Dos mujeres fueron víctimas de trata, por los que dos explotadores fueron condenados. No irán a la cárcel. Una de las mujeres decidió no participar del juicio y reparación.
Determinación y oportunidad. Dos mujeres que eran sometidas sexualmente en un prostíbulo de Manfredi lograron escapar cuando los explotadores viajaron a buscar nuevos locales donde poder profundizar su dominación. Fue la puerta que se les abrió para poner en palabras y ante la Justicia el horror que terminó, 11 años después, con dos condenados que deberán pagar 12 millones de pesos de resarcimiento.
Durante un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al santafesino Jorge Alberto Ferrero y a la chaqueña Jésica Tamara Ávila (37), respectivamente, como autor y partícipe necesaria de trata de personas con fines de explotación sexual.
Un viaje al engaño
Por medio de cautivadores engaños, ambas mujeres fueron captadas en Chaco y en Buenos Aires en agosto de 2012. Ávila buscaba “seducir” a las nuevas víctimas con el fin de que fueran explotadas en el prostíbulo “La Curva” que Ferrero regenteaba en Manfredi.
Ávila les hizo promesas laborales, generosas remuneraciones, incluso, ofreciéndole el traslado, una casa, comida y hasta una niñera para el hijo (de 10 años, por entonces) de una de las jóvenes. Ésta contó que Ávila le explicó que el “trabajo” consistía en vender “copas a los clientes y ofrecerles servicio sexual (”pases”), sin nunca ser obligada a hacer algo que no quisiera.
Al aceptar la “propuesta”, Ferrero gestionó el traslado de las víctimas en colectivo desde Resistencia hasta Roque Sáenz Peña (Chaco), donde se encargó de llevarlas en su camioneta hasta la whiskería de Manfredi, ubicada a la vista de todos en la ruta nacional 9.
Ferrero y Ávila les indicaron que además debían limpiar el local y acarrear leña. Ferrero les dijo que no podían negarse a los pedidos sexuales de los clientes y que debían entregar toda la recaudación a él o a Ávila. Si precisaban dinero, debían solicitárselo a él y luego presentarle la factura. El dinero de la comida se les descontaría aún si no la consumían. La joven madre del niño hasta debía costearse la niñera de noche mientras ella era explotada.
Las jóvenes tenían prohibido salir del prostíbulo sin pedir autorización, otra característica muy frecuente de los mecanismos de retención contra sus voluntades. Fueron obligadas por Ferrero a mantener relaciones sexuales con diversos clientes y como así también con él, un hombre mayor de escasa educación.
Perversas tácticas de trata
El depravado ,las amenazó si denunciaban lo que sucedía, y les recriminó los gastos de “inversión” que había hecho por ellas, prohibiéndoles que volvieran a Chaco hasta tanto no pagaran esa “deuda” o “inversión”.
La joven madre, en algunas oportunidades sólo hizo “copas” y no “pases”, por lo que Ávila y Ferrero le exigieron que sedujera a los clientes y “que moviera el oj…” para empezar a genera ganancias.
La víctima manifestó que la mayoría del tiempo estaba en la whiskería, pero que Ferrero la llevó al Registro civil para que cambiaran el domicilio en su DNI y el de su hijo con una dirección en Manfredi, lugar que debía figurar como residencia para desviar la atención y, de esta forma, mantener a los dueños “a salvo” si allanan el lugar de explotación.
Durante una clausura del local, relató que no contó todo a la Secretaría de Trata por temor a que le pasara algo malo a su hijo. Por eso, señaló, mintió al decir que tenía libertad para manejarse y que no tenía vinculación con la whiskería.
Sin embargo, el sometimiento se prolongó. Bajo la supervisión de Ferrero y Ávila, la obligaron a seguir prostituyéndose no solo en Manfredi sino también la localidad de Las Heras, en Santa Cruz. La explotaron en el prostíbulo Moulin Rouge durante una semana, bajo el control de Ávila, en medio de violencia constante y sin contacto con el exterior.
