Médicos comenzaron a cobrar coseguros en distintas provincias del país

El Gobierno provincial acusó a la Nación de tener la responsabilidad en el problema que hoy atraviesa el sistema de salud, con médicos que han decidido cobrar $ 6.000, desde el 1 de setiembre, por las consultas en Mendoza y no recibir obras sociales ni prepagas, debido a los bajos montos que perciben, que en la mayoría de casos son pagados con retrasos de entre 60 y 90 días.

El subsecretario de Salud de la Provincia, Oscar Sagás, deslindó a la gobernación de este problema que es, según su postura, ajeno a ellos; y apuntó contra el Ministerio de Salud que comanda Carla Vizzoti, que es “autoridad de aplicación” y quien “fija los aranceles mínimos y obligatorios que aseguren el desempeño en los prestadores públicos y privados”.

Sobre este punto, mencionó que los aranceles mínimos que se han fijado con los médicos desde Nación, que son de $1.267, “son paupérrimos”, motivo por lo que se ha gestado este conflicto que todavía no ha tenido algún tipo de resolución.

“No veo la reacción del gobierno nacional al momento de actuar ante esta situación. Deben aumentar los aranceles”, comentó.

Mendoza, el inicio del conflicto

La decisión de dejar de aceptar prepagas y obras sociales por la gran mayoría de médicos comenzó en Mendoza. En el Gobierno prefieren no hablar al respecto, pero apuntan hacia Córdoba, donde argumentan que “se está gestando la misma situación” que la provincia; y arriesgaron que podría ampliarse a Santa Fe.

“Este tema es un tema del Gobierno Nacional, que es la que tiene que dar respuestas. El gobierno local no tiene nada que hacer”, insistieron desde la Provincia, y agregaron que cada prepaga “tiene acuerdos con médicos y clínicas, con diferentes montos que no los conocemos. Puede pasar que a médicos con prestigio tengan un diferencial y no con el resto. Pero la clave es que las prepagas no tomaron bien que se les hayan congelado los incrementos; así como tampoco los médicos que no les aumenten los pagos por cada consulta”, reflexionaron.

Lo cierto es que, según informó diario La Voz, las clínicas y sanatorios privados de Córdoba decidieron implementar a partir de este viernes “el pago de un coseguro o copago para cada prestación médica que el paciente solicite. La medida implica que a pesar de contar con obra social o prepaga, “el paciente abonará un valor extra que será distinto según la práctica de la que se trate”. Los valores de referencia para cada prestación se acordaron en unos $ 3.000 para guardia y un diagnóstico por imágenes rondaría entre $ 3.000 y $ 7.000, para pacientes con obra social o prepaga.

Por otro lado, Carla Martínez, de la Unión de Pediatras Mendocinos, mencionó a radio Mitre Mendoza que en su momento propusieron “el pago de un coseguro, en el cual la obra social o prepaga paga una parte, y nosotros llegamos a ese valor ético mínimo que hemos propuesto, pero por motivos legales las obras sociales no aceptaron”.

También reconoció “hay una diferencia importante de varias obras sociales grandes en cuanto a los honorarios tanto dentro de la provincia como fuera, hay otras provincias en donde la consulta se paga más que en Mendoza. De todos modos los honorarios son bajos a nivel de todo el país”.

La mira a la Nación

Para Sagás, es el propio Ministerio de Salud de la Nación el que, a través de su acción o inacción, “está incentivando a las empresas de medicina prepaga y redes de prestadores a que paguen a los médicos aranceles paupérrimos. Evidentemente este valor, que es de $1.267, hay que llevarlo a uno acorde a la realidad actual y la situación económica que está viviendo el país”, comentó esta semana.

En tanto, este viernes sostuvo que “hay una Superintendencia de Servicios de Salud y un Ministerio de Salud de la Nación que debe actuar rápidamente y que tiene que tomar un rol de rectoría”.

El funcionario consideró en primer lugar que el sistema de salud nacional “está fragmentado, es caótico”.

No obstante, analizó que la situación a la que se ha llegado hoy “tiene que resolverse con una medida a corto plazo”; pero agregó que “para fijar esos aranceles, en Nación toman nomencladores y prestadores de salud del hospital público de gestión descentralizada; pero el problema es de dónde viene: salió una resolución, la 914 en el 2023, que fija y establece el valor de la consulta en $1.267 pesos”, explicó.

De esta manera, el subsecretario añadió que las prepagas, teniendo este valor de inicio, “pueden estar pagando $2.000 unas consultas y $3.000 otras; pero si fija un valor como corresponde frente a la inflación y a la situación que genera todo esto, sería parte de la solución del problema”, consideró.

“Esperamos que este problema se resuelva pronto porque sumado a todo eso, el ministerio, hoy por hoy frente a un tema de precios, muchas veces las licitaciones están cayendo, no hay insumos, entonces en cierta medida y si esto continua por mucho tiempo va a repercutir”, añadió.

También señaló que cree que es “muy poca la gente que se pueda trasladar de prepaga a hospitales públicos, pero es para tenerlo en cuenta y estar preparados. Siempre hay una situación de lo que se está viviendo y que es real con respecto a que en algún momento van a empezar a faltar algunos insumos para llevar adelante prácticas que hoy por hoy no se pueden dejar de realizar”.

Por último, y ante una posibilidad de que la gente con prepagas u obras sociales se vuelquen al sector público, mencionó que están “atentos” a lo que pasa en cuestión de la demanda, pero señaló que estiman que muchos lo que harán será “atenderse con su médico de cabecera, pagando esos $6.000 y con una factura de por medio ir a la obra social o prepaga. Es lo que creo que va a pasar a partir de esta determinación que ha tomado el sector médico”.