Luego de más de dos meses de intensas manifestaciones, la coalición de Benjamin Netanyahu anunció que “suavizará” algunos aspectos polémicos de la reforma.
Los líderes de la coalición de Gobierno de Israel, liderada por Benjamín Netanyahu, anunciaron que han acordado suavizar los aspectos más polémicos de su plan de reforma judicial, después de más de dos meses de protestas ciudadanas en contra de esa legislación que busca mermar la independencia de la Justicia.
Además, ante la controversia suscitada por esa reforma, criticada por amplios sectores de la sociedad, el Gobierno ha decidido retrasar su tramitación parlamentaria para después de receso en la Knéset (Parlamento israelí) de casi un mes por la Pascua judía, excepto la ley sobre el nombramiento de jueces, informó la coalición en un comunicado.
Inicialmente, la coalición pretendía aprobar toda la legislación básica de la reforma para antes del 2 de abril -cuando inicia la pausa parlamentaria hasta el día 30 de ese mes- algo que lograría sin problemas al gozar de una amplia mayoría de 64 diputados, a pesar del amplio rechazo social.
Sin embargo, la coalición sí se ha propuesto dar luz verde definitiva en las próximas dos semanas, antes del fin de la actual sesión parlamentaria, a la ley que modifica el sistema de elección y nombramiento de jueces, uno de los temas centrales de la polémica reforma y en el que el gobierno no parece dispuesto a ceder pese a la presión ciudadana.
“La propuesta supone la corrección de una injusticia histórica: por primera vez, se cancelará el veto automático de los jueces en el comité de selección de jueces para que sea posible el equilibrio y la diversidad en la composición de la Corte Suprema, eliminando a los representantes del Colegio de Abogados”, informó el comunicado de la coalición.
Se mantiene que el comité de selección pase de 9 a 11 miembros, como se había planeado inicialmente, pero se rebaja la influencia del gobierno entre los mismos: en el proyecto de ley inicial ese panel incluiría a tres ministros, dos legisladores de la coalición y dos figuras públicas elegidas por el gobierno; con una mayoría de 7 votos frente a 4.
Con el cambio introducido ayer, el comité pasaría a estar conformado por tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría más ajustada y daría más margen para el acuerdo negociado de los candidatos a juez del Supremo.
Entre los proyectos legislativos de la reforma pendientes figura la ley sobre la “cláusula de anulación”, que permite blindar leyes para que no sean sometidas a la revisión del Supremo en caso de que incluyan aspectos que violen la Ley Básica de Israel, con rango constitucional; o la ley que permite que los cargos de asesores legales de los ministerios sean ocupados por políticos.
