Concluidas las rondas de testigos, el Frente de Todos impuso su mayoría para avanzar con la imputación de cargos. Ahora los acusados podrán ejercer su defensa. Por otra parte, faltaron los cuatro testigos citados por la Coalición Cívica para declarar contra Lorenzetti y el bloque sembró sospechas.
Después de 23 reuniones y 65 declaraciones testimoniales, el oficialismo dio este miércoles un paso importante en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, al aprobar los cargos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por supuesto mal desempeño en tres casos diferentes.
Uno a uno, los cargos se aprobaron con 16 votos del Frente de Todos sobre los 31 integrantes de la comisión. Juntos por el Cambio y Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) rechazaron la avanzada.
Ahora se le dio traslado a los magistrados, que serán citados a la comisión para el martes 7 de noviembre si desean ejercer su derecho a defensa de manera presencial. También pueden presentar su descargo por escrito. En el oficialismo sospechan que no asistirán.
Agotada esa instancia, seguirá la firma de los dictámenes acusatorios, que se producirá entre el 13 y el 17 de noviembre. El último paso de esta etapa es la aprobación de esos dictámenes en el recinto, que todavía no tiene fecha. Para eso se necesitan dos tercios de los votos, un número que el Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) no tiene asegurado.
“Todo el mundo sabía, desde que se abrió este proceso, que esto no iba a llegar al recinto y que en el recinto no se iban a juntar las mayorías que se necesitan. Fue una decisión política. La política hoy está siendo mirada por la sociedad cuando llega a soluciones conducentes, y nosotros hemos trabajado para que los papeles terminen adentro de un cajón”, lamentó Álvaro González (PRO).
Desde el mismo bloque, Pablo Tonelli sostuvo que “la prueba no demostró ni convenció de que haya motivos para enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. Por el contrario, todo ha reafirmado que no había motivos y que esto es un embate contra la Corte”.
Por el contrario, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, defendió la decisión de avanzar: “Teniendo 14 pedidos de juicio político. Es nuestra obligación de llevar adelante este procedimiento. No podemos incumplir nuestra obligación por no tener la cantidad de voluntades necesarias para acusar. Primero se investiga y luego se acusa o no en función del resultado de esa investigación”.
Los cargos aprobados tienen que ver con tres causales: el fallo denominado “2x1″ que beneficiaba a los genocidas de la última dictadura con el cómputo de la pena; el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el giro de coparticipación; y el fallo que alteró la composición del Consejo de la Magistratura.
Antes, ya se habían aprobado los cargos contra el juez Maqueda por su responsabilidad en el manejo “irregular” de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y paralelamente una subcomisión integrada por diputados oficialistas estudia el rol que tuvieron los otros tres jueces en ese tema.
Además, resta que el Frente de Todos avance con los cargos contra Rosenkrantz por supuesto abuso de poder, al no haberse excusado a la hora de dictar fallos que beneficiaron a empresas que eran sus clientes.
2x1. El oficialismo dio por probado que durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, le concedió a la entonces jueza Elena Highton de Nolasco la permanencia en la Corte después de los 75 años (al no apelar el amparo que había presentado la magistrada) a cambio de que votara a favor de la sentencia del “2x1″ y formara mayoría junto con Rosenkrantz y Rosatti.
Una vez que Highton fue confirmada en la Corte, se cambió la doctrina con el fallo “Schiffrin”, de 2017, que estableció que a los 75 años los jueces deben jubilarse u obtener un nuevo acuerdo del Senado si desean continuar en el cargo. Según denuncia el informe, el juez Rosenkrantz mantuvo “retenido” ese expediente en su vocalía hasta asegurarse el voto favorable de Highton.
Obra social del PJN. En este caso, el oficialismo apunta contra otro juez, Maqueda, quien “cumplió un rol decisivo” como supervisor de la obra social del Poder Judicial de la Nación durante 13 años, entre el 7 de abril de 2008 y el 31 de agosto de 2021. Advierten que en una auditoría realizada sobre ese período se detectaron “disfuncionalidades” y que “ha existido un nexo causal entre la omisión de supervisión, en que ha incurrido Maqueda, con la producción de las falencias o irregularidades”, vinculadas a falta de presupuestos, contrataciones irregulares, recortes en las prestaciones y faltante de medicamentos, entre otras.
Coparticipación. La Corte también está en la mira por la medida cautelar dictada a fines de 2022 que ordenó girarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación federal por la transferencia del servicio de seguridad desde la Nación. Un porcentaje que, para el Frente de Todos, fue determinado “sin una pauta objetiva”. El oficialismo sostiene que ese fallo fue negociado entre el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el asesor de Rosatti Silvio Robles, según se desprende de supuestos chats que fueron filtrados.
Consejo de la Magistratura. La acusación tiene que ver con el fallo dictado en diciembre de 2021 a raíz de una demanda del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En esa sentencia, la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080, que regulaba la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dándole al Congreso un plazo de 120 días para que sancionara una nueva ley. Como eso no ocurrió, el mismo fallo restituyó la vieja ley, que había sido derogada en 2006. El oficialismo denuncia que de esa manera el tribunal se arrogó facultades legislativas.
Sin testigos
A la reunión de este miércoles faltaron los cuatro testigos que habían sido citados a propuesta de la Coalición Cívica en el marco de su propio pedido de juicio político contra Lorenzetti, presentado en 2017.
Habían sido convocados Héctor Marchi, exadministrador de la Corte (quien ya declaró en la comisión en dos oportunidades anteriores); el sindicalista judicial Julio Piumato; el empresario Gustavo Tita, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti; y Adrián Miretti, presidente de la mutual Pyme Rural, vinculada al juez e investigada en la Justicia.
El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López denunció que el oficialismo dejó para el final el caso Lorenzetti porque “tiene menos interés en acusarlo”. “No nos extraña que hayan dejado esta causal para el final ni que los testigos hoy no estén presentes”, sospechó, y agregó: “Sabemos de las presiones y los llamados a distintos actores del sistema político”.
“Lorenzetti y Marchi no quieren venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas nuestras, que durante años y años lo hemos denunciado”, aportó Paula Oliveto, también de la Coalición Cívica.
Gaillard negó que haya existido una “discriminación” en el tratamiento del caso Lorenzetti. “No discriminamos respecto a tal o cual juez de la Corte. Aquí se produjo toda la prueba. La presidencia no escogió qué prueba se generaba, para evitar cualquier tipo de suspicacia”, aclaró.
