Los intendentes esperan atentos la resolución que adopte la provincia. Por lo bajo, algunos dicen que no les alcanza.
Frente al convite que les hizo Sergio Massa para que les paguen a los trabajadores municipales una suma fija de $60 mil, los intendentes sanjuaninos se manejan con mucha cautela y prefieren evitar cualquier definición que los pueda dejar en una situación incómoda. Antes de decidir, quieren ver qué hace la provincia y si podría existir una ayuda excepcional para un desembolso que no estaba en los planes de nadie.
“Lo hemos charlado entre nosotros y vamos a esperar la decisión que tome la provincia con sus empleados”, reveló en off un jefe comunal que habló con este diario. Al mismo tiempo, dijo que su comuna no está en condiciones de afrontar en soledad el pago que está solicitando el ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria.
Si la Casa de Gobierno se inclinara por pagar, los jefes comunales entienden que deberían hacer el esfuerzo y seguir el mismo camino. En ese caso, no quieren quedar como los malos de la película y poner en una situación de desigualdad a los más de 6 mil municipales que hay distribuidos en los 19 departamentos de la provincia.
Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda hace el cálculo del costo que le llevaría el bono y, paralelamente, inició una ronda de consultas entre los municipios. Quiere saber si tienen disponibilidad económica para hacerse cargo de la suma fija, que se pagaría en dos cuotas consecutivas de $30 mil pesos a partir de septiembre.
En la cartera que dirige Marisa López no quieren hablar de ayudas para los municipios, pero son conscientes que hay gestiones que están muy ajustadas presupuestariamente. Incluso, algunas ya acordaron en paritarias un aumento para sus trabajadores a partir del presente mes y otras están en plena negociación con los gremios, y la noticia nacional les complicó las cosas.
Cuando San Juan tenía una vieja y obsoleta ley de coparticipación municipal, la provincia les concedía a los departamentos una ayuda extraordinaria cada vez que tenían que subir sueldos para intentar neutralizar la inflación. Pero desde que la administración uñaquista sancionó una nueva norma para repartir los fondos, el volumen distribuido aumentó considerablemente y los aportes para salarios se terminaron.
