Si en 2015 primaba la esperanza del cambio y en 2019 la decepción por el cambio que no se dio, hoy la sensación es ambigua: no hay entusiasmo contagioso ni, menos aún, colectivo.
El camino a las presidenciales de este 2023 tiene algunas similitudes y grandes diferencias respecto de lo que sucedió en 2015 y 2019. Los argentinos estamos a tres semanas de elegir al próximo titular de la Casa Rosada y, como todas las veces que nos asomamos a una elección general, la incertidumbre se potencia.
Si en 2015 primaba la esperanza del cambio y en 2019 la decepción por el cambio que no se dio, hoy la sensación es ambigua: no hay entusiasmo contagioso ni, menos aún, colectivo. Sí parece que, como sociedad, hemos entendido que así la cosa no va más, pero no tenemos claro cómo se sale de este atolladero. O sí cómo, pero no hay una fuerza que interprete acabadamente esa voluntad de punto final.
Los más optimistas son quienes abrevan en el discurso que promete fin a la casta, a los Insaurralde de la política y a los privilegiados de siempre, pero las dudas sobre cómo se puede llevar todo eso a cabo en orden hacen que esa esperanza sea moderada. “Al menos, no serán los mismos”, sintetizan los libertarios, que siguen arriba en las encuestas post Paso. Sí coincidimos todos en que sabemos que no va a ser fácil y que, como mínimo, al menos 2024 será un año complejo.
Las condiciones macro
Marcada esta diferencia subjetiva sobre el ánimo ante este reemplazo presidencial, veamos ahora las condiciones macro. Cada tanto aparecen agoreros que plantean un fin de año similar al de 2001. Incluso, algunos recuerdan el traumático febrero de 1989, el preludio de inflaciones del 800% mensual, las elecciones anticipadas y la renuncia temprana de Raúl Alfonsín.
No estamos cerca ni de una ni de otra situación. La primera diferencia es que el proceso electoral está en marcha, en fechas y condiciones institucionales de normalidad. La expectativa de un recambio en apenas 70 días hace que “aguantar” sea más llevadero. A Alfonsín le faltaba medio año para las elecciones, y Fernando de la Rúa iba recién por la mitad de su mandato.
La segunda diferencia está en los números. Al escenario más parecido al actual hay que buscarlo en 2015, cuando nació el gobierno de Macri y hubo que lidiar con desequilibrios parecidos a los de ahora. El atraso cambiario rondaba el 30%, como el actual, aunque la brecha entonces era menor: 9,83 el oficial y 14,73 el blue (50%), frente a la cotización actual de $ 350 el oficial y $ 798 el blue (128% ). La situación de reservas no era tan crítica como lo es hoy: había mil millones de dólares negativos; ahora estamos U$S 13 mil millones abajo. El cepo era entonces más laxo, había menos deuda pública y esta no se indexaba al ritmo de la inflación.
A favor, en 2015 las tarifas estaban mucho más atrasadas que ahora (y no existía el gasoducto que permitirá sustituir hidrocarburos caros que se importan) y el tamaño del déficit fiscal era más o menos parecido. Lo que no estaba entonces era el agujero cuasifiscal que tenemos hoy, del orden de 20 billones de pesos indexados al 118%. Tampoco había una deuda comercial con los importadores, cercana a 20 mil millones de dólares.
La gran diferencia –la enorme gran diferencia– está en la inflación: por entonces corría al 25%, y hoy los precios se ajustan al 150%. El punto es relevante por el impacto que supondría una nueva devaluación. En aquel entonces, al asumir Macri, el tipo de cambio subió de 9,83 a 13 pesos y la inflación –que venía del 2,2% en noviembre– pasó a 5% en diciembre, bajó a 3,8% en enero y siguió bajando en febrero. O sea que el aumento fue temporal.
Esa crisis de entonces fue cambiaria y de atraso de precios relativos, tuvo impacto acotado en la inflación y en el nivel de actividad, pero no derivó en una crisis financiera que obligara a una reestructuración de la deuda, como pasó en 1989 o en el default de 2001. Tampoco tuvo impacto en el sistema financiero, que siguió funcionando con normalidad.
La Argentina de 2001 tenía exportaciones por 15 mil millones de dólares y ahora, con sequía y todo, estaremos en 80 mil millones. La devaluación de 2002 fue acompañada por crisis gemelas de deuda y del sistema financiero, que tenía depósitos en dólares (cuando la gente en realidad había tomado pesos) y créditos, muchos créditos, también en dólares. Hoy no está ni lo uno ni lo otro.
La Argentina no tiene un problema de solvencia, sino de estrangulamiento de la balanza de pagos, combinado con la procrastinación eterna de la política, que sabe lo que hay que hacer pero no lo hace.
“Estamos frente a una típica crisis de balanza de pagos, que inevitablemente desemboca en una devaluación”, sintetiza Andrés Borenstein, de la consultora Econviews.
Todos sabemos, entonces, que habrá una suba del tipo de cambio: nos queda saber quién lo hará y de cuánto será el salto. Si bien una crisis institucional no estaría en los planes de este fin de ciclo, sí lo está la posibilidad de una hiperinflación. ¿Del 3.000%, como en tiempos de Alfonsín? Es poco probable. Pero en este mundo globalizado de 2023, cuando todos superaron ya esta discusión, estar arriba del 200% sería rayano con la híper.
El mayor riesgo que enfrentará el gobierno que asuma el 10 de diciembre es que una devaluación lleve a un aumento descontrolado de la inflación, a un círculo vicioso de tipo de cambio y precios que muchos asocian con una hiperinflación. Viajar al 150% es muy diferente que hacerlo al 25%, como pasó en 2015. Ergo, cualquier corrección es mucho más riesgosa. Estamos bailando en la cubierta del Titanic y no hay más botes.
¿Se puede hacer una devaluación menos sangrienta? Sí. Nunca de costo cero, pero sí si forma parte de un plan integral, que incluya las prometidas reformas estructurales, una fuerte baja del déficit fiscal y una política monetaria mesurada. El 22 de octubre estaremos perfilando eso.
