El aumento comprende también las pensiones y las prestaciones sociales, como AUH y Asignaciones Familiares.
El aumento de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales - que abarca a un universo de 17 millones de personas - entre septiembre y noviembre rondaría el 24%, más un adicional o refuerzo que aún resta definir tanto en su alcance y valor. En el Gobierno analizan incorporar ese refuerzo al haber corriente.
El aumento de la movilidad de esos meses se anunciaría el próximo jueves10 de agosto de acuerdo al calendario fijado a comienzos del año cuando el INDEC informe el Índice de Salarios de junio, una de las variables que falta conocer para terminar de calcular el porcentaje de suba de los haberes.
La jubilación mínima es hoy de $ 70.938 (brutos) más $ 20.000 de bono. En total $ 90.938. Con una movilidad del 24%, la jubilación mínima pasaría a $ 87.963. Así, sin bono, el jubilado o pensionado de haberes mínimos cobraría menos nominalmente que en junio-agosto, con un fuerte deterioro adicional frente a la inflación.
En consecuencia sería necesario un refuerzo o bono, como viene pasando desde el inicio del actual Gobierno.
En marzo la movilidad fue del 17,04% y en junio del 20,92%. Eso arroja un acumulado del 41,5% versus una inflación en el semestre del 50,7%. Con una suba del 24%, durante septiembre, octubre y noviembre el acumulado rondaría el 75,4% entre 9 y 11 meses, muy por debajo de la inflación esperada.
En base a esos números se descuenta que habrá nuevos bonos o refuerzos para los que ganan menos.
De ser una compensación “por única vez” o “extraordinaria”, por la disparada inflacionaria esos bonos pasaron a ser permanentes y en valores ascendentes. Y no pueden dejar de repetirse porque los aumentos por la movilidad quedarían anulados si esos jubilados pierden el cobro de los bonos.
Luego de la pérdida del 19,5% de los haberes jubilatorios entre septiembre 2017 y noviembre 2019, durante el anterior Gobierno, el bono previsional para los que cuentan con haberes más bajos debutó con el actual Gobierno “por única vez” en diciembre 2019.
Así se otorgaron bonos de $ 5.000 en diciembre de 2019 y enero de 2020 para las jubilaciones mínimas y otro de $ 3.000 en abril de ese año.
En abril y mayo de 2021 se dieron bonos de $ 1.500. En agosto se dio un bono de $5.000 y en diciembre de 2021 un bono de hasta $ 8.000.
En 2022, los bonos se hicieron más frecuentes. En abril ($ 6.000) y mayo ($ 12.000), agosto (hasta $ 5.000), septiembre, octubre y noviembre ($ 4.000/7.000), diciembre, enero y febrero 2023 (de $ 7.000/10.000), marzo, abril y mayo ( $ 5.000/15.000) y junio, julio y agosto ( entre $ 5.000 y hasta $ 20.000) .
Eso pasa porque la fórmula de movilidad – que combina salarios con recaudación tributaria que va a la Seguridad Social- no tiene una cláusula de garantía o compensación automática frente a la inflación. Y los bonos solo lo reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos, dejando al resto con una muy fuerte caída en el poder adquisiitvo de sus haberes, achatando la pirámide de ingresos del sistema.
Además, esos bonos no se integran al haber. Solo compensan a un sector de jubilados una parte del alza de precios del mes o meses en que se cobran pero al mes o meses siguientes el ingreso total del jubilado vuelve al nivel pre-bono y se requiere que se otorguen nuevos bonos que pasan a ser más frecuentes.
Por otro lado, los bonos no se toman en cuenta para los futuros incrementos de los haberes ni para el cálculo del aguinaldo. De esta manera, la pérdida jubilatoria continua “de por vida”.
Por esta distorsión, en el Gobierno analizan integrar el monto adicional a la movilidad directamente al haber y que ese refuerzo sea permanente.
En tanto, los que no cobran el bono – más de 2 millones de jubilados y pensionados- no tienen ninguna compensación y absorben, con una baja en términos reales de sus haberes, la pérdida completa ante la inflación.
Sin los bonos, la fórmula de movilidad en 2022 arrojó un 72,5% versus una inflación anual del 94,8%. Una pérdida del 11,5%.
