Entre dinero para obras y subsidio al transporte, el monto asciende a más de $5.000 millones.
Se acerca el final del mandato nacional y la situación se repite. Como sucedió con el macrismo, la administración de Alberto Fernández mantiene una abultada deuda con la provincia en materia de obras y subsidio al transporte, entre otras cosas. Este miércoles, el gobernador Sergio Uñac aseguró que se pondrá al frente de las gestiones para intentar cobrar la deuda y que irá a ver personalmente a los funcionarios nacionales. Hay más de $5.000 millones pendientes de ser girados.
Con los precios subiendo en forma constante y la recaudación a raya o por debajo de la inflación, la demora en el envío de fondos ya comprometidos complica a la provincia. Más cuando ha tenido que poner dinero de su bolsillo para no detener obras que deberían financiarse con fondos del tesoro nacional, a la espera de recuperar ese dinero en algún momento.
En rueda de prensa, el gobernador contó que en estos días emprenderá viaje a Capital Federal para gestionar el pago de los recursos atrasados. Según dijo, “son trámites más personales que telefónicos… vamos a intentar que se pongan al día con todo”.
Las obligaciones impagas de la gestión albertista corresponde mayoritariamente a obras públicas. La Nación mantiene un rojo con la provincia de $2.300 millones en concepto de construcción de casa a través del IPV y por obras de saneamiento debe $1.400 millones, lo que totaliza $3.700 millones.
Paralelamente, entre febrero y marzo el Gobierno nacional acumuló una importante deuda por el Fondo Compensador de Tarifa que envía al interior del país para subsidiar el precio del boleto de colectivo. En este caso, a San Juan le adeuda $660 millones por esos dos meses y con abril, que está cerca de terminar, el monto ascenderá a más de $1.000 millones.
El problema no es la deuda por sí misma, sino que pone en riesgo la continuidad de obras que se están ejecutando y el transporte público de pasajeros. El Estado provincial no ha tenido que poner por ahora dinero de su presupuesto para amortiguar las demoras en los subsidios al transporte, pero sí ha hechos desembolsos para que la construcción de casas no sufra retrasos o se detenga.
La fórmula es la misma que Uñac tuvo que aplicar en el último año de gestión del macrismo. Se llegó a acumular una deuda superior a los $5.000 millones que eran para obras viales y para no frenar los trabajos, el Ministerio de Hacienda reacomodó partidas y pagó certificaciones de las empresas constructoras. Para peor, no fue fácil recuperar el dinero: recién en la administración de Fernández se pudo firmar un convenio para que la Nación saldara la deuda.