La Caja Militar recibió 83.090 pesos de la provincia, frente a los 46.000 de los mendocinos, según el estudio académico Los costos de la expedición militar a Chile, 1815-1818.
Es común que los mendocinos sientan que San Martín les pertenece debido a que el Libertador eligió esa provincia para preparar la estrategia libertadora. Pero hay muchos mitos, es común que se diga que el Gobierno Nacional dejó a San Martín sin recursos y que sólo los mendocinos hicieron todo tipo de esfuerzos para que el gran General lograra su cruzada.
En el trabajo Los costos de la expedición militar a Chile, 1815-1818 de Beatriz Bragoni y Oriana Pelagatti cae ese mito debido a que figuran aportes del Gobierno central por casi 150 mil pesos. Sin dudas los mendocinos hicieron muchos esfuerzos por la gesta libertadora, pero los sanjuaninos también, el mismo trabajo indica que San Juan aportó 83.090 pesos y Mendoza 46.000.
San Martín reclutó también gran cantidad de soldados sanjuaninos y personas que colaboraran en distintas tareas y, al igual que en Mendoza, pidió y obligó con impuestos a que los ciudadanos contribuyeran con dinero. Tanta era “la presión impositiva” que imponía el General, que las arcas dela provincia quedaron exhaustas.
Qué dice el trabajo académico
El 1° de julio de 1816, el Ministro de Guerra de las Provincias Unidas Antonio Beruti le prometía al gobernador intendente de Cuyo, José de San Martín, que dispondría de los recursos correspondientes a armas, municiones, vestuarios y demás útiles para organizar el ejército, aunque le advertía que las remesas se enviarían sin alterar las exigencias del Gobierno. Entretanto, le “recomendaba celosa actividad para que apurara en el distrito de su jurisdicción la recluta de tropas hasta el último término, contando con las dificultades que ofrecen la remesa de soldados desde esta capital donde las reclaman los peligros domésticos, y las aspiraciones del enemigo exterior”
Por cierto, la misiva del funcionario puntualizaba las condiciones del apoyo oficial al plan de guerra alternativo que había sido adoptado para sostener el bastión patriota en el Río de la Plata y liquidar el pendón real en Chile. La crítica situación en la que estaban inmersas la provincia de Santa Fe y la de Córdoba, como también las exigencias financieras de los ejércitos movilizados para sostener el “sistema de unidad” frente al acecho artiguista, dejaba fuera de duda que los fondos procedentes de la Tesorería Central constituirían sólo una porción de las finanzas que sostendrían los costos de la maquinaria militar que debía librar la guerra en Chile. De esa situación dio cuenta el mismo Beruti al enviarle a San Martín el flamante nombramiento como jefe de las fuerzas de línea y milicias existentes en la Provincia de Cuyo, que lo convertía en General en Jefe del Ejército de los Andes con un sueldo de 6.000 pesos anuales, el cual debía provenir de la Tesorería de aquella Provincia.
Para el gobernador intendente tales advertencias no eran nuevas sino que habían integrado la agenda gubernamental desde el año anterior, sobre todo a partir del segundo trimestre de 1815, luego de superada la crisis que lo enfrentó con el Director Alvear y lo encumbró en la pirámide del poder en la jurisdicción cuyana. San Martín dispuso una serie de medidas a los efectos de crear una “Renta fija” que permitiera financiar la organización del ejército con el que prometía hacer la guerra en Chile.
La literatura sanmartiniana ha señalado diversos aspectos de la ingente movilización de recursos locales que gravitaron a favor de la empresa militar y ha subrayado la calculada ingeniería política e institucional que caracterizó la presión fiscal ejercida sobre los pueblos cuyanos (Mitre 1950; López 1958; Orenstein 1958; Comadrán Ruiz 1978; Goyret 2000). En parte, tales apreciaciones suelen estar recostadas en las propias impresiones del gobernador intendente sobre el carácter de los aportes realizados, los cuales no dejaron de ser manifestados por el mismo San Martín al Director Pueyrredón, y al selecto círculo de amigos políticos con quienes mantenía correspondencia regular, como el diputado por Mendoza en el Congreso Soberano, Tomás Godoy Cruz. Tales testimonios, que pueblan la correspondencia de la época e incluso adquirieron formatos épicos y líricos por los poetas de la revolución,3 fueron primordialmente impresos en letras de molde por el general Gerónimo Espejo (1882), quien en su memorable “Paso de los Andes”, publicado como libro unitario siete décadas después, bosquejó los principales instrumentos ideados por el “genio militar” para dar forma a la “renta fija” que le permitió liderar la epopeya libertadora en la cuesta de Chacabuco en el verano de 1817.
