Los principales factores que desalentaron la participación fueron la obligación de estar en Precios Justos y el tipo de cambio fijo en $300, sin un mecanismo de actualización.
Aunque el sector vitivinícola miró con buenos ojos el anuncio del “dólar agro”, desde un primer momento advirtió que había cuestiones en su implementación que, de no resolverse, iban a dificultar que la iniciativa del Gobierno nacional tuviera los resultados que se pretendían. Y, efectivamente, a casi tres meses de su entrada en vigencia, son menos de 20 las bodegas que accedieron a este tipo de cambio diferencial.
Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, comentó que tuvieron una reunión con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y que si bien había una diferencia en los números de Coviar y Nación, han sido menos de 20 las bodegas que se inscribieron en el Programa de Incremento Exportador (PIE), de más de 350 en todo el país.
González mencionó que lo que más desalentó la participación fue el hecho de que se estableciera como requisito, por parte de la Secretaría de Comercio, participar en el programa Precios Justos, con todas las etiquetas y un aumento mensual autorizado del 1% al 3%. “Planteamos la desazón de haberle puesto tanta energía a algo que pensamos que iba a darle competitividad al sector”, expresó.
Detalló que desde el Gobierno nacional manifestaron que iban a revisar la situación, mientras desde Coviar insistieron en la primera medida que propusieron -antes de sugerir la posibilidad de un tipo de cambio diferencial- de que se eliminen las retenciones. Esto último ya ha sido mencionado en el marco de la candidatura presidencial de Sergio Massa.
Otra de las objeciones al programa fue que, pese que para las economías regionales está vigente desde los primeros días de abril hasta el 31 de agosto -para el caso de la soja, el período era más acotado-, no se previó un mecanismo de actualización del tipo de cambio. Lo cierto es que el dólar oficial ya alcanzó los $267, por lo que la diferencia con los $300 que fijó el Gobierno nacional, y aún restan más de dos meses para que venza.
El presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Fabián Ruggeri, planteó que, si se completa todo el proceso de venta y exportación en este momento, la empresa se queda atada a esa cotización y es muy probable que, cuando cobre, el dólar oficial ya haya superado los $300, por lo que no tiene sentido. Y reiteró que, desde el inicio, insistieron en que las economías regionales necesitaban un plazo más extenso, de 12 meses como mínimo, y que el tipo de cambio se ajustara por inflación.
Como estas sugerencias no fueron incorporadas al programa, han sido muy pocas las bodegas que se pudieron inscribir -coincidió en que menos de 20-, por lo que no se cumplió el objetivo primario de la iniciativa, que era que, por efecto cascada o derrame, el beneficio llegara al productor, tan afectado por las contingencias climáticas la temporada pasada.
A esto se sumó que hubo dificultades operativas y que varias empresas tuvieron que completar una serie de trámites, como la inclusión en el programa Precios Justos, hasta quedarse incluso sin una respuesta. De hecho, a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) le tomó un buen tiempo lograr inscribirse en el de Incremento Exportador y recién está en el proceso de preparar las exportaciones.
Sobre esto, Ruggeri resaltó que, en más de una oportunidad, explicaron que, a diferencia de lo que sucede con la soja, que, una vez que se definen condiciones favorables, se puede exportar casi de inmediato, con el vino se debe contactar al cliente, procesar la orden de pedido, acordar un precio, pedir los insumos (botella, corcho, etiqueta), hacer el corte, envasar el vino y contratar el flete; lo que puede tomar semanas.
Otra de las finalidades que perseguía la propuesta del Gobierno nacional era, como su nombre lo indica, favorecer las exportaciones y, con ello, el ingreso de divisas. En el caso de la vitivinicultura, lejos de eso, en los primeros cinco meses del año las exportaciones de vino acumulan una caída del 29% en comparación con el mismo periodo de 2022 (según los datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Y si a esto se suma que los despachos a mercado interno también han tenido un descenso acumulado, entre enero y mayo, del 10%, se entiende la preocupación que empieza a afianzarse en el sector porque, pese a que la 2023 fue la cosecha más baja de la que se tengan registros, se está cerca de alcanzar un sobrestock; lo que, desde la industria califican de “increíble”.
La presidente de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, comentó que desde el Gobierno nacional -la entidad mantuvo diversas reuniones con funcionarios nacionales- se había deslizado la posibilidad de que hubiera una actualización del tipo de cambio en junio. Pero el mes ya está terminando y, si sirve de referencia, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, manifestó que no está prevista una nueva edición del dólar soja.
Ortiz coincidió en que fueron muy pocas las bodegas que ingresaron al programa, no sólo porque el tipo de cambio de $300 fue quedando atrasado, sino porque entre los requisitos estaba que cada empresa incluyera todas las etiquetas que comercializa en el mercado interno en el programa Precios Justos. Además, porque, por ser un plazo tan corto el de liquidación -frente a un proceso de venta y cobro muy extenso-, se necesita una prefinanciación y no se permite que sea de un banco argentino, pero casi ninguna firma local puede acceder a uno en el exterior.
“No hubo mucha aceptación y fueron muy pocas las bodegas que sí entraron al programa. En el sector ya ni se habla de eso”, expresó la titular de Bodegas de Argentina. De hecho, ahora la entidad se ha enfocado en lograr que se agilicen las Sira y las Sirase, es decir, las autorizaciones para la importación de bienes y el pago de servicios prestados por empresas del exterior.
Esto, porque se están dando casos en los que, como las firmas extranjeras no pueden cobrar por las acciones de marketing que desarrollaron, les están descontando ese importe y lo deducen de la factura; pero los exportadores locales necesitan poder facturar todo. Ortiz comentó que mantuvieron reuniones con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para explicarle esto y ya se han autorizado algunas Sirase, aunque aún no hay fecha de pago.
