La Cámara de Apelaciones de La Plata liberó a “Chocolate” en septiembre pasado. De los tres camaristas que la componen, uno de ellos firmó en disidencia.
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, pidió este miércoles que se inicie un juicio político contra los dos jueces que ordenaron la liberación de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político que había sido detenido con 48 tarjetas de débito.
“Frente su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal, el Procurador bonaerense denunció a los camaristas Juan Alberto Benavídez y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento”, señalaron en un comunicado.
La denuncia hace foto en “la escandalosa decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias (de las que no era titular)”.
Conte Grand pidió reabrir la causa y puso en manifiesto que tanto Villordo como Benavídez “se habían apartado de la ley”, beneficiando a Rigau.
“La decisión de los jueces se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia que hiere gravemente a los poderes del Estado en general y a la administración de justicia, en particular”, agregó.
El juez que se negó a liberar a “Chocolate” Rigau
La Cámara de Apelaciones de La Plata liberó a “Chocolate” en septiembre pasado. De los tres camaristas que la componen, uno de ellos firmó en disidencia. Se trata del juez Fernando Jorge Mateos, quien expresó su malestar por la decisión que habían tomado los otros letrados.
“No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad que finalmente se dictó.
Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
