Recordemos que el gobernador de San Juan, no acompañó la iniciativa del Presidente Fernández y por eso fue criticado por el kirchnerista José Luis Gioja.
Cuando a principios de enero el Presidente Alberto Fernández organizó una reunión en Casa Rosada para solicitar el apoyo de gobernadores del PJ para avanzar en el jucios contra la Corte, el mandatario de San Juan, Sergio Uñac, no asistió. Desde su entorno rápidamente explicaron que no está de acuerdo con la movida presidencial contra la Corte. Esta postura le ganó las críticas del diputado nacional kirchnerista José Luis Gioja.
Hoy, un grupo en el que se encuentran la flora y nata del empresariado nacional, se expresaron en el mismo sentido que Uñac indicando que el juico va a impactar negativamente en la economía del país mediante una carta que enviaron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en la que piden que se retire el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia porque, entre otros argumentos, “pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.
Los empresarios destacan la necesidad de mantener el “respeto” de la división de poderes y señalan que “iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional”.
Asimismo, los ejecutivos de las principales compañías del país advirtieron que el proceso de enjuiciamiento de los cortesanos, “además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.
Entre las firmas del texto de 17 páginas hay varios nombres destacados como los de Enrique Cristofani, Roberto Murchison, Santiago Mignone, Guillermo Lipera, Juan Vaquer, Cartellone, Alejandro Elsztain; juristas cómo Alejandro Carrió, el presidente del colegio de abogados de la Ciudad, Alberto Garay, entre otros.
Y se preguntan: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”
También firmaron la carta Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, Gastón Remy, Roberto Murchison, Claudio Cesario, Guibert Englebienne (Globant) , Antonio Estrany y Gendre, Luis Bameule (AEA) Mariano Bosch, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Facundo Gómez Minujin (presidente de Amcham) Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Javier Goñi (Ledesma) Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge , Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval).
Hace dos días, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se sumó en las últimas horas a la ola de rechazos políticos, empresarios y civiles al “intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema”, un proyecto que ya ingresó en la Cámara baja y que el oficialismo pretende exprimir para tratar de esmerilar a los cuatro miembros del máximo tribunal.
La avanzada contra la Corte le valió al Gobierno, de hecho, no solo un repudio de la oposición y de empresarios, sino también de organizaciones como Human Rights Watch, que resaltó que el intento de juicio político “socava el Estado de Derecho”.
La carta completa de los empresarios contra el juicio a la corte
Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.
Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?
Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas.