Al regresar a Manfredi la obligaron a trabajar en la calle y a mantener relaciones sexuales con Ferrero por miedo a posibles represalias contra su hijo y por las amenazas de no que le dieran el dinero que le estaban reteniendo de los “pases”.
Al submundo de la trata
La otra joven víctima (de 18 años en 2012) contó que aceptó la “propuesta” de Ávila, en Chaco, ya que no tenía trabajo y se había peleado con su madre. Le dijeron que debía prostituirse y que, a cambio, recibiría el 50 por ciento de las ganancias, ya que el 50 restante quedaría en manos de Ferraro y Ávila.
En Manfredi, Ávila le indicó que debía obligadamente mantener relaciones sexuales con Ferrero porque el hombre quería “probarla” en su desempeño. Tras un mes en la whiskería, decidió volver a Chaco (sin que Ferraro se opusiera), pero luego regresó a Manfredi. Como la joven madre, ella también debía encargarse de asear el lugar y lavar los platos bajo los hostigamientos de Ávila.
También mintió cuando declaró ante la Secretaría de Trata, al ser allanado el prostíbulo. Ávila la había amenazado por mensaje recordándole que, con Ferrero, tenían el control del hijo de su compañera. La situación se tornó insostenible en un contexto de vulnerabilidad por los malos tratos de Ferraro, que seguía obligándola a mantener relaciones sexuales con él.
Todo cambió la tarde del 21 de septiembre. Ambas jóvenes tuvieron ante sí una oportunidad clave: aprovecharon que Ferrero y Ávila habían viajado a otra zona para buscar nuevos locales donde explotarlas y decidieron hacer la denuncia telefónica a la Policía.
Al llegar al prostíbulo, un efectivo escuchó que una de las mujeres, que a través de la medianera, describió lo que estaban viviendo sin poder salir voluntariamente del lugar. Con sus bolsos a cuestas, lograron trasponer más que las paredes, más un submundo de horror, horas antes de que las trasladaran, bajo amenaza de Ferrero, a Villa María para ser nuevamente sometidas.
La Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas concluyó que ambas mujeres vivían en el mismo lugar físico donde “trabajaban” y difícilmente podían abandonar las instalaciones. También reveló que tenían una limitada capacidad de movimiento, sin poder egresar sin el consentimiento de los explotadores, no poseían dinero y tampoco cobraban por la explotación.
Como es habitual en la mayoría de los casos de trata, eran forzadas a contraer “deudas” por la comida, viajes y alquiler del lugar en que vivían, siempre bajo amenazas.
Acuerdo y condena
El fiscal general auxiliar Augusto Ritcher y las defensas de los imputados acordaron el juicio abreviado. Los explotadores reconocieron los hechos, su participación y su responsabilidad.
“Ha quedado demostrado que Ferrero contó con la colaboración de Ávila para la tareas de captación de las víctimas, quien, tomando provecho de la situación de vulnerabilidad (...), supo ganarse su confianza (…). Esta confianza generó ilusiones y expectativas en ellas mediante falsas promesas, logrando de esta forma captar la voluntad (…), quienes habiendo prestado un consentimiento viciado por estar motivado en promesas espurias, fueron trasladadas luego por Ferrero hasta el lugar donde fueron acogidas y explotadas sexualmente”, determinó el juez Jaime Díaz Gavier.
La defensora de una de las víctimas solicitó que los imputados la resarcieran con $ 12,1 millones, $ 10 millones para la joven madre y $ 4,2 millones para su hijo menor por entonces, entre otros pedidos. Los abogados de los acusados se negaron para ceñirse a los términos del acuerdo con el fiscal.
En tanto, que la joven madre manifestó expresamente su voluntad de no participar de la causa: “Para mí es historia pasada, dejé eso atrás. Hoy tengo familia y trabajo. Ya dije todo lo que tenía para decir, mi familia no sabe nada de eso”.
Finalmente, el juez condenó a los imputados a tres años de ejecución condicional (no irán a la cárcel) y a pagarle de forma solidaria $ 12,1 millones solo a la víctima más joven (para llegar a cubrir ese monto, se subastarán los seis vehículos de Ferraro).
