Con el presbítero Gómez pusieron unos $20 mil para la defensa de Walter Bustos. Los dos tienen injerencia en el proceso de investigación interna contra el religioso.
Un grupo de sacerdotes aportó dinero en 2018 para pagar los honorarios de uno de los abogados que defendió al cura Walter Bustos en la causa penal donde recientemente fue condenado a prisión condicional por abusar de un sobrino que era menor de edad. Al menos así se desprende del expediente que confeccionó el propio Arzobispado y que fue secuestrado la semana pasada por la Justicia Penal. Entre ellos aparecen el obispo Jorge Lozano y el presbítero David Gómez y el desembolso lo hicieron al día siguiente de que la Iglesia le tomara declaración a otro joven que asegura haber sido víctima del mismo religioso, a pesar de que los dos son determinantes en el proceso interno que se abrió para decidir su suerte.
A medida que la investigación judicial contra el cura Bustos avanza, los ribetes de escándalo van ganando terreno. En los últimos días aparecieron pruebas que ponen en tela de juicio el rol del Arzobispado una vez que se enteró de las denuncias que posteriormente se convirtieron en procesos penales que ponen el sacerdote contra las cuerdas.
Todo comenzó en 2017, cuando Bustos fue denunciado por abusar de dos hermanos que son sus sobrinos y que en ese entonces eran menores de edad. El 30 de mayo de este año, el religioso fue absuelto por el beneficio de la duda en un caso y condenado a 1 años y 8 meses de prisión por el otro, aunque se especula que su abogado defensor apelará.
Días antes de la condena, un hombre que vive en Valle Fértil se presentó en la Justicia y denunció que en el año 2017, cuando tenía 15 años nada más, también había sido abusado por el cura cuando era párroco en aquel departamento. Actualmente hay en marcha una causa a cargo de la UFI ANIVI por ese presunto hecho y el cura permanece con prisión preventiva.
Este lunes trascendió un hecho que podría poner en una situación incómoda y sobre el tapete al Arzobispado y sus autoridades. Fuentes judiciales aseguraron que el 25 y el 26 de noviembre de 2018, Lozano y Gómez aportaron fondos para costear los honorarios del abogado que en ese entonces defendía al sacerdote en el caso que habían sacado a la luz sus sobrinos.
La información forma parte del expediente que el Ministerio Público secuestró en el allanamiento que hizo el último viernes en la sede del Arzobispado, con el objetivo de conseguir información que podría ser clave para acreditar el segundo hecho que le imputan a Bustos. En ese expediente, aparentemente, constan todas las actuaciones de la entidad religiosa referida a los ultrajes que habría protagonizado el polémico cura.
Las fuentes revelaron que entre ambos sacerdotes reunieron unos $20 mil. Por aquellos días, Bustos estaba detenido, a la espera de ser procesado o no por el juez Guillermo Adárvez y su abogado defensor era Juan Bautista Bueno, que luego renunció a esa tarea.
Algo que llama la atención es que unas horas antes de poner ese dinero, el 24 de octubre de 2018, Gómez había escuchado en vivo y en directo el tremendo relato del hombre que también decía ser víctima de su colega cuando era párroco de Valle Fértil. Angustiado y sin saber qué hacer, sin estar convencido de exponer todo en la Justicia, el denunciante prefirió ir primero a la Iglesia a contar lo que le había pasado, la institución abrió un expediente interno y ese día le tomaron declaración.
No hay nada que le impida a una persona cualquiera, tampoco a un cura que se sepa, pagar el abogado defensor de un tercero. Sin embargo, dependiendo del cargo o el vínculo con el caso, tal como sucede en los procedimientos judiciales, cabe un par de preguntas. ¿Está bien que Gómez pusiera dinero siendo que él mismo, como juez eclesiástico, estaba investigando a Bustos por el nuevo hecho? ¿Está bien que el obispo Lozano hiciera lo mismo cuando fue él mismo quien decretó la apertura del proceso penal canónico que puede terminar o no en un castigo para el cura denunciado? ¿Son verdaderamente imparciales?
Para entenderlo, bien vale poner un ejemplo en el Poder Judicial. ¿Estaría bien que un fiscal, que investiga, o un juez, que dictamina, paguen el abogado defensor de un acusado en una causa en la que ellos mismos intervienen?
El dato está precedido de otro que alimenta sospechas en el seno de la Justicia Penal. Las fuentes aseguran que en el acta de declaración que confeccionó Gómez, a la presunta víctima le hicieron firmar un juramento de que tenía que mantener todo en secreto. A raíz de eso, el fiscal Mario Paneta no descarta que haya existido un intento de persuasión de las autoridades religiosas para que el hombre no denunciara el abuso en los tribunales ordinarios y que, de esta forma, hayan cometido el delito de coacción.
Debido a esas sospechas, el obispo y sus colaboradores brindaron este lunes una conferencia de prensa para aclarar las dudas. Gómez negó cualquier intento por tapar el hecho que finalmente tomó estado público este año con la denuncia penal del hombre que reside en Valle Fértil y aclaró que el juramento de secreto les cabe solamente a los curas que participaron de la investigación que hizo el Arzobispado.
