Las elecciones son este domingo y todo indica que no habrá ningún obstáculo legal.
A sólo 5 días de los comicios provinciales, ya no hay tiempo material para que la Corte Suprema le dé trámite ordinario en la previa a la demanda de Unidos por San Juan contra la candidatura de Sergio Uñac. Eso reduce la cuestión a dos posibles escenarios con efectos muy distintos. El primero, que el máximo tribunal directamente no se expida, en cuyo caso la postulación del pocitano quedaría firme definitivamente y el cronograma electoral se cumpliría tal cual se trazó. El segundo, más improbable, que sobre la hora suspenda la cita del domingo y se tome más tiempo para fallar.
El planteo del orreguismo busca ponerle un freno a la candidatura a la rereelección del actual mandatario. Los opositores le cuentan el mandato de vice que cumplió entre 2015 y 2019 y los dos que lleva como gobernador y aseguran que otro más, violarla el límite máximo de 3 periodos consecutivos que fija la Constitución provincial para el cargo de primer mandatario.
La objeción es en forma de demanda y expedirse implicaría dar una serie de pasos formales que llevan más tiempo del que resta hasta el próximo domingo. La Corte Suprema debería declarase primero si es competente y si definiera que sí, tendría que correrle traslado a Uñac para que haga su descargo y recién ahí, con las dos posiciones sobre la mesa, resolver si el gobernador está habilitado para ser candidato.
Con la anterior hipótesis descartada, el abanico de posibilidades se achica solamente a dos. Ambas, surgidas de las facultades por ley que tiene el máximo tribunal de Justicia y de dos aspectos puntuales: no tiene ni la obligación ni plazos para pronunciarse frente al tema que le llevó el frente opositor.
La primera opción es que esta misma semana la Corte Suprema se declare incompetente o que directamente no se pronuncie antes de la votación. Uñac ya está habilitado por el Tribunal Electoral para ser de la partida y sin una voz contraria de la máxima autoridad judicial del país, no tendría ningún impedimento legal.
La otra consiste en que los cortistas nacionales se declaren competentes para tratar el asunto y que de inmediato, saquen una cautelar que suspenda el acto electoral del 14 hasta que ellos mismos resuelvan sobre la impugnación.
Abogados y funcionarios judiciales coincidieron por lo bajo en que esta última opción sería un despropósito faltando tan poco para que los sanjuaninos vayan a las urnas. En todo caso, advirtieron, para no dejar a toda una provincia envuelta en la incertidumbre, la Corte Suprema lo hubiera hecho hace varias semanas atrás.
En la oposición se muestran decepcionados, porque a esa altura dan por hecho que, por acción u omisión, el planteo que hicieron no tendrá el efecto deseado. En el oficialismo insisten en que la candidatura de Uñac no viola ningún precepto constitucional y que no hay argumento para frenarla.
En el entorno del gobernador confiaban en que el planteo de Unidos por San Juan no iba a prosperar. Además de la legalidad de la postulación, afirman que la Corte Suprema no tiene facultades para entrometerse en cuestiones electorales que son propiedad exclusiva de las provincias. Y si bien hay antecedentes que van en sentido opuesto (caso Santiago del Estero), remarcan que fue por situaciones muy distintas a la de San Juan.
