Es la suma fija que anunció el ministro Sergio Massa. Una docena de provincias no lo abonará.
Tras la invitación del actual ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) a las provincias para que soporten con recursos propios el bono de $60 mil para los estatales, la administración de Sergio Uñac se puso a sacar cuentas. Finalmente, fuentes calificadas revelaron que la decisión es no pagar el adicional y seguir la política salarial que traen hasta ahora, lo que implica una suba del 15% a partir de agosto y la promesa de mantener los haberes públicos 5 puntos por encima de la inflación.
El propio Uñac había adelantado que veía “difícil” el pago del bono. Sucede que el anuncio de Massa fue apenas unos días después de que el Ministerio de Hacienda de la provincia acordara en paritarias con los gremios un incremento del 15% a regir desde el mes pasado, lo que redondea una suba acumulada en lo que va del año del 76% para los estatales sanjuaninos.
Sabiendo que la escalada de precios no tiene techo por ahora, la gestión uñaquista y los sindicatos quedaron en que las remuneraciones estarán siempre 5 puntos por encima de la inflación. Eso significa que se ajustarán cada vez que esa diferencia se achique.
Según los cálculos que hizo Hacienda, el bono les correspondía a unos 30 mil empleados (en total son 40 mil). Son aquellos que perciben menos de $400 mil, el límite fijado por el Gobierno nacional para otorgar la ayuda.
La decisión del Gobierno sanjuanino está a tono con la que adoptaron la mayoría de las provincias argentinas. Por razones financieras o por estar en negociación con los gremios, resolvieron no sumarse a la medida que anunció el ministro de Economía como parte de un paquete para mitigar el impacto de la última devaluación en el bolsillo de los trabajadores argentinos.
Los municipales tampoco tendrán el extra de $60 mil. Los intendentes estaban expectantes de la decisión que tomara la administración central y seguirán el mismo camino.
La suma fija es también para los empleados del sector privado. La medida provocó polémica y reacciones entre empresarios de todo país, enojados por entender que el Estado se mete en sus paritarias y los pone en un aprieto financiero en medio de un contexto de severa crisis que el mismo Gobierno nacional está generando y no puede controlar.
