El fiscal Pollicita investiga una denuncia de 15 carillas presentada por una persona que intentó cinco veces denunciar al presidente caribeño en Venezuela.
Los excesos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no han podido ser sancionados en su país, debido a que controla la justicia y demás organismos.
Así es como hay presos políticos, se detiene a manifestantes opositores, entre otros excesos cometidos desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chavez.
Así es como la justicia argentina se encamina a abrir una causa contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad en base al tratado de Roma que considera que ese tipo de crímenes tiene jurisdicción internacional, pero no será un trámite automático.
El abogado Tomas Farini Duggan presentó el viernes una denuncia contra Maduro y pidió su declaración indagatoria en base al informe de la ex comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta de Chile, Michele Bachelet, entre otras pruebas.
La denuncia cayó por sorteo en el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Como Casanello está de vacaciones hasta el 1° de febrero es reemplazado por Sebastián Ramos.
El viernes mismo, Pollicita empezó a trabajar sobre la denuncia de 13 páginas, pidió los archivos del caso y verificó que uno de los querellantes ya tiene como cinco causas iniciadas en Venezuela, informaron a Clarín fuentes judiciales.
También dispuso certificar si hay alguna otra causa contra Maduro en la justicia argentina y espera que el lunes o martes tenga la respuesta. Recién entonces, el fiscal estaría en condiciones técnicas de poder redactar un requerimiento de instrucción para que se abra la causa. Sucede que al tratado de Roma estipula que la justicia de un país puede investigar delitos de lesa humanidad en otro si éstos no están siendo ya investigados en forma seria en otra jurisdicción.
Pese a la velocidad que Pollicita le puso a estas medidas previas es muy difícil que se ponga en marcha la causa y se llame a indagatoria a Maduro antes del martes cuando comience en Buenos Aires la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocada por el presidente Alberto Fernández. A esta cumbre asistirán 14 jefes de Estado y Christopher Dodd, como enviado del presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Pero Maduro no puede ser detenido por sus fueros diplomáticos.
Pero una vez que Pollicita haga el requerimiento de instrucción, sino lo hace Ramos en la primera semana de febrero Casanello “habilitaría la jurisdicción argentina para aquellos hechos de violaciones a los derechos humanos que no están siendo investigados en forma responsable en otra jurisdicción”, explicaron conocedores de los tribunales de Comodoro PY. Eso es en cuanto a la parte de la denuncia contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ya sentó jurisprudencia que seguramente tomará Casanello.
Según ésas fuentes, Lijo “ya tiene una jurisprudencia en la causa que abrió contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también por delitos de lesa humanidad”. Esta causa avanza y para tomar medidas, como llamados a indagatoria, el juez espera respuestas de la ONU y de la Justicia de Nicaragua antes de avanzar sobre Ortega.
Además, Lijo ante un pedido de la organización humanitaria norteamericana Human Rights Watch no detuvo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por el crimen del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía, cuando visitó Buenos Aires por la cumbre del G20 pero sí habilitó la competencia argentina para investigarlo.
Farini Duggan presentó la denuncia en nombre del ex diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff ,de la organización llamada El Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y de dos venezolanos que fueron perseguidos y torturados.
FADER está integrado por Wolff, Elisa Trotta (la embajadora de la oposición venezolana en Argentina), Karina Banfi, Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Graciela Fernández Meijide, Ricardo López Murphy, Jorge Faurie, Maximiliano Ferraro, Jorge Ferronato, Alfredo Cornejo, Diego Guelar, Álvaro De Lamadrid, Paula Bertol, Brian Schapira,, Héctor Schamis, Sabrina Ajmechet, y Marcelo Birmajer, entre otros.
Como está vía no es automática, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, enviará una alerta a la DEA el lunes para que se active un eventual pedido de la justicia de Estados Unidos. Busca, a través de esta vía, que la justicia de la Argentina detenga a Maduro por un caso de narcotráfico abierta en Nueva York conocido como la causa “de los soles”.
Bullrich adelantó a Clarín que enviará la alerta a la DEA y recordará que existe un tratado de cooperación penal entre la Argentina y Estados Unidos. Es el mismo mecanismo que se usó el año pasado para que el juez federal Federico Villena aceptara un pedido de embargo de la Justicia norteamericana del Boeing 747 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) y que había sido vendido por Irán, a pesar de estar en una lista de colaboradores con el terrorismo internacional del departamento de Justicia de EE.UU.
