María Carolina Pereira (San Luis) y Jaime Diaz Gavier (Córdoba) remplazarán a Héctor Cortés, Pablo Salinas, del Tribunal Oral Federal Número 2. Ellos se sumarán a Eliana Rattá, de San Juan. Todavía podría haber nuevos recambios.
Continúa la danza de nombres en la Justicia Federal para constituir el tribunal que deberá juzgar al juez Walter Bento por coimas y lavado de dinero, entre otras causas.
De acuerdo con la última designación de magistrados dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal (resolución 65/23) en la causa caratulada como “Ortega Luciano Edgardo y otros sobre asociación ilícita, cohecho, cohecho activo, falso testimonio, falsedad ideológica, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y prevaricato”, que involucra a 29 personas en total, deberán intervenir en el proceso los jueces María Carolina Pereira (San Luis) y Jaime Diaz Gavier (Córdoba).
Esta resolución acepta las inhibiciones de dos magistrados de otras provincias que ocupaban esos lugares: Daniel Doffo y Raúl Fourcade.
Por otro lado, quien hasta el momento sigue en el tribunal, junto a los dos nuevos jueces designados es Eliana Rattá de San Juan.
La causa penal contra Bento fue elevada a juicio en noviembre del año pasado por el magistrado de San Rafael Eduardo Puigdéngolas y desde entonces comenzó la búsqueda de magistrados.
Inicialmente la responsabilidad de juzgar a su colega recayó en los integrantes del Tribunal Federal Número 2, Héctor Cortés, Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff. Pero los jueces locales se inhibieron, por distintas razones, dando paso a la integración del tribunal con magistrados de la región.
La sucesión de inhiciones y recusaciones son resueltas por los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. Y ese proceso aún no termina.
“Todavía hay tiempo para que se interpongan más recusaciones o inhibiones”, señalaron a Los Andes fuentes ligadas a la causa, que además señalaron que el tiempo para las definiciones podría variar: “Hay dos teorías, una es que hay plazo hasta el jueves y otra es que el plazo es de 10 días más”, puntualizó la fuente.
Incluso se indicó que está pendiente una recusación contra el fiscal de causa, Dante Vega, quien comandó la investigación a Bento junto a fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
