Continuando con el mecanismo de “mano dura” impuesto por el presidente Nayib Bukele, luego de deceneas de miles de condenas, se dejó en libertad a quienes demostraron no estar involucrados en el crimen organizado.
Más de 7.000 personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, implementado en El Salvador como parte de una “guerra contra las pandillas”, han sido liberadas, según dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, desde marzo de 2022 y -de acuerdo con cifras divulgadas por fuentes oficiales- ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.
“A la fecha, son un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000 (capturados). Quiere decir que el sistema de Justicia está funcionando”, aseguró Villatoro durante una entrevista en un canal local.
Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. “Más de un año y medio de régimen de excepción donde queda claro nuestra firme voluntad de erradicar por completo este fenómeno (de las pandillas)”, añadió el funcionario.
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 9 de agosto extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo el régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”. La nueva extensión entró en vigor el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre. Por su parte, organizaciones humanitarias del país han dado cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El régimen de excepción se ha convertido en la principal medida de seguridad del Gobierno de Bukele para combatir a las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos. Estas bandas han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
