Juntos por el Cambio, que recibió quejas del sector inmobiliario, pidió avanzar con la media sanción de Diputados en un plenario de comisiones, pero el Frente de Todos se opuso y convocará a una nueva reunión con expositores mientras busca consensos internos para impulsar cambios. Paralelamente, sumarán a la discusión los alquileres temporarios y los créditos hipotecarios UVA.
La ley de alquileres entró en una encrucijada en el Senado. En un plenario de comisiones con fuertes cruces, Juntos por el Cambio pidió avanzar con el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el Frente de Todos se opuso y convocará a una nueva reunión con la participación de los actores afectados, mientras busca consensos internos para impulsar cambios.
La discusión comenzó este martes en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, donde la principal oposición reclamó “celeridad” en el tratamiento, después de escuchar a representantes del sector inmobiliario que advirtieron que el mercado locativo está “paralizado” desde que la Cámara baja aprobó la iniciativa.
Ese texto establece contratos de dos años en lugar de tres; ajustes que podrán realizarse entre cuatro y doce meses (actualmente son anuales); y un mecanismo de actualización a acordar entre las partes en base a uno o una combinación de índices oficiales.
A pesar de que en Juntos por el Cambio hay dudas sobre esos cambios, los legisladores se encolumnaron detrás del reclamo de las cámaras inmobiliarias. “Tenemos que darle la máxima celeridad y dar la solución posible. Tanto propietarios como inquilinos necesitan certezas”, planteó el radical Víctor Zimmermann.
En el mismo sentido se expresó Guadalupe Tagliaferri (PRO), con chicana incluida. “No podemos seguir dilatando más la angustia de ocho millones de argentinos. Ustedes (al oficialismo) son especialistas en tratar temas en dos minutos”.
Pero el Frente de Todos, que en Diputados votó en contra, se mantuvo firme en su postura. “Esta ley así no sale”, es el único acuerdo que hay, por ahora, en la bancada oficialista, donde ya hay propuestas de cambios presentadas por la camporista Anabel Fernández Sagasti y el misionero Maurice Closs.
“En ningún momento dijimos que el tema no era urgente, pero tenemos diferentes miradas en cuanto al contenido de la media sanción. Nosotros no estamos de acuerdo y se reflejó en la votación”, explicó Sagasti. Su par Juliana Di Tullio coincidió en que ese proyecto “no trae ninguna solución” y pidió “dar un debate más amplio” y “escuchar a todas las partes”.
Con esa idea, el Frente de Todos convocó a tratar, desde esta misma semana, dos temas paralelos: las reformas en los créditos UVA aprobadas en Diputados; y una iniciativa de La Cámpora para regular los alquileres temporarios.
El debate de este martes, que se desarrolló en un abarrotado Salón Illia, tuvo algunos picos de tensión, como cuando el radical Julio Martínez denunció que el kirchnerismo solo se interesa en los pliegos judiciales, entre los que se encuentra el de Ana María Figueroa para la Cámara de Casación Penal. “¡El Senado está a las órdenes de la agenda de venganza e impunidad de Cristina Kirchner!”, gritó.
Lo cierto es que ninguna de las dos principales fuerzas tiene asegurados los apoyos necesarios para imponer un dictamen, ni mucho menos para ganar en el recinto. La clave son los cinco peronistas de Unidad Federal y los aliados oficialistas Magdalena Solari Quintana (Misiones), Clara Vega (La Rioja) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Ríos Negro).
El jujeño Guillermo Snopek, titular de Unidad Federal, confió a la prensa acreditada que quiere hacerle modificaciones al proyecto de Diputados: contratos de tres años con actualizaciones semestrales bajo el índice de salarios. Pero en su bloque no hay una posición unánime y tampoco hubo, hasta el momento, contactos con el oficialismo.
Presión del sector inmobiliario
Antes del plenario de comisiones, los senadores de Juntos por el Cambio organizaron un encuentro con representantes del sector inmobiliario en el salón auditorio del Anexo del Senado para escuchar su postura y trasladarla al debate. Se encontraron con testimonios tajantes: los invitados exigieron darle una resolución urgente al tema porque, advirtieron, el mercado inmobiliario está “paralizado” por la media sanción de Diputados.
“Necesitamos una definición, saber si esto se va a lograr o no se va a lograr. Desde que se dio la media sanción, todos los propietarios frenaron sus contratos. Nadie quiere renovar los alquileres. Estamos peor que hace un mes atrás”, se quejó la cordobesa Virginia Manzotti, presidenta de los Colegios de Corredores Inmobiliarios en Argentina.
Marta Susana Liotto, del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, sentenció: “Esta incertidumbre es tan atroz como lo era antes con la ley vigente sin esta media sanción. Suenan sistemáticamente los teléfonos por parte de los propietarios y los inquilinos. Los contratos se están venciendo y lo único que podemos conseguir de los propietarios es una prórroga. Nosotros apuntamos a la contención, pero es incierto. Estamos vendiendo humo”.
Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, las autoridades consideraron que “la solución a todos los problemas no las tratan estas modificaciones, pero sí urge tratarlas” porque el proyecto aprobado en la Cámara baja “generó una paralización del mercado inmobiliario”.
Juan Carlos Donsanto, del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, coincidió: “Necesitamos que se expidan por sí o por no, porque a esta altura hay mucha gente que, ante la media sanción, decidió retirar el bien”.
Ubicados en la cabecera del salón, los senadores Luis Naidenoff, Carolina Losada, Mariana Juri y Edith Terenzi aclararon que la solución no depende solo de Juntos por el Cambio, porque no tiene mayoría en el Senado.
“Sabemos que la situación es muy crítica para los locadores y para los inquilinos por el proceso inflacionario y los efectos de la ley. Vamos a avanzar en lo que se aprobó en Diputados, en tanto y en cuanto sea factible, porque depende de los números”, se atajó Naidenoff. Losada, autora de un proyecto para derogar la ley vigente, reconoció que esa alternativa “no es posible” en el Senado.