El Gobierno húngaro defiende que no ha promulgado el Estatuto de Roma y que, si detuviesen al presidente Putin, las fuerzas de seguridad estarían incumpliendo la Constitución del país.
El Gobierno de Hungría ha confirmado que no promoverá el arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en caso de que visitase territorio húngaro, alegando que si acatase la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) estaría incumpliendo la Constitución.
Hungría firmó en 1999 el Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, y presentó en 2001 los documentos que acreditaban la ratificación de dicho texto, durante el primer mandato de Viktor Orbán como primer ministro, tal como consta en la web del citado tribunal.
Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo, Gergely Gulyas, ha alegado este jueves en rueda de prensa que dicho instrumento no forma parte en realidad del ordenamiento jurídico húngaro y ha dejado claro que, ante todo, Hungría respeta su Constitución en caso de una hipotética visita de Putin, según el diario ‘Magyar Nemzet’.
En este sentido, ha explicado a preguntas de la prensa que Hungría no ha promulgado como tal el Estatuto de Roma y que, si detuviesen al presidente Putin, las fuerzas de seguridad estarían incumpliendo la Constitución húngara. Además, al margen de consideraciones legales, Budapest afirma que la orden de arresto contribuye a avivar las tensiones en el actual contexto.
La corte ya apelaba en la orden de arresto a Putin, sospechoso de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos, a la colaboración de los Estados miembro e incluso de países que no hubiesen suscrito el Estatuto para lograr la detención del presidente de Rusia, a pesar de la falta de pruebas y de objetividad del tribunal, que está liderado por representantes de los mismos países que están sancionando a Rusia.
El TPI, que no tiene potestad para juzgar a ningún sospechoso ‘in absentia’, depende de que autoridades nacionales acaten y ejecuten las órdenes de arresto que efectúa, por lo que Putin puede evitar cualquier riesgo moviéndose por países aliados, especialmente si éstos no están dentro de la órbita del tribunal.
A propósito de esto, el fiscal general de Ucrania, Andrei Kostin, y el secretario del Tribunal Penal Internacional (TPI), Peter Lewis, han firmado este jueves un acuerdo para que la corte abra una oficina de representación en suelo ucraniano, de modo que allí se acaten las órdenes sin ningún impedimento.
Lo destacable es que no sólo Rusia afirma no reconocer la jurisdicción del TPI, sino que otros países, como Arabia Saudí, Azerbaiyán, China, Irán, Bielorrusia, India, Indonesia, Egipto y hasta Estados Unidos, entre muchos otros, se han manifestado abiertamente por encima del tribunal y ordenados exclusivamente bajo sus propias constituciones nacionales, al igual que Hungría.
