En las Jornadas de ATVC y CAPPSA, los directivos pidieron terminar con el control de precios y las asimetrías regulatorias. Impulsan el Manifiesto de la Industria TIC, con propuestas consensuadas para avanzar en la inclusión digital de la sociedad.
Los directivos de las principales empresas y entidades del sector, junto con especialistas, reclamaron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula a las telecomunicaciones desde agosto de 2020, en el inicio de las 33° Jornadas Internacionales que organizan ATVC y CAPPSA, en el Hotel Hilton de Buenos Aires.
El DNU 690, dictado por el presidente Alberto Fernández, declaró servicio público y congeló los precios de Internet, telefonía y televisión paga (por cable y satelital).con mayores excesos regulatorios; mientras que las plataformas digitales extranjeras de distribución de video no tienen controles regulatorios y están exceptuadas de pagar numerosos impuestos en la Argentina.
“No hay ninguna posibilidad de hacer crecer el servicio TIC en la Argentina si no se deroga el Decreto 690″, dijo Antonio Roncoroni, este martes por la tarde, en representación de la Mesa TIC, que nuclea a la mayor parte de las empresas y entidades del sector de las telecomunicaciones.
El reclamo es para que los operadores puedan fijar sus propios precios de los servicios que brindan a los usuarios, en un sector donde hay prestadores en competencia.
Es que el cambio de condiciones regulatorias que introdujo ese DNU, en 2020, “marcó un quiebre con una caída de la inversión cercana al 50%, plantea el Manifiesto de la Industria TIC, impulsado por las principales empresas y cámaras del sector, quienes reclaman “retomar el status regulatorio previo al dictado del DNU 690/20, restableciendo la libertad de precios y la promoción de una competencia efectiva”.
Por eso, al finalizar la charla en el panel sobre “La agenda TIC imprescindible”, que moderó la periodista Andrea Catalano, subieron al escenario los principales directivos, como una muestra del respaldo al Manifiesto de la Industria TIC. Allí estaban Carlos Bartol (CICOMRA), Hernán Verdaguer (Telecom), Alejandro Lastra (Telefónica), Marcos Anzorreguy (Directv), Franco Cecchini (Catip), Marcelo Tulissi (Cacpy), Lucio Gamaleri (Red Intercable), Antonio Roncoroni (Fecosur) y Alejandro Kriger (Cappi).
Una nueva agenda regulatoria
El economista Marcos Orteu planteó la necesidad de modificar la regulación, para mejorar la conectividad y promover las inversiones en el sector de las comunicaciones. Y destacó que el precio de los servicios de comunicaciones “cayó un 40% en términos reales entre 2019 y 2023, lo cual restringe la capacidad de inversión”.
“Se precisa una nueva agenda regulatoria sectorial, que derogue el DNU 690, que regula precios de forma innecesaria y de imposible aplicación e implementación. El DNU es una clara manifestación de inseguridad jurídica, que se suma a la volatilidad macro de la economía argentina”, sostuvo el especialista Orteu.
En el mismo sentido se expresó pocas horas antes Maryleana Méndez, presidenta de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), en el panel sobre “sustentabilidad financiera”.
“Debemos iniciar un proceso de mejora regulatoria que genere un marco facilitador de la inversión”, aseguró la representante de la entidad regional. Y Méndez puso como ejemplos los casos de Brasil y Colombia, que hicieron “un esfuerzo muy importante” para aplicar el Fondo de Servicio Universal y para implementar la quinta generación (5G) de telefonía móvil.
Está previsto que este miércoles se realice la inauguración oficial de estas 33° Jornadas Internacionales, con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini; y el CEO de Telecom Argentina, Roberto Nobile, entre otros. También estarán los especialistas Silvana Giudici y Andrés Ibarra, que trabajan con la candidata presidencial Patricia Bullrich; y Rodolfo Bianchi, por La Libertad Avanza, de Javier Milei.
Uno de los principales temas que se abordará el último día de las Jornadas será la subasta de frecuencias 5G, donde la semana pasada se presentaron Movistar, Claro y Telecom Personal (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas del Grupo Clarín). Allí el ENaCom subastará antes de fin de año 300 Megahertz, en tres bloques de 100 MHz, cada uno con un precio base de US$ 350 millones.
“El 5G promete crecimiento y reducción de brechas, pero antes hay que desplegar redes y descubrir un modelo de negocio viable. Es un proceso desafiante que lejos está de agotarse en la subasta de espectro, que llevará mucho tiempo, inversión y esfuerzo”, dijo el especialista Orteu, en el primer día de las Jornadas. Y agregó: “La subasta de 5G es desorganizada y sin objetivos claros, lo cual presenta un escollo, con distorsiones como el espectro para ARSAT”.