El máximo tribunal protagonizó una insólita marcha y contramarcha con un proyecto que proponía mejorar el sueldo de empleados judiciales, jueces y fiscales.
Todavía persisten las dudas, aunque en Tribunales intentaron echar algo de luz acerca de las idas y venidas de la Corte de Justicia con el proyecto de ley que presentó en la Legislatura a fines de 2022 para mejorar el sueldo de empleados, jueces y fiscales y que luego mandó a retirar. Los cortistas ya en diciembre se arrepintieron y pidieron verbalmente que no se tratara, pensando que con eso bastaba. Pero desconocían que los proyectos tienen dos años de estado parlamentario y que, en consecuencia, la iniciativa en cuestión se iba a retomar en este nuevo periodo si no había una voluntad expresa para que se diera de baja.
Todo salió a la luz cuando tomó estado público que en la Cámara de Diputados había un proyecto de ley enviado por la Corte de Justicia para subir la antigüedad que perciben los empleados judiciales, incluyendo a jueces y fiscales. Consistía en llevar de 2% al 5% el adicional, lo que hubiera significado que los magistrados embolsaran un extraordinario aumento.
La iniciativa entró en diciembre al parlamento sanjuanino, cuando el presidente de la Corte de Justicia era Juan José Victoria. En ese momento, confiaron fuentes calificadas del Poder Judicial, desde el Ejecutivo hicieron ver el gasto que significaba, que los jueces y fiscales son los que más cobran en todo el Estado provincial y que una mejora extra para ellos en el contexto de crisis que atraviesa el país hubiera sido difícil de digerir socialmente. Por eso, aseguraron, desde el segundo piso de Tribunales dieron marcha atrás, se comunicaron con la Legislatura y solicitaron que no se trate.
Para desgracia de los cortistas, los proyectos de ley tienen dos años de estado parlamentario y si quedan pendientes de tratamiento, se retoman en forma automática al año siguiente. En el máximo tribunal creían que el estado parlamentario duraba un año, como era en la antigüedad, y se confiaron en que el tema ya era historia.
Este miércoles se supo públicamente de la existencia del proyecto y la primera reacción que hubo en la Corte fue de sorpresa, ya que entendían que en diciembre había quedado en la nada por no haber sido tratado. Nada de eso. Seguía vivo y, como lo dicta el procedimiento parlamentario, en la sesión de este jueves iba a ser girado a comisión para su análisis.
Enterado de la situación, Guillermo De Sanctis, el actual presidente de la Corte de Justicia mandó un escrito a primera hora de la mañana a la Legislatura pidiendo que la iniciativa sea eliminada del temario. Y así fue.
El tema motivó que De Sanctis llamara a una reunión urgente a sus compañeros de cuerpo. Ninguno habló oficialmente, pero algunas voces en off intentaron contrarrestar especulaciones y aclararon que ni Victoria ni el actual presidente actuaron en forma unilateral, sino que el envío en su momento del proyecto y el pedido de retiro fueron consensuados. Fue una forma de transmitir que actúan en forma institucional y coordinada, aunque no efectiva.
La publicidad del proyecto instaló, al menos por unas horas, un tema muy sensible como la remuneración de los jueces en un momento poco oportuno, con la campaña electoral en pleno desarrollo. Nada de eso hubiera pasado si en el máximo tribunal advertían a tiempo que el estado parlamentario se mantiene por dos años o si, en diciembre, mandaban una nota formal para desistir en lugar de un mero pedido de no tratamiento.
