Luego de que el presidente, Nayib Bukele, confirmara su campaña por la reelección, el Congreso votó una nueva extensión del esquema mediante el cual se han detenido a más de 70.000 personas en un año, luego de una oleada de asesinatos en el país centroamericano.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la decimosexta ampliación por 30 días de un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo.
“Dada la reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales, resulta imperante continuar la guerra contra las pandillas emprendida por el gobierno”, indica el decreto legislativo aprobado.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por medios gubernamentales, esta medida ha dejado a 71.479 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
