Morales responsabilizó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. No aprobaron los artículos a los que ponían reparos los pueblos originarios.
En medio de gravísimos incidentes, manifestantes intentaron este martes prender fuego la Legislatura de Jujuy, mientras el gobierno de Gerardo Morales avanzó con la modificación de artículos de la nueva Constitución provincial.
La Asamblea Constituyente de Jujuy tiene previsto jurar este martes por la tarde la reforma parcial de la Carta Magna provincial, mientras en las afueras del edificio se registraron piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos. Los manifestantes tiraron las vallas que protegían el edificio público y hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo con la Policía.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario provincial responsabilizó al presidente Alberto Fernández y a la vice Cristina Kirchner por la “extrema violencia” que se registra en Jujuy.
“Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”, tuiteó Morales.
Mientras los legisladores se encontraban sesionando, presididos por Morales, un grupo de personas encapuchadas vandalizaron el edificio público, intentaron ingresar por unas ventanas y provocaron un incendio dentro de las oficinas legislativas.
Además, dieron vuelta dos vehículos, prendieron fuego otro auto y continúan con una incesante lluvia de piedras contra los efectivos de seguridad. Los efectivos de Infantería avanzaron sobre los violentos manifestantes, lograron despejar las inmediaciones de la Legislatura, pero se reagruparon y volvieron a los enfrentamientos.
La reforma de la Carta Magna finalmente fue aprobada por los convencionales constituyentes, con los cambios de los artículos el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción”, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.
En tanto, los cortes de ruta provinciales y nacionales continúan en más de 20 puntos del territorio jujeño, donde además de los pueblos originarios que se encuentran protestando también hay presentes dirigentes de izquierda, de agrupaciones kirchneristas y de la Unidad Piquetera.
Alejandro Nieva, presidente de la comisión redactora de la reforma constitucional, apuntó a “grupos de izquierda y kirchneristas” por los incidentes que se producen en los alrededores de la Legislatura.
“El gobernador anunció, lo hicimos hoy, volver al texto original -que se aprobó- es decir se sacó la reforma proyectada en el artículo 50 en lo que hace a la propiedad privada y queda tal cual estaba redactado antes”, expresó.
Nieva se refirió al artículo sobre la “paz social” que despertó el rechazo de estos grupos que protagonizan los incidentes. “Esto se ha escrito y han cabalgado estos grupos de izquierda que tienen como metodología la protesta violenta”, agregó.
En principio, la jura estaba prevista para las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la Cuidad de San Salvador de Jujuy, según adelantaron la semana pasada fuentes oficiales. Mientras que los gremios docentes, en su tercera semana de paro, pidieron que se suspenda la jura, durante una conferencia de prensa, donde también rechazaron la reforma de la Carta Magna.
El mandatario provincial ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, que “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”, que despertó un rechazo y generó protestas.
“No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas”, señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma, que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.
El precandidato presidencial defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, “está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos”, y aseguró que ese punto de la reforma “no se modifica”.
“Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es”, apuntó.
El mencionado artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, señala en su tercer inciso que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros”, para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar “la libre circulación de las personas”.
La aprobación de la reforma parcial constitucional aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma”.
La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que “no se encuentra garantizado el derecho a la protesta” en Jujuy y que “hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose”, por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.
Su titular, Horacio Pietragalla Corti, viajó a la provincia y señaló este martes que hay “mucho malestar” en la provincia y que habrá movilizaciones en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador.
“Es una reforma Constitucional que se trató en menos de un mes, con temas muy sensibles, donde hay temas de pueblos originarios y donde no hubo consulta a la mayoría de los pueblos”, expresó el secretario de Derechos Humanos de La Nación en radio Splendid.
La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep), Silvia Vélez, respaldó las medidas de fuerza que el sector docente sostiene desde hace quince días con paro por tiempo indeterminado, en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a la “reforma constitucional exprés”.
En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.
Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron “la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño” y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales.
