Donald Trump recibe inmunidad “parcial” de la justicia estadounidense
02-07-2024
La resolución la dictó el Tribunal de Cuentas. Alcanza también a cinco de sus colaboradores.
El Tribunal de Cuentas de la provincia rechazó la cuenta 2021 del municipio de Sarmiento, declaró responsables al intendente Mario Martin y cinco de sus funcionarios y resolvió que tendrán que poner de sus propios bolsillos más de $4,5 millones para reparar el daño. Todo se debe a que, según el organismo, no rindieron debidamente gastos equivalentes a esa suma de dinero. Los sancionados tienen la chance de recurrir a la Corte de Justicia.
La gestión de Martín, que está a punto de culminar su segundo mandato seguido, quedó a las puertas de irse de la peor manera. El Tribunal de Cuentas detectó inconsistencia en la rendición del ejercicio en cuestión y el intendente y parte de su equipo fueron castigados en primera instancia con la obligación de tener que responder por un perjuicio causado a las cuentas comunales.
En la resolución, que fue reflejada hoy por Diario de Cuyo, los miembros del organismo de control aseguran que los funcionarios de Sarmiento no han podido acreditar la legalidad de una serie de gastos equivalentes a $4,6 millones. Por eso, dictaminaron que Martín; el director de Gobierno, Diego Cortez; el de Hacienda, Mario Ramírez; el tesorero, Daniel Villafañe; el presidente del Concejo Deliberante, David Mortensen; y la asesora contable Silvana Romero, se deberán hacer cargo entre todos de poner ese dinero.
Según la resolución, entre otros gastos, son responsables de la falta de comprobantes de un aporte de $1,9 millones a la cooperativa Virgen del Carmen 2, de una ayuda económica de $500 mil a la cooperativa Productores Mineros Los Berros, de una ayuda de $1 millón para la realización de la Fiesta de la Tradición, de una colaboración de $422 mil para competencias deportivas y de otro aporte de 460 mil para una cabalgata que se hizo en el departamento.
A Mortensen y Romero les endilgan únicamente la falta de acreditación de viáticos. El cargo contra los dos funcionarios corresponde a un viaje que hicieron, por el que no acreditaron erogaciones de $15 mil y $9 mil respectivamente.
Los funcionarios tienen ahora la opción de pedir una reconsideración ante el mismo Tribunal de Cuentas, pero su supone que la resolución sería la misma. Después, podrían plantear la revisión de lo actuado por la Corte de Justicia y si eventualmente no tuvieran éxito, la Fiscalía de Estado quedaría habilitada para demandarlos en la Justicia ordinaria por el monto del daño patrimonial al municipio.