El tratamiento que ofrece el presente artículo se recuesta sobre estos temas y problemas clásicos de la historiografía de las guerras de independencia, aunque propone reexaminarlos atendiendo a algunos aspectos poco advertidos por la literatura histórica. En particular, el interés reside en analizar, en primer lugar, las iniciativas oficiales instrumentadas para volcar los recursos locales a la formación del ejército, y el repertorio de instrumentos fiscales utilizados para tal fin. En segundo lugar, interesa examinar el destino de los fondos reunidos, y ponderar el peso relativo de los salarios de los enrolados en la maquinaria militar en la etapa previa al cruce de los Andes, y en la posterior, en cuanto permite estimar la gravitación creciente de la masa salarial en el Ejército de los Andes, y en el de Chile, con lo cual las evidencias reunidas resultan indicativas de las severas condiciones fiscales de los gobiernos patriotas para completar la campaña en el sur chileno, y muy especialmente, para entender las novedosas formas contractuales que animarían la expedición militar al Perú.
En trabajos anteriores se anticiparon asuntos relativos a los recursos ordinarios y de excepción que sirvieron a la formación del Ejército, y al peso de los salarios en el gasto militar (Bragoni 2005). En esta oportunidad, la investigación ofrece nuevas evidencias sobre la base de los presupuestos ejecutados correspondientes al trienio 1815-1818, en tanto permiten apreciar la proporción de los fondos transferidos por el gobierno central con sede en Buenos Aires y los originarios de los pueblos cuyanos bajo la administración del gobernador San Martín: la misma procede de las monumentales colecciones sanmartinianas, las cuales, raramente, han dado lugar a estudios específicos sobre los costos de la expedición.5 Tal abordaje permite precisar las fuentes de financiación del ejército, y muy especialmente desagregar la composición del gasto militar; ambos aspectos posibilitan echar luz sobre la información suministrada por Hoffmann (1952), quien había ofrecido algunos cálculos de los aportes del gobierno rioplatense a la campaña a Chile, a partir de informes oficiales posteriores. A su vez, el análisis del peso de los salarios militares en los presupuestos ejecutados habilita a trazar puntos de contacto y divergencias con los prevalecientes en el Ejército del Norte, sobre los cuales se dispone de indicadores relativamente comunes, basados primordialmente en la composición y distribución del gasto de la oficialidad y de la tropa.
1- Arbitrios, fondos y rubros de la Caja militar
En el curso de 1815, San Martín había puesto en marcha una serie de medidas para volcar en la Caja militar -como la llamaba- los recursos de la jurisdicción de su competencia, los cuales, conviene agregar, se habían visto afectados tanto por la competencia de los licores y vinos importados en Buenos Aires, la principal plaza de colocación de los caldos cuyanos, como por la restricción del comercio con Chile después de 1814. 7 Se calcula que hasta entonces los ingresos de la Aduana de Mendoza alcanzaban unos 140.000 pesos anuales, que se redujeron después de la ocupación realista de Chile a unos 40.000 pesos o menos (Barros Arana 1889: 317-318; Orenstein 1937: 302).
En buena medida, la leva y el adoctrinamiento de los hombres que debían integrar los cuerpos de línea, y las milicias cívicas que acompañarían la remonta cordillerana, le habían exigido a San Martín arbitrar un conjunto de estrategias destinadas a no alterar el desempeño de las economías locales, en vistas a evitar la reducción de eventuales fondos o recursos que debían ponerse al servicio de la empresa militar.
