Donald Trump recibe inmunidad “parcial” de la justicia estadounidense
02-07-2024
Un allanamiento en el Arzobispado reveló que, aparentemente, hubo intentos de religiosos para que la víctima guarde silencio.
La Justicia provincial allanó las oficinas del Arzobispado sanjuanino y encontró lo que buscaba: un acta interna en la que consta el relato de la víctima de un supuesto abuso sexual del cura Walter Bustos. El Ministerio Público intenta determinar si la conducción de la institución miró para otro lado y presionó al denunciante para tapar el hecho. Monseñor Jorge Lozano lamentó que la información no se pidiera por otra vía, pero nada dijo acerca de la sospecha que les cabe.
De comprobarse, la Iglesia sanjuanina quedaría en el ojo de la tormenta y sus responsables hasta podrían ser imputados por el delito de coacción contra el menor que posteriormente denunció a Bustos, aseguraron fuentes judiciales. Sucede que, aparentemente, al menos dos curas habrían inducido a la víctima a no decir nada de los ultrajes a los que fue sometida.
Todo se desprende de la denuncia que hay contra el cura Bustos por el abuso sexual de un menor (tenía 15 años en ese entonces) ocurrido supuestamente en 2017, cuando el religioso era párroco de Valle Fértil. El caso está en plena investigación en la Justicia Penal y se conoció días antes del último 30 de mayo, cuando el sacerdote fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión condicional por el abuso de otro menor que es sobrino suyo.
Con el ánimo de conseguir pruebas de lo sucedido, personal de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG allanó en las últimas horas la sede del Arzobispado de calle Mitre, en pleno centro sanjuanino. Diario de Cuyo cuenta que los pesquisas dieron con un acta en la que consta el relato de la presunta víctima, que la misma fue confeccionada en octubre de 2018 por el juez instructor del Tribunal Diocesano, David Gómez (también sacerdote) y que en su tramo final hace mención al juramento de “guardar secreto de lo actuado”.
A todo lo anterior se suman dos datos clave. Por un lado, el denunciante había manifestado que un presbítero, que también es abogado, le había hecho firmar una declaración y que le hizo jurar sobre la Biblia que no tenía que decir nada. Por otro lado, según surge del expediente judicial, el párroco Nelson Cuello le aconsejó a la víctima que le contara a su madre e informó a monseñor Lozano de lo sucedido, a lo que este le habría expresado que le daría intervención al padre Gómez.
La documentación del Arzobispado es considerada vital por la Justicia como prueba del hecho. Pero, paralelamente, podría demostrar que la curia sabía y que intentó persuadir al menor a no decir nada de los presuntos ultrajes de Bustos, lo que configuraría el delito de cohecho, explicaron las fuentes.
Tras el allanamiento, Lozano difundió este sábado un documento en el que dice lamentar que la Justicia haya dispuestos la medida y no se inclinara por solicitar previamente la información. “Seguimos colaborando con la Justicia y acompañado a las partes como desde un primer momento… alentamos a continuar trabajando en la defensa y cuidado de cada persona, especialmente de los más vulnerables”, agrega el arzobispo.
