A través de uno de los gremios del sector, pidieron por escrito retomar las negociaciones por efecto de la inflación.
El gremio docente AMET le pidió formalmente al Gobierno provincial retomar las paritarias, para discutir un nuevo incremento salarial. Las autoridades provinciales vienen de concederle al sector una suba del 71% y comprometerse a retomar la discusión en el séptimo mes del año, por lo que es casi un hecho que se volverán a reunir.
La nota de AMET ingresó esta semana a los ministerios de Educación y Hacienda, que son los dos que participan de la negociación salarial con maestros y profesores. Las autoridades tienen 15 días para contestar, por lo que el reencuentro quedará para julio, como habían pactado inicialmente.
El tema central a tratar son los salarios. Los docentes consiguieron un incremento en tramos del 71% a septiembre y aunque la inflación acumulada este año está lejos de esa cifra, dan por hecho que en la segunda parte del año será superada y quieren tener previsibilidad para lo que queda de 2023 y asegurarse no perder frente a la escalada de precios.
Además de AMET, en la mesa de paritarias se sientan los gremios UDAP y UDA. El titular del primero, que fue quien oficializó el pedido de reapertura, no quiso adelantarse a cuál podría ser el aumento que soliciten.
“No podemos hablar a esta altura de un pedido puntual, veremos en ese momento”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que “la referencia que tenemos es el 26% de la paritaria nacional, esa será la base y de ahí tenemos que analizar cuánto más pedimos”.
El aumento que dio la gestión uñaquista en marzo fue el mejor del país en el sector estatal. Los docentes sanjuaninos recibieron un 41,1% hasta el tercer mes del año, un 10% más a partir de abril, 10% en julio y la misma cifra en septiembre, además de un complemento que garantizo que ningún docente perciba menos de $180 mil.
El proceso tuvo de cuota de conflictividad, que derivó en 17 días de paro por parte de los autoconvocados. Salieron a la calle en disconformidad con las propuestas que iba planteando el Gobierno y con las cúpulas de UDAP, UDA y AMET, a las que acusaron de no ser representativas y no consultar con las bases antes de acordar con las autoridades provinciales.
