Corresponde a la cuota de febrero y quedan pendientes marzo y abril. Hay expectativa por otro giro en el corto plazo.
De la deuda que mantiene con el transporte público de pasajeros sanjuanino, el Gobierno nacional mandó $301 millones y trajo algo de tranquilidad a las autoridades del Ejecutivo provincial. Los empresarios venían reclamando por las demoras de la gestión de Alberto Fernández y si bien el servicio no se había visto afectado, advertían que en cualquier momento podían parar algunas unidades.
El monto corresponde a febrero, mes que estaba dentro de la deuda global que la Nación mantiene con San Juan por el Fondo de Contención Tarifaria. Todavía resta que se cancelen las obligaciones de marzo y abril, lo que hace un volumen aproximado de $660 millones.
“Es un alivio”, aseguró el secretario de Transito y Transporte de la provincia, Jorge Armendariz, en referencia al giro de los fondos. Sucede que las demoras nacionales habían generado reducciones de frecuencias en otros distritos del país y en San Juan estaba la posibilidad latente, ya que dueños de las empresas de colectivos advertían que no podían seguir soportando los costos operativos sin el subsidio nacional.
De todas maneras, la situación de tensión con el sector del transporte público de pasajeros se mantiene. La Nación debe las cuotas de marzo y abril y aún no hay información oficial acerca de cuándo se cancelarán.
El próximo viernes hay una reunión entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) con las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación. Los empresarios van con expectativas, porque tienen información de que el ánimo oficial es comunicarles que la semana que viene se estaría cancelando marzo.
Las empresas sanjuaninas reciben unos $330 millones por mes a cambio de reducir el ritmo de aumento del boleto, aunque el monto está sujeto a eventuales descuentos por cálculos que hace AFIP (en la cuota de febrero hubo débitos y quedó en $301 millones). El dinero que le corresponde a cada provincia se calcula en función de colectivos circulando, cantidad de pasajeros y kilómetros recorridos.
El reparto del subsidio al transporte genera una fuerte polémica, sobre todo desde el año pasado. Fue cuando Sergio Uñac se puso al frente del interior y le reclamó a la Nación que la distribución sea equitativa, ya que el 70% del total se lo lleva el AMBA y apenas el 30%, el conjunto de las provincias.
