En un hecho inédito, el país se abre así a investigar los crímenes del régimen de Franco. Hasta ahora, la única causa abierta en el mundo para juzgarlos era una querella argentina.
Casi 50 años después del fin del franquismo, España se abre a investigar, por primera vez, las atrocidades cometidas por la dictadura de Francisco Franco, quien gobernó desde 1936 hasta su muerte, en 1975.
Y lo comenzó a hacer este viernes, cuando Julio Pacheco, un español que denunció haber sufrido torturas policiales en 1975, pudo declarar frente a un juez en España.
Porque hasta ahora, la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo era la querella argentina, una causa judicial iniciada en Buenos Aires en 2010 por familiares y víctimas de la represión.
Desde el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 porteño, la jueza María Servini lleva más de una década sumando testimonios y denuncias por delitos cometidos por el franquismo entre 1936 y 1978.
Romper el muro de silencio
Este viernes, en Madrid, Julio Pacheco contó ante Ana María Iguácel, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de la capital, el infierno que vivió a los 19 años, cuando era un estudiante de biología y fue detenido por la Brigada Político-Social, tal como se conocía a la policía política de la dictadura franquista.
Su declaración representa un acontecimiento inédito para la memoria histórica de los españoles: es la primera vez que en el Estado español se admite a trámite una denuncia judicial por torturas padecidas durante la dictadura.
“Es empezar ya a romper el muro de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo”, dijo Pacheco cuando salió de declarar.
Hasta ahora, en España, no había prosperado ninguna de las querellas contra los crímenes del franquismo porque los jueces se amparaban en la ley de amnistía de 1977 que, basada en procurar un tránsito pacífico de la dictadura a la democracia, desestimó investigar delitos y borró cargos y condenas de ambos bandos, tanto republicanos como nacionalistas.
La ley de amnistía del ‘77 fue la primera norma aprobada por un Parlamento elegido democráticamente desde el fin de la Guerra Civil.
Hoy, la coyuntura política española vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una amnistía en versión siglo XXI: es la moneda de cambio que exige el independentismo catalán para favorecer la reelección de Pedro Sánchez, actual presidente en funciones hasta que se forme un nuevo gobierno.
“La primera de cien”
Cuando Julio Pacheco llegó este viernes a los juzgado se Plaza de Castilla de Madrid junto a su pareja, Rosa María García Alcón -quien también declaró en la causa-, lo esperaban con pancartas.
“La primera de cien”, decía uno de los carteles aludiendo a la declaración de Pacheco como el puntapié inicial de una posible catarata de denuncias.
“Rompamos el muro de la impunidad”, decía otra pancarta.
“Las víctimas del franquismo exigimos Justicia”, se leía en otra más allá.
Pacheco recordó que aquella noche de agosto del ‘75, cuando entró a su casa, le pusieron una pistola en la cabeza y se lo llevaron detenido.
Militaba por entonces en el Partido Comunista de España (PCE) y era miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) pero, según su declaración, no tuvo nada que ver con un atentado a un teniente que había ocurridos días antes.
“Querían que me autoinculpara y que dijera que había estado en el comando. Me acusaron de terrorismo y luego en noviembre me pasaron al Tribunal de Orden Público”, contó Pacheco ante la jueza. Y le subrayó que fue torturado durante un interrogatorio que duró una semana.
En su declaración apuntó a cuatro policías, uno de los cuales es el ex comisario José Manuel Villarejo, condenado por urdir una trama de corrupción política, asociación ilícita y blanqueo.
Una Fiscalía de Memoria Democrática
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) celebra la declaración de Pacheco: “Es la primera vez que, en el marco de un proceso penal, se toma declaración a un querellante que ha denunciado un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad”.
La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que el gobierno de coalición PSOE-Podemos inauguró hace unos meses tal como figura en la ley de memoria democrática que se aprobó en octubre del año pasado, se apersonó para investigar.
La ley de memoria democrática habilita la búsqueda de las víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes, declara ilegal la dictadura de Franco y sus tribunales y estudia las posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.
