Rechazó el último intento de una ONG para ser querellante. El presidente y su pareja acordaron “reparar el daño” con un pago de dinero.
La Corte Suprema de Justicia golpeó el último clavo sobre la tapa que había dejado casi cerrada la causa judicial por uno de los escándalos más grandes del gobierno de Alberto Fernández, hasta la presente secuencia de los casos Chocolate-Batakis-Insaurralde.
Hablamos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta, de la que según las fotos difundidas un año después participó su pareja, el presidente de la Nación y una decena de amigos. ¿El detalle? En ese momento -julio de 2020- estaban estrictamente prohibidos los encuentros sociales, según un decreto firmado por el propio anfitrión del festejo en la residencia oficial.
La causa judicial abierta por la violación de aquel DNU tuvo un derrotero sinuoso pero bastante breve, hasta que el juez de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la propuesta de Fabiola y Alberto para cerrar el caso con el pago de una “reparación integral” de tres millones de pesos ($ 1,6 millones Alberto Fernández y $ 1,4 millones Fabiola Yañez), que sería destinado a la compra de equipamientos médicos para el hospital Garrahan.
El fiscal Fernando Domínguez había aceptado el acuerdo, por lo que ya no quedaban objeciones para cerrar la causa, hasta que la Asociación Civil Republicana para la Justicia se presentó en los tribunales como pretensa querellante en calidad de “particular ofendido”. Si la aceptaban, como parte del expediente podía rechazar el acuerdo cerrado por el presidente.
Pero su pretensión fue denegada en las sucesivas instancias, y la última, esta semana fue la Corte. Con ese no, el caso por la violación de la cuarentena queda definitivamente cerrado.
“No hubo tratamientos especiales”
“Era lo que formalmente faltaba para cerrar la causa en forma definitiva”, dice a Clarín el abogado de Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello. “La causa tuvo un gran impacto político, mediático, social y judicial. y era lógico que así fuera. Desde lo social fue razonable la bronca e indignación de la gente: el error fue cometido y eso está fuera de todo análisis”, admite el defensor.
“Ahora bien, a mí -que soy un profesional del derecho ajeno a la política partidaria- se me convocó para solucionar el problema desde lo legal, y lo hice con total eficiencia: ofrecimos la reparación integral, la acordamos con el fiscal y logramos que el juez la admitiera”, enumera Fioribello.
“Ojo, era exactamente lo mismo que había hecho en tantas otras causas por el mismo delito, ni más ni menos. No hubo tratamientos especiales en nada. Eso lo aseguro. Repito: comprendo el enojo de mucha gente y más en estos momentos de crispación social generalizada. Pero según la aplicación de la ley era lo que correspondía hacer”, cierra el abogado.
