Deberá pagar 1.330 millones de euros, unos U$S 1.500 millones más intereses por mentir con el nivel de crecimiento de la economía y evitar pagar los bonos atados al PBI.
La semana pasada se perdió el juicio en primera instancia por la expropiación de YPF que hizo el kirchnerismo cuando Cristina Fernández era presidente y Axel Kicillof ministro de Economía.
Ahora perdimos otro juicio en el Tribunal Superior de Londres y Argentina deberá pagar 1.330 millones de euros (unos US$ 1.500 millones) más intereses, en una demanda vinculada a las mediciones de las estadísticas oficiales sobre el índice de PBI durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que eran dueños de cupones atados al PBI que Argentina emitió en 2005 luego del default, demandaron a la Argentina en 2019 por hasta 643 millones de euros. La causa: un cambio en la forma de contabilizar el PBI los había dejado sin el pago anual al que estaba obligada la Argentina si el país crecía por encima de cierto nivel.
En las últimas horas, el juez Simon Picken falló a favor de estos cuatro fondos de inversión. Precisó que el país deberá pagar no solo esos 643 millones de euros más intereses calculados desde 2014, sino que deberá desembolsar un total de 1.330 millones de euros que corresponden a la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48% de los cupones emitidos en 2005 y 2010.
“La sentencia es obviamente significativa. Vamos a solicitar una suspensión de la ejecución”, dijo el abogado de Argentina en el tribunal, según publicó la agencia Bloomberg. Argentina también apelará la sentencia.
En 2014, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se informó un crecimiento anual del PBI del año anterior apenas menor al 3,25%, nivel que habilitaba el pago anual a los tenedores de dichos bonos. El pago por el crecimiento de 2013 debía hacerse efectivo a fines de 2014.
Pero, luego, Economía aseguró que tenía que cambiar la forma en que medía el PBI, porque la anterior ya no reflejaba con precisión la economía del país. Entre otras razones que generaron las distorsiones, la principal fue la manipulación del IPC, por cuenta y orden de Guillermo Moreno.
Al dibujar para abajo este índice, indirectamente inflaba el PBI, lo que terminaba gatillando el pago anual a favor de los dueños de los cupones PBI. El cambio de Kicillof hizo que el PBI de 2004 quedara por debajo del 3,2% necesario para el pago del cupón.
Los abogados de Argentina habían dicho que los cambios en la medición del PBI eran parte necesaria del proceso de creación de un plan de deuda sostenible para la nación. Sin los cambios, los rendimientos de los bonos se guiarían por una medida obsoleta de crecimiento hasta 2035 y estarían divorciados del rendimiento económico real del país, argumentaron.
En julio de 2020, la jueza Sara Cockerill, en un fallo emitido en el Tribunal Superior de Londres, había desestimado la solicitud de Argentina para detener los procedimientos, allanando el camino para que se lleve a cabo un juicio completo.
En Nueva York hay otra demanda similar, que tiene a los cupones atados al PBI como foco y unos US$ 415 millones en juego. En este caso, el demandante es el fondo Aurelius, y el juzgado que deberá tratar el caso es el de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de Loretta Preska, la misma que esta semana falló contra la Argentina en el caso de la expropiación de la petrolera YPF.
