las medidas reclamadas.
Las modificaciones cambiarias apuntan a un nuevo dólar agro para economías regionales, maíz, cebada, sorgo y centeno a un valor de entre $340/350, que reemplaza el esquema vigente que ofrece un tipo de cambio de $ 300 por dólar. La soja quedaría fuera del esquema.
A su vez, se aplicaría un impuesto a las importaciones de servicios y determinados bienes. Esta norma es la que estaría trabando el cierre del esquema ya que el gobierno pretende el menor impacto posible para evitar un traslado a precios y la aceleración de la inflación. Además, existen implicancias sobre los mercados de futuros que obliga a estudio pormenorizado.
El FMI pone la lupa en los sectores que quedarían al margen dado que no está dispuesto a ceder dólares para sostener un tipo de cambio artificial.
Las evidentes maniobras de trascendidos y anuncios permiten inferir que el gobierno quiere que al mismo tiempo que se lanzan las modificaciones cambiaras el FMI comunique el acuerdo y la cantidad de dinero que desembolsará para atenuar los efectos políticos. En este timming estratégico también entra el viaje de Massa a Washington para la firma del acuerdo.
En tanto, la Sociedad Rural volvió a rechazar la implementación de un dólar diferencial para el agro: “Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros. Las medidas tienen que generales y beneficiar a todo el sector”, indicó el dirigente.
Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo que “esto encarecería el alimento del sector ganadero, tambero y porcino”.
“Un dólar especial ha creado y creará distorsiones en toda la cadena de valor”, advirtieron desde la Asociación Argentina de la Soja (Acsoja),
Con el clima enrarecido, el dólar blue aumentó otros $ 4 y cerró a $ 529, sumando $ 27 en la semana.
En tanto, el MEP avanzó a $ 499, mientras que el Contado con Liquidación cedió a $ 527,30.
La devaluación oficial fue de 0,22% a $ 282,77, sin modificar el ritmo habitual que es uno de los principales reclamos del FMI.
El Banco Central continuó cediendo reservas. En la jornada fueron U$S 87 millones y 792 millones de yuanes, que completaría una venta neta de U$S 190 millones.
