26 de mayo de 2024

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Cobró subsidios del Estado por 10 años porque fingió ser hijo de desaparecidos

Adrián Martínez Moreira se presenta dice haber sido apropiado por un militar argentino durante la última dictadura en Paraguay. Foto: Gentileza
Adrián Martínez Moreira se presenta dice haber sido apropiado por un militar argentino durante la última dictadura en Paraguay. Foto: Gentileza

Se trata de Adrián Martínez Moreira, quien fue acusado, junto a otras cuatro personas, por asociación ilícita, falso testimonio y fraude. Además, se ofrecían como abogados para representar a víctimas reales de la dictadura. Se encontraron expedientes con documentos falsos y testimonios adulterados.

La Justicia procesó este miércoles a Adrián Martínez Moreira por integrar una banda criminal que se dedicaba a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad con el objetivo de recibir una indemnización económica. La jueza María Eugenia Capuchetti lo acusó junto a cuatro cómplices por estafa, falso testimonio y fraude a la administración pública, indicó Télam.

La medida la adoptó el juzgado federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires y recayó sobre Adrián Martínez Moreira, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En el caso de Martínez Moreira el procesamiento es por “62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública junto a otras cuatro personas”.

En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos.

“A través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos”, puntualizaron desde la dependencia que dirige Horacio Pietragalla Corti.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.

“De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”, remarcaron.

Martínez Moreira en la tapa de Página 12 tras la causa sobre el Plan Cóndor en 2013. Foto: Página 12
Martínez Moreira en la tapa de Página 12 tras la causa sobre el Plan Cóndor en 2013. Foto: Página 12

LA IDENTIDAD DE MARTÍNEZ MOREIRA

De acuerdo con su DNI, su nombre completo es Adrían Martínez Moreira, nacido en 1986. Sin embargo, el director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Federico Efón, informó que “su verdadero nombre es Matías Ezequiel López y nació en 1993″.

El acusado se presenta desde hace al menos 10 años como hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habría sido desaparecida en Paraguay durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner en ese país. Según su historia, Moreira habría sido apropiado -junto a su hermana- por un militar argentino que colaboraba con las fuerzas armadas del país vecino en 1988.

Además, dice ser sociólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires y, acompañado por Omar García, se presentaba como abogado para representar a víctimas reales ante el Estado.

Su relato comenzó a llamar la atención de la Justicia cuando, en una declaración testimonial durante la causa sobre el Plan Cóndor en 2013, presentó una declaración adulterada de una víctima real de la última dictadura argentina, Adriana Calvo, cuyo testimonio en el Juicio de las Juntas causó gran conmoción.

El fraude no fue percibido hasta tiempo más tarde, ya que Calvo había fallecido en 2010 y Moreira justificó que la declaración fue brindada por la misma ante la justicia alemana en 1999. Asimismo, se hallaron otros documentos en expedientes con nombres de víctimas falsas y diversos relatos adulterados.

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