La Libertad Avanza formalizó ante la Justicia sus postulados, incluyendo la eliminación del Banco Central, la entrega de vouchers para educación y el fin de la obligatoriedad de la ESI, entre otras cuestiones.
La Libertad Avanza, el frente de derecha que lleva a Javier Milei como precandidato a presidente en las elecciones PASO, presentó ante la Justicia su plataforma electoral y pidió el reconocimiento de la personalidad jurídica para participar en los comicios. Lo hizo a través del abogado Santiago Viola, en el juzgado federal de María Romilda Servini.
En el acta aparecen más de 60 puntos que plantean reformas, algunas más drásticas que otras. La mayoría ya fueron anticipadas públicamente en distintas entrevistas que Milei y Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, han brindado. Las propuestas incluyen la dolarización, el ajuste en el Estado, la eliminación de la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) y la libre portación de armas, así como la desaparición del Banco Central, los vouchers para educación y el cobro por los servicios de salud.
Según quedó explicado en el documento, La Libertad Avanza está conformada por tres partidos nacionales y cinco distritales: Partido Demócrata, Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, por un lado; La Libertad Avanza de La Rioja, Fuerza Republicana de Tucumán, Republicanos Unidos de Tierra del Fuego, Ciudadanos por Chubut y ADN de San Juan, por el otro.
La plataforma se divide en tres etapas para el proyecto de “Milei presidente 2023″. Aquí, algunos puntos destacados:
Dolarización, privatizaciones y salud arancelada
Entre las propuestas de La Libertad Avanza aparecen una serie de privatizaciones y de recorte en el gasto del Estado, que comenzarán por el sistema de jubilaciones y pensiones, para avanzar luego en la salud y la educación.
Milei propone “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”, según se lee en la plataforma electoral. Respecto al aborto, que fue aprobado por ley a fines de 2020, LLA propone “proteger al niño desde la concepción”.
En educación, La Libertad Avanza busca implementar un sistema de “vouchers cheque educativo” para los padres de los alumnos, en lugar de financiar al Ministerio de Educación, y quiere eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos.
Además de la dolarización, Milei anticipa la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como de las retenciones, el cepo cambiario y la coparticipación. También establece el fin de los derechos de importación. La privatización de las empresas públicas deficitarias es otro de los ejes, con “optimización y achicamiento del Estado”.
Reforma laboral
El sector de derecha también menciona una reforma laboral destinada a disminuir las cargas patronales e imponer un “sistema de seguro de desempleo” que reemplace a las indemnizaciones por despidos sin causa, al tiempo que busca eliminar los planes sociales y promover la libertad de afiliación sindical.
Cobro a extranjeros
Además, impulsa ciertas restricciones a los extranjeros, como el pago de las residencias, la prohibición de ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y la deportación inmediata para delincuentes que no sean argentinos. Milei propone que haya “reciprocidad” para atender en hospitales a turistas extranjeros en la Argentina, con seguros de salud con cobertura de hasta 30.000 dólares.
Portación libre de armas y seguridad
Como ya dijo antes su referente en distintas apariciones públicas, La Libertad Avanza está de acuerdo con la libre portación de armas: “Planteamos al desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
Además, se plantea la “deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país” y “la modificación de las leyes y procedimientos que dificulten el accionar policial y otorguen excesivas concesiones a los delincuentes”, entre otras propuestas.
Se propone la construcción de cárceles por el “sistema de gestión público-privada”, “militarización de los institutos durante el período de transición” y estudiar la factibilidad de “reducir la edad de imputabilidad de los menores”.
