La deuda pública, la gestión recaudatoria y Epec fueron problemas hace algunos años y hoy los hereda resueltos. Debe encarar con urgencia Seguridad. Salud y Educación le demandarán cambios cualitativos.
En seis meses, el gobernador electo Martín Llaryora deberá asumir la gestión de la segunda provincia del país, con un presupuesto para este 2023 originalmente pautado en 1,75 billón de pesos, seguramente el doble en el 2024.
Acá, un listado de los grandes números: qué encuentra ordenados y dónde debe aplicar sintonía fina. O gruesa, quién sabe.
Recaudación
Acá, a diferencia de lo que encontró en el municipio de Córdoba (o el propio José Manuel de la Sota en 1999), la gestión recaudatoria de Rentas está aceitada y no hay impuestos atrasados relevantes que pudieran apuntalar los ingresos. Habrá lo que hay. Y eso está signado por dos problemas. Uno ligado a la actividad económica en sí, donde la incidencia de las políticas provinciales es marginal: depende de la macro nacional y de lo que vaya a hacer el equipo que gane las elecciones en octubre.
El 80% de la recaudación local (teniendo en cuenta IVA e ingresos brutos) está atada al pulso económico. Si la economía sigue en picada, Córdoba estará más acotada.
El segundo es que el clima de época en la última década ha sido licuar los impuestos patrimoniales. Es muy simple para los estados atar sus recaudaciones a un porcentaje de bienes y servicios que suben de precio, porque les garantiza más recaudación sin mover un dedo. En cambio, aumentar los tributos que gravan los inmuebles es altamente impopular.
De hecho, los últimos años los inmobiliarios subieron menos que la inflación anual y cayeron en su participación real. Ese desaguisado regresivo funciona en tiempos de inflación y probablemente no sea una urgencia, pero está.
No está claro si Llaryora será tan apegado al superávit corriente como lo ha sido su antecesor, pero es la película que recibe: 16% promedio de ahorro corriente sobre los ingresos en la última década.
Epec
Es el gran problema resuelto que hereda de Juan Schiaretti. Fueron años de cogestión gremial en la empresa, con tarifas que se volvieron indigeribles, inversiones testimoniales y un poder político que dejó hacer. Hasta que el gobernador leyó el cambio de época: Nación (con Cambiemos) empezó a actualizar la energía y le quitó margen a los aumentos obscenos que se aplicaban acá. Luz y Fuerza patinó con manejos turbios de sus fondos que fueron objeto de investigación penal y la ciudadanía pedía expresamente el término de los privilegios.
Su propia reelección podía estar en juego, por lo que en 2018 encaró un ajuste interno feroz, con recortes de horas extras, cierre de oficinas ociosas, pasividades anticipadas y gerentes reemplazados.
La planta de personal bajó de 4.007 en 2017 a 3.048 activos. Se clausuró la Bolsa de Trabajo, que habilitaba al gremio a nombrar familiares y se reemplazó por concursos y se acotó la energía gratis al personal. Se hicieron inversiones por 580 millones de dólares en generación, transmisión y distribución que sirvieron para bancar la parada: hubo olas de calor extremo y el servicio aguantó.
Falta todavía trasladar la eficiencia lograda a las 200 cooperativas del interior, donde los costos siguen sobredimensionados.
Deuda
El segundo resuelto que encuentra Llaryora está en los pagos de la deuda. El stock de la Provincia (hoy en 585 mil millones de pesos) equivale a 4,2 meses de recaudación. Incluso si se produjera un salto en el tipo de cambio sería manejable, sobre todo por el perfil de vencimientos que se calzó tras la reestructuración de inicios del 2021.
Apenas el 2% de la deuda está nominada en pesos. Sí necesita que el Central le venda los dólares para pagarla, algo que momentáneamente se resolvió con una cautelar, pero esa vía seguiría firme: no hay razón para que Nación pueda y una provincia no.
Salarios y jubilaciones
Es, con certeza, el gran número a mirar. Una devaluación del tipo de cambio –que aceleraría la inflación- afectaría sí por el lado de los salarios y jubilaciones de la Provincia, destino del 70% de todo el gasto total.
La paritaria del semestre se cerró por presión pública del propio Llaryora, que vio en el inicio de la campaña cómo el reclamo de médicos y docentes podía empañar sus aspiraciones. Este es de verdad el número más relevante: el gasto salarial total en el semestre subió 64% respecto del semestre anterior, 20 puntos más que la suba de la recaudación.
Por mes, la Provincia destina 103 mil millones de pesos en salarios y jubilaciones. Si ajustar por encima de la recaudación ya es un problema, más lo será si se aplican mejoras adicionales como prometió sin mucho detalle el gobernador electo para salud y educación. Son en conjunto 93 mil agentes.
Seguridad
Aquí está el foco más urgente que Schiaretti no pudo o no quiso encarar. En conjunto con Gobierno, ese ministerio tiene un presupuesto de $ 157 mil millones, de los cuales 135.123 millones se destinan al funcionamiento de la Policía.
