Directivos de la federación acudieron a la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados para intentar acelerar la resolución de la Justicia.
A fines de abril, una empresa que fue socia de la Federación de Cooperativa Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) presentó un pedido de quiebra para la entidad y otro por parte de Evisa (Exportadora Vitivinícola SA), la firma que integraron ambas para una operación comercial.
Cuatro meses han transcurrido y la Justicia no se ha expedido por ninguno de las dos solicitudes, lo que ha traído complicaciones financieras para la asociación y la demora los motivó a acudir a la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados.
Además de presentar la documentación que respalda el planteo de Fecovita de que no existe la deuda de US$ 30 millones que reclama Iberte, sino que, por el contrario, esta firma es la deudora, los directivos de la federación, acompañados por más de 40 productores de diversas cooperativas de toda la provincia, plantearon que lo que necesitan es celeridad por parte de la Justicia.
La existencia del pedido de quiebra, detalló Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva de Fecovita, hizo que no pudieran pagar el capital de los créditos que tienen con diversas entidades bancarias, sino sólo los intereses. Esto, a partir de un acuerdo por 90 días, que los bancos les otorgaron hasta que pudieran solucionar la situación procesal.
Ese plazo se vence en 25 días y, de no haber una respuesta de la Justicia, podrían entrar en una situación de cesación de pagos, como aduce Iberte, pero en este caso por la no resolución del conflicto. Federici sumó que lo más grave es que también tenían créditos con tasas subsidiadas acordadas, las que no han podido acceder. Sólo por eso, el perjuicio económico asciende a $400 millones.
Al iniciar la charla con los diputados de la Comisión, el presidente de Fecovita, Rubén Panella, expresó que consideran que los pedidos de quiebra tienen como finalidad desestabilizar a una entidad que agrupa a 5 mil productores, de 29 cooperativas, y que representa el 30% del mercado interno. Es que Iberte no sólo ha acudido a la Justicia con acciones hacia la federación, sino también de modo particular hacia los directivos y ha enviado notas a las cooperativas con la advertencia de que podrían ser solidariamente responsables.
Desde la entidad reiteran que el accionar de la empresa demandante tiene como finalidad la extorsión para forzar un acuerdo favorable y el desembolso de US$ 30 millones, al tiempo que Fecovita entiende que, en realidad, los que están en deuda son los directivos –algunos de ellos argentinos- de la empresa española. Por eso, la federación presentó una denuncia penal por extorsión.
Más allá de que aseguran que la situación financiera actual de la entidad es buena y que, por lo tanto, no cumplen con los requisitos para poder solicitar una quiebra, reclaman que la Justicia se expida, de una u otra manera, lo antes posible, para poder seguir operando sin las trabas financieras que tienen hoy. Desde la Comisión de Derechos y Garantías, que preside el diputado José Luis Ramón, se comprometieron a elaborar un despacho, para que sea tratado en el recinto la semana próxima, con un pedido de informes.
Acompañamiento cooperativo
Martín Garbullo, de la Cooperativa Vista Flores (Valle de Uco), comentó que acudieron para apoyar y manifestar su desacuerdo con que exista una solicitud de quiebra de una empresa que está muy fuerte en el mercado y que lleva años protagonizando la presencia de los vinos mendocinos en las mesas argentinas; ya que los vinos de bajo costo son los que más se consumen.
Pese a esto, aseguró que los productores no están preocupados, porque entienden que está todo en regla y Fecovita no debería llegar a la quiebra. “Es un artilugio empresarial que usan en el mundo para debilitar empresas, generar este tipo de inconvenientes”, lanzó. Pero reconoció que sí pueden llegar a tener cierto temor los distribuidores, de que se les caigan las ventas, por el “run run”. Y sumó que la situación “beneficia a la competencia, que se quiere quedar con parte de nuestro mercado interno, en el que lideramos”.
Garbullo planteó que le piden celeridad a los jueces que están interviniendo en ambos pedidos de quiebra –uno ha avanzado, pero el otro no ha tenido movimiento desde fines de abril-, porque “la justicia tardía, no es justicia”. Acotó que no se puede mantener una situación indefinida de sospecha de quiebra, porque eso los debilita en el mercado.
Adriana Pepa, de la Cooperativa Agrícola Beltrán, otra de las productoras que acudió al anexo de Diputados, señaló que consideran que las acciones son totalmente desproporcionadas y que la cuestión podría haberse resuelto en el ámbito de la Justicia comercial, en lugar de pedir la quiebra de una empresa como Fecovita, que tiene un impacto social, cultural y económico muy significativo en la provincia y en la economía del país. Resaltó que, en la asamblea del 7 de julio, los socios aprobaron el balance por unanimidad.
Asimismo, planteó la preocupación porque “los plazos corren” y creen que ya se ha cumplido el tiempo razonable para que la Justicia se expida. “Queremos que se resuelva, cualquiera sea la decisión, para que la empresa pueda optar por un camino u otro. Pero no permanecer más en esta incertidumbre y en esta falta de definición, que nos perjudica en lo comercial y en lo financiero”, manifestó.
“Modus operandi”
Fecovita no es la única que ha sido denunciada por Iberte. Mauricio Fernández, de la fraccionadora San Juan, contó que ellos fueron la primera empresa en tener dificultades con la firma española. Y señaló que el “modus operandi” fue el mismo que con la federación: el de pedir la quiebra como un método extorsivo. En el caso de ellos, ganaron esa primera presentación ante la Justicia, pero luego Iberte realizó otra acción, que le valió un nuevo embargo preventivo a la bodega sanjuanina, que aún no logran resolver.
Si bien tenían la documentación en regla, lo que les permitió tener un fallo favorable en la primera ocasión, señaló que estuvieron más de cinco meses con la operatoria financiera trabada. Y que este fue el modo de ejercer presión para intentar llegar a una negociación favorable. Fernández añadió que la última presentación ante la Justicia, que volvió a complicarles el funcionamiento, fue hecha un día antes de la feria judicial.
El caso de Marcelo Bocardo, de Jugos Australes, incluyó no sólo una denuncia en la Justicia civil, sino en la penal, contra su persona, por estafa. Iberte, detalló, se presentó como una empresa inversora y le ofreció que, a cambio de ser garante de un préstamo que tomó una importadora de Estados Unidos, iba a poder acceder a financiamiento más conveniente para la exportación de mosto.
Sin embargo, la firma estadounidense no convalidó los intereses aplicados e inició una demanda por usura en el país del norte, mientras Iberte realizó planteamientos en la Justicia argentina, que a la empresa le ha significado quedarse sin líneas de crédito y con riesgo de no poder sostener la operación, con lo que 60 familias podrían perder su trabajo. “Tres años lleva el caso de estafa, cuando la investigación suele demorar seis meses”, indicó.