En efecto, el reclutamiento militar de la población masculina libre y esclava en la jurisdicción dio lugar a reclamos por parte de los sectores propietarios, y exigió al Gobernador Intendente proponer estímulos o incentivos para sostener la leva y maniobrar ante posibles resistencias. En lo que atañe a la población esclava, el gobierno apeló al rescate o compra de esclavos (prescripto por la Asamblea soberana), para lo cual dispuso la formación de una comisión de notables -integrada por un diputado de cada pueblo- que previó que sólo dos tercios de la “esclavatura” serían cedidos al Ejército, a excepción de los “brazos útiles para la labranza”, bajo un doble compromiso que preveía abonar a los propietarios un “justo valor” y que los esclavos formaran un batallón separado de los demás cuerpos y con la conducción de oficiales de las compañías de cívicos pardos. Asimismo, confeccionó un censo a partir del cual se establecía el “justo valor” de cada individuo en relación con los oficios o cualidades que ejercían (toneleros, zapateros, alfareros, sastres, labradores o gañanes). Dicho registro resultó eficaz para estipular la deuda que el Estado asumía con cada propietario y también para distribuir la presión fiscal proporcionalmente entre las ciudades cuyanas. A propósito de ello, Masini Calderón restituyó el detalle de los esclavos registrados por la comisión y brindó los siguientes cálculos: de los 710 esclavos rescatados, 482 eran originarios de Mendoza, 200 de San Juan y 28 de San Luis.
La política compensatoria se replicó en lo relativo a la extracción de mano de obra libre, la cual incluyó, primordialmente, reasignaciones de los sujetos comprendidos en los cuerpos de línea a las milicias, dado que las prácticas militares permitían combinar las labores agrícolas con el adoctrinamiento periódico (el cual suponía la asistencia obligatoria una vez por semana). De la incidencia de la obligación patriótica en la economía rural, daría cuenta el ciudadano Juan de Dios Correa en 1816 en los siguientes términos:
[…] que habiendo dictado a V.S. las angustiadas circunstancias del día la necesaria determinación de aplicar al exercicio de las armas los brazos que adelantan y protegen la agricultura del país, he sufrido yo más que ningún otro los efectos de esta disposición quedando mis haciendas yermas, y el trabajo inevitable solamente al cuidado del emigrado Manuel Silva (…) Su asistencia en mi hacienda es de una “necesidad absoluta”
El régimen financiero sanmartiniano contempló tres vías complementarias: los subsidios recibidos de la “Hacienda Nacional”, los gravámenes ordinarios y los gravámenes de excepción instituidos en la jurisdicción, que son representados en el cuadro nº 1. Sobre los primeros, vale destacar que los aportes y/o remesas enviados por el gobierno central pasaron de $5.000 en 1814 a $ 8.000 en 1816, $ 20.000 en agosto de 1816 y $ 30.000 en vísperas del cruce de los Andes.10 Eran ejecutados a través del giro de letras de cambio a plazo (no a la vista), con el objetivo, según Pueyrredón, de “no ser sorprendido”. Al respecto, vale considerar la modalidad ideada por el Director Supremo para cumplir con el citado monto ante los diversos compromisos fiscales: un tercio del monto acordado ($20.000) fue girado por vía del apoderado en pesos plata; en cambio, el resto fue conducido en valijas en dos cuotas de 4.000 pesos oro cada una, antes de cerrar el año 1816, para completar la promesa celebrada en la entrevista mantenida en Córdoba. Asimismo, resulta importante considerar los valores comprendidos en sueldos y equipos del Regimiento n° 8 (correspondiente a 900 plazas) que, según cálculos del mismo Pueyrredón, superaron los $ 18.000
En suma, y a la luz de la evidencia reunida, el apoyo del gobierno central a la expedición a Chile implicó una importante reasignación de fondos en materia militar, lo que condujo a disminuir el aporte al resto de las fuerzas movilizadas. A propósito de ello, resulta de interés indicar que al tiempo que Pueyrredón y su ministro ordenaban la emisión de letras al gobernador de Cuyo, y disponían el apresto de hombres y armas para sostener la expedición, se juzgó conveniente saldar la deuda con los oficiales del Ejército auxiliar del Perú tan sólo del último mes. No en vano el Director Supremo le expresaba a San Martín que la Caja de la Hacienda Nacional se hallaba exhausta frente a los reclamos de Belgrano, Salta, los propios de los ejércitos porteños y las legaciones exteriores de las flamantes Provincias Unidas ya declaradas libres e independientes del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli en julio de 1816.
