El gobierno de Italia ha anunciado una medida polémica que comenzará a regir a partir del 1 de enero: las personas desempleadas que rechacen ofertas de trabajo dejarán de recibir los planes sociales. Esta decisión ha generado reacciones divididas en el país.
El gobierno de Italia ha anunciado una medida polémica que comenzará a regir a partir del 1 de enero: las personas desempleadas que rechacen ofertas de trabajo dejarán de recibir los planes sociales. Esta decisión ha generado reacciones divididas en el país.
Durante el último fin de semana, casi 170.000 personas recibieron notificaciones a través de mensajes de texto en sus celulares, informándoles que ya no recibirán el “Reddito di cittadinanza” (Ingreso de ciudadanía) a partir de esa fecha.
Este ingreso universal había entrado en vigencia en 2019, durante la legislatura anterior, y estaba destinado a aquellos que cumplían ciertos requisitos, como tener ingresos familiares menores a 9360 euros mensuales, ser ciudadano italiano o tener permiso de residencia, poseer un patrimonio inmobiliario inferior a 30.000 euros o mobiliario de menos de 6000 euros, entre otros.
Desde que asumió el nuevo gobierno encabezado por Giorgia Meloni, líder de Fratelli D’Italia, se ha llevado a cabo un recorte en estos subsidios bajo la creencia de que incentivaban la falta de búsqueda de empleo.
A partir del próximo año, los desempleados podrán inscribirse en un registro del gobierno para recibir ofertas laborales. Aquellos que rechacen más de una oferta perderán el beneficio, a menos que puedan justificar el motivo. Aquellos que puedan hacerlo, seguirán recibiendo un ingreso de 350 euros por un máximo de 12 meses, y estarán obligados a participar en proyectos de formación y recibir asesoramiento profesional para encontrar trabajo.
La decisión del gobierno italiano ha generado protestas y críticas por parte de la oposición. Elly Schlein, líder del Partito Democratico (PD), el principal partido de oposición a la coalición de derecha que gobierna el país desde fines del año pasado, calificó la medida como “brutal”.
Las protestas se han multiplicado en varias ciudades del país, destacando la marcha de miles de personas en Nápoles, y un incidente en Terrasini, en la isla de Sicilia, donde un hombre de 60 años ingresó a la alcaldía amenazando con incendiarla.
