El autor asegura que a la luz de lo sucedido este año, el acuerdo interprovincial resulta anacrónico. Quejas por el trato de la provincia.
Suele decirse que hay una primera vez para todo. En el caso de la ya obsoleta política de diversificación vitivinícola entre Mendoza y San Juan, sustituida de hecho por la creación del Banco de vinos, aunque necesaria para sostener al fondo vitivinícola, pueden listarse varias “primera vez”; la cosecha de uvas 2022 se suma al inventario; es que a 27 años de su sanción y sin antecedentes sobre el particular, la pauta de diversificación no se confirmó habiendo vencido el plazo habitual del 31 de mayo para presentar la declaración jurada de elaboración, es decir, habiendo finalizado la cosecha y en coincidencia con la ¡liberación de los vinos nuevos! Así es, parece que la pauta de diversificación será de un 20% (confirmación no confirmada) ya que parece que los gobernadores no acordaron un porcentaje distinto al que establece por “defecto” la legislación vigente y parece que olvidaron de comunicar el desacuerdo. Que la ley especifique que cada año las provincias signatarias destinen un 20% como mínimo a la diversificación modificable por acuerdo de los gobiernos no justifica ignorar la necesidad de establecer las reglas del juego en tiempo y forma. Es aquí donde atañen las características de la cosecha y elaboración de uvas, esto es, su planificación conforme al clima y a la mano de obra disponible, la previsión de insumos, la cuantía y destino de las variedades, el cumplimiento de acuerdos comerciales o el simple cálculo económico que demanda cualquier negocio. Ignorar estas cuestiones es por lo menos una desconsideración; se sabe que es imprescindible determinar una fecha para anunciar la pauta, que, dicho sea de paso, no puede ir más allá del 10 de marzo, más aún si no hay acuerdo sobre la misma.
En efecto, ya para entonces se suman otras variables como es el vaivén de precios de las variedades, las posibilidades reales de cumplimiento según las alternativas previstas para el destino de las uvas, la expectativa de cosecha, la disponibilidad de stocks, las consecuencias económicas, administrativas e impositivas de no cumplir con la pauta, entre otros asuntos no menos relevantes lo que muestra y demuestra el alcance de la misma, tal como se le reconoce hipócritamente al definirla como “señal económica”.
Si bien la legislación actual prevé otras alternativas de diversificación a la de elaboración de mostos, las cuales requieren de determinados contextos para su viabilidad, resulta paradójico que quienes se opusieron virulentamente a su inclusión legal en oportunidad de consensuar una diversificación mixta, elijan esta particular cosecha para sugerir a quienes no cumplirían la pauta mediante la elaboración de mosto (no se consigue uvas en los supermercados), recurrir a la inmovilización vinos con destino a exportación cuando simultáneamente algunas empresas amenazan con importar vinos.
Quizás si recurriéramos a los principios de la lógica, la psicología o la ética probablemente encontremos el motivo que lleva a una empresa o grupo de entidades empresariales estar especulando con la importación de vinos simultáneamente solicitar un porcentaje igual o muy por encima del 20% con destino a mosto o estar aconsejando institucionalmente a quienes no lleguen a cumplir la pauta que recurran a la inmovilización de volúmenes; paradojas del destino o víctimas de una descarada perversidad los productores/elaboradores serían promotores involuntarios de la importación de vinos.
Debemos recordar que el 16 de febrero del corriente enviamos nuestra opinión a ambos gobiernos referida a la pauta de diversificación …solicitando la derogación de la legislación vigente y de no considerar nuestra propuesta e insistir por razones políticas en mantener el acuerdo, ya sea fijando un porcentaje o no haciéndolo, lo que daría lugar a que por defecto sea obligatorio un mínimo del 20% de diversificación (inaceptable), le solicitamos entonces que se determinara una pauta que no superara el 10 % del total de uvas. Postura que reiteramos unas semanas después junto a otras entidades de ambas provincias. Aquí en Mendoza, las autoridades no tuvieron el decoro de responder a nuestra propuesta ni con un elemental “recibido”. Sabemos que otras entidades sí fueron consultadas por el gobierno a fin de afinar el porcentaje (dejando la impresión nuevamente de estar pidiendo permiso) a fin de proponerle a San Juan una pauta menor al 20%. Nunca sabremos si la propuesta se envió o no, así como tampoco si se respondió o no ya que las versiones difieren.
Esta inédita situación ha dejado al descubierto definitivamente lo anacrónico que resulta el convenio interprovincial, el cual ningún gobierno ha tenido el coraje de derogar quizás sólo por temor a enfrentar a quienes lo defienden. De no ser así sólo queda suponer que la irresponsabilidad en no comunicar el acuerdo o desacuerdo de la pauta diversificadora sólo se trata de inoperancia o bien de un calculado ardid político para dejar caer por su propio peso a un acuerdo interprovincial que sobrevive, en apariencia y curiosamente, en base al desacuerdo.