Por otra parte, los gravámenes ordinarios heredados del régimen colonial incluían los derechos de alcabala, las licencias y patentes, la recaudación de las receptorías de las aduanas locales y otros ramos menores como el papel sellado. Además, debe incluirse la parte del diezmo que le correspondía al Rey y que ingresó en la Aduana de la Intendencia. Según la evidencia reunida, las alcabalas representaron $ 7.300 en 1815 (Orenstein 1937: 303). En cambio, los beneficios del diezmo fueron mayores: $10.500 en 1815. Su apropiación completa explica los persistentes, y frustrados, reclamos de las autoridades eclesiásticas de Córdoba por cobrarlos.12 A su vez, los ingresos por licencias y patentes de tiendas y pulperías representaron $ 1.147 en un año (Orenstein 1937: 303). Por último, la recaudación de las receptorías de aduana de San Juan y San Luis aportó para el año 1815 $ 22.000 y $ 6.000, y para el año 1816, $ 27.949 y $ 6.408, respectivamente (Barros Arana 1857: 470).
Las medidas excepcionales instrumentadas por el gobierno incluyeron un abanico de gravámenes a los “capitalistas”, a las corporaciones y al consumo popular. En relación con los primeros, impuso contribuciones extraordinarias a razón de 4 reales por cada 1.000 pesos de capital (que representaron $ 13.431 en el segundo semestre de 1815 sólo para Mendoza); dicha contribución se mantuvo a lo largo de 1816 y se hizo extensiva a los comerciantes exportadores no residentes. El aporte de los viticultores (productores y comercializadores de caldos) se tradujo en contribuciones voluntarias equivalentes a $2.449 entre julio de 1815 y marzo de 1816.13 En San Juan se donaron $14.242 en dinero, alhajas y especies para sostener tropa.14 Por su parte, el gobierno central exigió al gremio de los troperos y capataces de tropas la gratuidad o el costo mínimo del servicio de traslado de vituallas, y útiles en los meses previos a la partida del ejército.15 Además, en 1815 el gobernador requirió los capitales a censo del Convento de las Monjas de la Buena Esperanza ($ 1.025) y de las cofradías (la de Nuestra Señora del Rosario aportó $800), y hasta demandó a los mercedarios la entrega de la limosna para la redención de cautivos ($ 122)16. Al año siguiente, solicitó el capital vinculado a la creación de un colegio en la ciudad de Mendoza ($ 3.233) Asimismo, elevó el gravamen al abasto de carne ($ 5.939 en los años de 1815 y 1816); utilizó la multa como sanción para los peninsulares sospechosos y confiscó los bienes de los opositores que se habían fugado a Chile, algunos de ellos estratégicos.17 Finalmente, a principios de 1816 decretó la expropiación de los bienes de españoles europeos que morían sin sucesión. También dispuso la venta de tierras públicas ($ 4 la cuadra); alentó donaciones en dinero o víveres para alimento de la tropa (las contribuciones patrióticas representaron 8700 pesos) y recortó los salarios de la administración, lo que incluyó la reducción a la mitad de su propio sueldo.18 La financiación de la maquinaria militar se completó con la aprobación de una hipoteca “hecha de los fondos generales de hacienda de la provincia en favor de los prestamistas de 44.000 pesos”, distribuidos en $ 24.000 por Mendoza, $ 18.000 por San Juan y $ 2.000 por San Luis, a lo que sumó un préstamo de $ 20.000 otorgado por comerciantes de la plaza mendocina (Orenstein 1962: 19-20).
Aunque la descripción de los distintos recursos que fueron captados y confluyeron en la jurisdicción cuyana para dar forma al ejército es necesariamente incompleta, debido al estado fragmentario y disperso de las fuentes y otros problemas de registro, permite plantear algunas consideraciones. Al cotejar la proporción de fondos extraídos de la jurisdicción con los transferidos de la “Hacienda nacional”, se observa que resultaron prácticamente equivalentes para el primer año ($ 77.038 contra $ 60.000); no obstante, los aportes del gobierno central aumentaron más de la mitad al año siguiente (60%). Estos recursos parecen haber constituido un aparente alivio para las finanzas locales, ya que la presión fiscal sobre la jurisdicción cuyana aumentó un 43,80% en relación con el año anterior, representando un total de $ 110.785.