Allí se cuentan 21.546 los agentes de la Policía Provincial, más 4.090 en el Servicio Penitenciario y 428 en la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Medido en cantidad de habitantes, cada 100 mil ciudadanos, Córdoba tiene 658 agentes y destina el 10% de su presupuesto total a seguridad.
A priori, los recursos no son escasos, aunque hay bemoles. En el 2021 comenzó un nuevo plan de estudios que implicó que no hubiera egresados ese año ni en el 2022. Recién a fin de este año se esperan unos 1.100 y Llaryora ha deslizado que podría acortar el plan de estudios o hacer alguna tecnicatura intermedia. Pero la crisis va más atrás: la cantidad de agentes activos se mantiene más o menos estable desde el 2017, pese al incremento de la población y el deterioro económico.
Por otra parte, el régimen previsional especial de la Policía les permite retirarse voluntariamente con 22 años de servicio en el caso de suboficiales y 25 en los oficiales, que se computan desde el ingreso a la carrera. Pero a los 15 de actividad, el empleador puede disponer la baja del agente, una herramienta muy utilizada por la Jefatura.
Entre 2007 y 2012 Córdoba incrementó sustancialmente la cantidad de efectivos y hoy podrían estar en condiciones de irse de baja. Habrá que ver qué decide hacer la Fuerza con los que están en condiciones de retirarse, teniendo en cuenta que, en general, el policía quiere retirarse.
Llaryora deberá atender cualitativamente ese sector, en conjunto con la investigación del delito, fallida en muchos casos, a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Justicia en su conjunto.
Es probable que eso quede relegado a un segundo plano, ya que el foco de interés parece estar en su propuesta de crear guardias urbanas en las ciudades, con posibilidad de usar armas no letales, a cargo de los intendentes.
Salud
La problemática en el área es que el gasto total de la Provincia es altísimo pero la percepción ciudadana sobre el servicio es que es malo. Cuesta conseguir un turno en los hospitales y, cuando se consigue, es a 90 días. Los prestadores locales se quejan de que el Apross les paga poco y tarde y los pocos que han quedado en pie (quedan 93 de las 405 que había en el 2000) están cada vez más jaqueados.
El Apross maneja un presupuesto de 80 mil millones de pesos este 2023 y da cobertura a 610 mil afiliados. A su vez, para este 2023, el Ministerio de Salud tiene 130.897 millones de pesos asignados. Hay 12.790 empleados y el 62% se va en salarios. Sumados, los 210 mil millones destinados a salud se convierten en un gasto tan relevante como Educación y casi el doble que lo destinado a Seguridad.
Lo que está en discusión acá –y Llaryora ha dado entender que irá por ahí- es el modelo de gestión que eligió el peronismo en los últimos 20 años.
La salud entró en crisis por el encarecimiento de la tecnología y los insumos, la falta de recursos humanos y la imposibilidad de modernizarse para estar en la cresta de la ola. Hoy apenas el 12% de las ciudades cordobesas cuenta con un sanatorio privado. La Provincia respondió al cierre en masa del sector privado abriendo hospitales públicos: pasó de 9 en el 2000 a 49 en la actualidad.
A la crisis del sector la enfrentó con cemento propio y gestión estatal, algo que hoy algunos sectores propios del gobierno cuestionan y se inclinan más por la gestión privada, con el modelo de pago que aplica el sector privado: por prestación y no por 36 horas semanales.
Educación
El problema principal está en la calidad: no es tangible, pero Córdoba está apenas mejor que el promedio nacional. Según las pruebas Aprender del 2022, el 32% de los chicos de sexto grado tienen desempeño malo o pobre en matemática y 34% igual en lengua. Apenas el 43% de los chicos del secundario termina en seis años.
Siendo faro de referencia universitaria, podría estar mejor, pero no hay datos de nada. No se sabe del ausentismo docente, ni hay datos de formación, ni de años frente al aula ni de las carpetas médicas pedidas y autorizadas.
No obstante, es el Ministerio más gravitante: demanda el 43% del presupuesto para salarios. Son 266.700 millones anuales para los 78.989 docentes, cuyos salarios son 100% remunerativos.
Otros números
Después hay áreas en las que se podrían encarar reformas cualitativas, como las agencias (muchas sobredimensionadas), la Terminal de Ómnibus o la Lotería de Córdoba.
Esto jamás fue abordado por Schiaretti: tiene 737 empleados de los cuales 451 trabajan en los casinos, bajo la ley 5.944. Hay nueve casinos administrados por Lotería que, en conjunto, gastan más en el pago de sueldos que lo que deja el juego.
El dato es real: en el último año facturaron 1.209,3 millones de pesos y en salarios Lotería pagó 1.329,6 millones.
Cinco pierden plata y cuatro cierran números con lo justo. Carlos Paz, por ejemplo, el año pasado dejó “limpios” apenas 28,3 millones de pesos. Sí se habilitó el juego on line, aunque por razones no explicadas, no está todavía operativo.
