El ex presidente de Estados Unidos fue acusado por un tribunal luego de que hallaran en su domicilio información clasificada.
Un tribunal informó este viernes la acusación federal contra Donald Trump y un asistente por documentos clasificados encontrados en la casa que el ex mandatario tiene en Mar-a-Lago. Así como también los supuestos esfuerzos de los dos para evitar que el gobierno encuentre los materiales.
Según los documentos judiciales divulgados este viernes, Donald Trump puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse con secretos nucleares tras abandonar la Casa Blanca.
El expresidente republicano, que aspira a ganar un segundo mandato el año próximo, enfrenta 37 cargos, entre ellos “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación.
También está acusado de perjurio y de connivencia con su asistente personal Walt Nauta -también procesado- para ocultar documentos solicitados por el FBI.
Trump anunció el jueves haber sido imputado por la justicia federal por su manejo de los archivos de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente, e indicó que fue citado para comparecer ante un tribunal de Miami el martes.
“Soy inocente”, clamó y se dijo víctima de una maniobra de sus adversarios demócratas. La naturaleza del procedimiento fue descrita por su abogado, pero el expediente judicial se mantiene sellado y el Departamento de Justicia no ha dicho nada al respecto hasta ahora.
El presidente demócrata Joe Biden, que también está en la carrera para las elecciones de 2024, se cuidó de decir que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland. “No hablé con él ni hablaré. Y no tengo más comentarios sobre eso”, dijo a un periodista que le preguntó sobre el tema.
La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato. Además prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados y no seguros.
“Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”, dijo el fiscal especial Jack Smith, tras revelarse oficialmente la acusación de que Trump se apropió documentos altamente secretos.
Al dejar la Casa en enero de 2021, Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia.
Un año después, y tras varias órdenes judiciales, accedió a devolver 15 cajas que contenían casi 200 documentos.
Pero el FBI consideró que no entregó todo y que seguía guardando documentos en su club de Palm Beach. Los agentes del FBI efectuaron allí un registro el 8 de agosto y se incautaron de otra treintena de cajas con 11.000 documentos.
Según la acusación, se encontraron documentos clasificados “en un salón de baile”, pero también “en un cuarto de baño, en la ducha”, en “un despacho” y en “un dormitorio”.
El material encontrado incluía “información sobre lacapacidad de defensa de Estados Unidos y otros países”, “sobre los programas nucleares estadounidenses” y “sobre las vulnerabilidades potenciales en caso de ataque a Estados Unidos y sus aliados”.
Su potencial “divulgación hubiera puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sus relaciones internacionales”, dijo Smith, nombrado en noviembre para supervisar la investigación de forma independiente. Al mismo tiempo, otro fiscal especial investiga el caso de los documentos clasificados hallados a principios de año en el antiguo despacho y domicilio de Biden.
Estos hallazgos, junto a otros del ex vicepresidente Mike Pence, permitieron a Trump restar importancia a la gravedad de su acusación.
A diferencia de Trump, Biden cooperó con la justicia al entregar voluntariamente todos los documentos que eran mucho menos numerosos que los de su antecesor.
Por ahora los republicanos cierran filas en torno a Trump, incluso sus rivales por la nominación presidencial del partido a los que aventaja ampliamente.
Es poco probable que los problemas de expresidente terminen en este caso. Una fiscal de Georgia tiene previsto divulgar en septiembre el resultado de su investigación sobre las presiones de Trumppara cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado.
La misma solidaridad de los republicanos se observó en abril, cuando la justicia del estado de Nueva York acusó a Trump de fraude contable, en relación con un pago realizado en 2016 a una actriz porno para que guardara silencio sobre una supuesta aventura.
Y el fiscal Smith, cuya carrera incluye la persecución de criminales de guerra en Kosovo, sigue investigando el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