Además de brindar detalles de lo que cobraban los distintos miembros del Ejército Libertador, Bragoni y Pelagatti, entre otros importantes aportes, llegan a la conclusión señalando:
La opinión vertida por Pueyrredón en 1818 remite al agudo cuadro de situación de las arcas fiscales para sostener el ejército y la expedición militar al otro lado de la cordillera. Si en un comienzo, y como lo sugiere el epígrafe consignado en la introducción, el Director Supremo calculaba que el éxito de la campaña podía dar lugar a algún tipo de alivio a la crónica penuria fiscal, la prolongación de la guerra en el sur chileno demandó nuevos y mayores recursos.
En efecto, la restitución y análisis de los fondos del Ejercito de los Andes entre 1815 y 1818 pone de relieve, en primer lugar, la complementación de recursos extraídos o volcados de la jurisdicción (a través de gravámenes ordinarios y de excepción) y de los aportes o transferencias recibidos del gobierno central con sede en Buenos Aires, los cuales ganaron mayor centralidad en el segundo semestre de 1816. En efecto, el cotejo de los fondos extraídos de la jurisdicción entre 1815 y 1816 con los transferidos de la “Hacienda nacional” permite apreciar que en el primer año fueron relativamente equivalentes, en tanto las remesas y el financiamiento del regimiento n° 8 suministrados por Pueyrredón aumentaron más de la mitad al año siguiente (60%); tal situación parece haber aliviado sólo en parte la presión fiscal sobre las economías locales al aumentar un 43, 80% en relación con el año anterior.
A su vez, la evidencia reunida ha permitido apreciar el peso relativo de la masa salarial de los enrolados, de manera voluntaria o coactiva, en las filas del ejército, que para 1815 representa algo más del 70% de los egresos de la caja militar. No obstante, la observación de la evolución de los presupuestos del Ejército que siguió al éxito de Chacabuco pone de relieve, ante todo, el aumento del que fue objeto el rubro de los salarios y prest a partir de las exigencias de guerra (en 1818, el total del presupuesto estaba destinado a sueldos militares).
Estas condujeron, en función de la acuciante disponibilidad de recursos, a reducir los salarios de la oficialidad bajo promesa de ser restablecidos o compensados a través de aportes específicos. En contraste con la tendencia observada en las retribuciones de los oficiales, los salarios y prest de la tropa no resultaron afectados en el período examinado; dicho aspecto permite trazar un contrapunto con los retribuidos en el Ejército del Norte para 1817 en tanto, según los datos aportados por Halperín Donghi (1971), se vieron reducidos en beneficio de lo percibido por la extendida planta de su oficialidad. Las razones de tales incentivos materiales en el desempeño de la formación militar han sido puestas de manifiesto por la historiografía, que ha subrayado las dificultades que enfrentaban los ejércitos revolucionarios al ver reducidos los contingentes de hombres enrolados en las filas de sus batallones y regimientos por los efectos de la deserción (Abasolo 2002; Bragoni 2005; Rabinovich 2011). Dicho dilema encabezó la agenda gubernamental, y la de San Martín en particular, en tanto constituía un componente crucial de la “profesionalización” de la fuerza militar bajo su mando, que implicaba el cumplimiento del contrato militar celebrado entre la autoridad política (o “Estado”), bajo una modalidad “cuasi-política”, a la que se refirió Halperín Donghi oportunamente (1979; 1984), con el fin de evitar la deserción, o en su defecto, conceder a los desertores regulares amnistías, atemperar penas o esquivar suplicios en aras de preservar la composición de la fuerza militar. No en vano, la evocación de tales dispositivos en el desempeño del Ejército de los Andes, realizada setenta años después por el general Gerónimo Espejo, que integró el Estado Mayor, puso de relieve su eficacia relativa en la expedición a Chile: “los sueldos se pagaban con religiosidad y preferencia a todo otro gasto”, en tanto funcionaban como “resorte seguro para conservar la moral, corregir faltas y castigar con el último rigor los delitos en que llegue a incidir la mala índole de algunos hombres”.
