La crisis económica derivada de la guerra sumada a la profunda discriminación hacia los inmigrantes eclosionaron en un estallido social que continúa en expansión.
Aunque la cifra de arrestos de la noche del lunes al martes en Francia comunicadas por el Gobierno son inferiores a los 157 de la precedente y a los 400 en la del sábado al domingo, el presidente Emmanuel Macron citó a alcaldes de la región para evaluar cómo continuar, ya que las protestas no han mermado en 7 días consecutivos.
Se contabilizaron 159 coches incendiados, 24 edificios públicos dañados por ataques de alborotadores, así como cuatro comisarías o cuarteles de las fuerzas del orden, que siguieron al mismo nivel de movilización, con 45.000 policías y gendarmes desplegados en la séptima jornada de disturbios en la ciudad de París y alrededores.
Según la patronal Medef, los destrozos han tenido un costo estimado en más de 1.000 millones de euros, con más de 200 comercios totalmente saqueados y 300 agencias bancarias destruidas. La patronal no ha incluido en esta evaluación el impacto que puede tener para la imagen de Francia y para el turismo este estallido social, desencadenado por la muerte, el día 27 de junio, de un joven de 17 años, Nahel M., por los disparos a quemarropa de un policía cuando trataba de saltarse un control al volante de un coche para el que no tenía carnet de conducir.
Esta situación no es aislada, ya que el año 2022 registró 13 muertes de idénticas características, y todos los fallecidos son de familias musulmanas y ciudadanos franceses de tercera o cuarta generación, aunque las comunidades migrantes, que son en su mayoría devotas del islam, aseguran que las políticas sociales y económicas del país no les permiten integrarse ni salir de la situación de precariedad en la que construyen sus vidas y las de su descendencia.
La crisis derivada de los enormes gastos en la guerra de Ucrania y las sanciones energéticas a Rusia ha deteriorado gravemente las condiciones de vida de toda la población, con especial impacto en los sectores más vulnerables, donde se ubican las comunidades migrantes.
Macron, que anoche visitó varios cuarteles de bomberos de París, que están en primera línea de las algaradas para apagar fuegos generados por los alborotadores, aludió a la posibilidad de sancionar económicamente a las familias de menores responsables de violencia, en lo que se entiende como una referencia a las ayudas sociales. Según el diario Le Parisien, el jefe del Estado dijo que “con la primera infracción, habría que llegar a sancionar fácilmente a las familias” con “una especie de tarifa mínima desde la primera tontería”.
