Eroga ese monto por 28 inmuebles. Ahorrará en ese concepto una vez que pueda ocupar el edificio 9 de Julio.
Los problemas de infraestructura del Poder Judicial se solucionaran parcialmente cuando empiece a usar el edificio 9 de Julio. Mientras tanto, seguirá con una política de parches que comenzó hace décadas y que consiste en alquilar. Actualmente, tiene arrendados casi 30 inmuebles y al año gasta en ese concepto algo más de $240 millones al año.
El tema de infraestructura no ha sido precisamente una política prioritaria en la Justicia sanjuanina. Los espacios que dispone en el edificio central, el 25 de Mayo, conocido como el Palacio de Tribunales, hace rato que quedaron chicos, el problema se agudizó en los 90′ y los por entonces miembros de la Corte de Justicia no buscaron una situación integral y mucho menos, proyectaron medidas que podrían haber evitado dolores de cabeza a futuro.
En la era giojista hubo un intento por saldar las dificultades con la llamada Ciudad Judicial, pero nada lo suficientemente serio como para hacerse realidad. Primero se pensó en el edifico 9 de Julio, pero no ofrece superficie suficiente y se desechó. Después se anunció con pompas que la nueva sede se iba a construir en la ex Cavic, aunque otra vez hubo improvisación y finalmente quedó descartada por condicionantes técnicos que no fueron advertidos inicialmente.
No quedó otra que seguir con los alquileres. Para darle vuelo a los nuevos organismos que se han venido creando para satisfacer la demanda de los justiciables, la nueva composición del máximo tribunal ((Adriana García, Daniel Olivares, Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima) mantiene 28 inmuebles rentados. Los más importantes son los anexos Jujuy y Mitre, que sirvieron para concentrar varios organismos judiciales en un mismo sitio y saldrá las pésimas condiciones en las que trabajaban muchos empleados que estaban en oficinas de pequeñas dimensiones y sin ninguna medida de seguridad, además de soportar convivir con pilas de expedientes en accesos, pasillos y despachos minúsculos.
Por la totalidad de los inmuebles alquilados, la erogación oficial es de $20,1 millones por mes. Al año, la suma desembolsada asciende a un poco más de $242 millones. Parte de ese dinero dejará de gastarse cuando la Justicia pueda utilizar efectivamente el 9 de Julio. El gigante esta sobre avenida Central, frente al 25 de Mayo, y el Ejecutivo viene de cedérselo al Poder Judicial.
El inmueble está actualmente en etapa de consolidación y se calcula que el año que viene podrá ser reacondicionado por el Poder Judicial. Los cortistas esperan comenzar luego con el traslado de algunos organismos judiciales, como los que funcionan en los anexos y los juzgados de Paz de Capital.
Mientras tanto, el proyecto de la Ciudad Judicial quedó en un mar de incertidumbre. El costo se duplicó este año por efectos de la inflación y el proyecto para levantarla en un gran inmueble que se expropió frente al Hiper Libertad quedará en análisis de la próxima gestión de Gobierno.
