Juicio a la Corte: el asesor de Rosatti denunció que “han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”

Silvio Robles, el principal colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, rompió el silencio este martes en el marco del juicio político al máximo tribunal y denunció que “han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, a la vez que puso en tela de juicio los chats donde habría negociado un fallo con un exfuncionario porteño.

Robles, uno de los testimonios más esperados en la Comisión de Juicio Político, alertó que los diputados oficialistas buscan “atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia”, en relación a Rosatti, y anunció que se abstendría de contestar “toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones que han hecho” en su contra.

Así se expresó en un escrito que leyó antes de ser sometido al interrogatorio del Frente de Todos, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. El secretario general de la Vocalía de Rosatti dijo que conoce al juez desde que era ministro de Justicia de Néstor Kirchner y aclaró que mantiene con él una relación “funcional”, aunque le dedicó elogios.

“Tuve el privilegio de conocerlo y hoy es mi superior jerárquico, una persona que admiro por su honestidad, carácter e integridad de principios, más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, señaló Robles.

También enumeró las “mentiras” que se dijeron según él, como que tiene un departamento en Nueva York y propiedades en Miami, y que se encuentra prófugo de la Justicia “cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial”. Además, dio a conocer “ataques” que sufrieron sus dos hijos.

Robles fue citado porque el oficialismo sospecha que negoció con el gobierno de la Ciudad, a través del exministro de Justicia, Marcelo D’Alessandro, la medida cautelar dictada a fines de 2022 que dispuso girarle a ese distrito el 2,95% de la coparticipación federal por la transferencia del servicio de seguridad desde la Nación. Un porcentaje que, para el Frente de Todos, fue determinado “sin una pauta objetiva”.

D’Alessandro también había sido citado como testigo para este martes, pero el lunes a última hora informó que no podría asistir “por cuestiones personales” y pidió reprogramar su declaración. El exfuncionario había pedido licencia en el cargo a principios de enero, cuando salieron a la luz las conversaciones con Robles, y el 22 de marzo finalmente presentó la renuncia en medio de una fuerte presión.

La comisión volverá a citar a D’Alessandro para las próximas semanas y también pospuso la realización de una pericia de voz del involucrado para cotejar con los audios. Esa medida de prueba, aprobada en la última reunión, volvió a ser rechazada por Juntos por el Cambio. “No van a subsanar una prueba obtenida ilegalmente con una pericia”, advirtió Juan Manuel López (Coalición Cívica) en relación a la filtración de los chats.

En otro tramo de la reunión fue interrogado el contador Alejandro Otero, quien participó del debate parlamentario de la ley de transferencia de las competencias a la Ciudad. El testigo advirtió que en la cautelar de la Corte que ordenó un giro del 2,95% a la Ciudad “no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente”, y consideró que el reparto “no tiene que ser por coeficiente sino por transferencia presupuestaria”.

Lo dijo ante una pregunta del entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien advirtió que ese porcentaje es “injustificado” y “arbitrario”, y que se trata “un monto intermedio entre la pretensión de la Ciudad y lo que establece la ley sancionada por el Congreso”.

Por el contrario, el diputado larretista Álvaro González salió en defensa de la medida de la Corte, al señalar que “no le sacó un solo peso a las provincias para transferirle a la Ciudad, porque la Policía Federal estaba financiada por el Estado Nacional, y como no tiene más ese gasto, le transfiere los recursos a una jurisdicción”.

Otro testigo que declaró este martes fue Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, por donde tramitó la polémica cautelar.