Organizaron una rebelión mediante los grupos de WhatsApp. La comunicación por parte de las instituciones del monto oficial de la cuota para el año que viene, con números muy por encima de la inflación, detonó la reacción en Buenos Aires.
El chat de los padres no había estado tan vivo desde la suspensión de clases durante la pandemia. Los mensajes no paraban. Cartas, capturas de pantalla, links, documentos compartidos de Excel, modelos de amparo para presentar en la Justicia. A medida que los teléfonos vibraban y no dejaban de chirriar, toda la mañana y toda la tarde, durante toda la semana pasada, fueron pocos los padres que quedaron al margen o que no se enteraron. El chat literalmente estaba en llamas.
¿El detonante? La comunicación por parte de los colegios del monto oficial de la cuota para el año que viene, con números que en algunos casos acariciaron el millón de pesos, según indicó el diario La Nación, con incrementos, que según denunciaban los padres, duplicaban y hasta triplicaban los valores del año pasado y que están muy por encima de la inflación. ¿La reacción? Una convocatoria a la “desobediencia”, promovida por los propios padres, que encontraron un vericueto legal para impedir que los colegios puedan aplicar tales aumentos.
El impacto de los aumentos golpeó a todos los colegios de gestión privada. Pero entre los padres de los colegios del corredor norte, desde Belgrano, Devoto, Núñez, Vicente López, Olivos, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar, decidieron organizarse: armaron un documento de Google compartido, donde fueron subiendo los valores que se les informó y organizaron una acción conjunta para que todos los padres enviaran una carta a las autoridades de cada colegio informando que rechazaba el acuerdo escolar que proponía el colegio pero que solicitaba que se mantuviera y garantizaba la matriculación de su hijo o hija para el año siguiente.
Ocurre que la novedad de los aumentos no solo generó el rechazo de las familias sino que movilizó a los padres para organizarse transversalmente con dos objetivos: frenar los aumentos que consideran exorbitantes en muchos casos y en otros, lograr puntualmente que se quite directamente el cobro de la matrícula, esa cuota extra que muchas veces es equivalente a una cuota y media o bien, tiene valores cercanos a la cuota de marzo siguiente.
LA NACION consultó a las autoridades del Ministerio de Educación porteño y bonaerense y en ambos casos se explicó que cobrar la matrícula es una potestad que tienen los colegios y que aquellos que no tienen subvención, tienen sus cuotas reguladas no por esos ministerios sino por la Secretaría de Comercio de la Nación.
“Los números que nos llegaron nos parecieron excesivos. No tiene relación con la inflación. Y los colegios mantienen un público cautivo. Nos informaron hace una semana y nos piden que para el 12 de octubre aceptemos el nuevo contrato, sin posibilidades de nada”, relató Christian, padre de un estudiante de tercer año de una secundaria de zona norte, al que le informaron un aumento de 218% para el año siguiente. “Este año, entre marzo y septiembre el aumento ya fue del 161%. Es mucho”, explica. A partir de marzo, la cuota pasará a costar unos 457.000 pesos.
“En estos días nos llegaron los montos de lo que nos van a cobrar el año que viene y está muy por encima de la inflación. Es más de un 180% de aumento y ya nos empiezan a cobrar esa nueva matrícula para el año que viene con la cuota actual. Nosotros tenemos cuatro hijos, todos escolarizados. El monto para marzo es una locura: 1.2 millones de pesos, que no sé si voy a poder pagar. Hoy pago 650.000 pesos y ya cuesta. Lloro. Nosotros trabajamos los dos, un montón trabajamos. Yo en una empresa y él es independiente. Pero tengo esta duda de no saber si voy a poder pagar. Nos mandaron este anuncio pidiendo confirmar el contrato educativo a los 10 días a más tardar y que sino se caían las vacantes. No hubo ninguna propuesta de financiación ni alternativa, ni se solidarizaron con la situación del país. No sé como vamos a hacer. Capaz tengo que cambiar de zona y de colegio y tomar decisiones más fuertes”, explica a LA NACION una madre de una escuela de Pilar.
“Esto viene desde hace tiempo. Los colegios de zona norte se ponen de acuerdo con los precios de una manera arbitraria y los padres quedamos entre medio de ellos y no tenemos opción. Yo conozco colegios de la zona de Bella Vista, donde se brindan servicios similares y las cuotas son mucho más bajas. Entonces, acá ellos presuponen que uno puede pagar cierto nivel de educación, que a veces tampoco se contrarresta con el servicio educativo que se ofrece. Y quedamos los padres ahí en el medio. Ahora creo que se les fue la mano pero, siempre se pusieron de acuerdo y los padres no tenemos opción”, apunta otra madre, cuyos hijos concurren a una escuela bilingüe en Pacheco.
“Recibimos la cuota con un aumento del 230%, una locura. Se vuelve insostenible”, apunta una madre de tres hijos que asiste a un colegio de Villa Devoto.
Así, el chat de padres y madres en los últimos días se convirtió en un canto a la desobediencia. Padres contadores, abogados, especialistas en finanzas, todos se pusieron al servicio del cálculo para estimar si los aumentos que habían recibido tenían relación con lo que prevé la ley. Y también, lograr llegar a ese número tan odioso, de cuánto había sido el aumento del colegio de sus hijos. Para coronar el mensaje con las conclusiones con el remate que los otros padres esperaban: “El aumento está muy por encima de la paritaria docente y sobre todo de la inflación”.
Cartas de los padres
Los colegios empezaron a recibir las cartas de los padres rechazando el acuerdo escolar que se proponía y encendieron el alerta: por eso, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, (Aiepba), cuyo secretario ejecutivo es Martín Zurita, se envió un pedido común con la Junta Nacional de Educación Privada, para que la Secretaría de Comercio prorrogue o suspenda los artículos del decreto presidencial que habilitaría a los padres un mecanismo capaz de bloquear los aumentos.
Ayer el chat estaba imparable. Mientras los padres se organizaban en grupos de WhatsApp transversales a los distintos colegios, aquellos que son contadores o están familiarizados con finanzas, hacían números. Los abogados revisaban la legalidad del aumento. Así, después de deliberar, descubrieron un vericueto: el decreto 2417/93, firmado por Carlos Menem, dispone que los colegios que no reciben subvención del Estado, deben comunicar los valores de las cuotas del año siguiente antes del 1° de octubre, ya que para el 31 de este mes deben presentar ante el Ministerio de Educación primero y después ante la Secretaría de Comercio de la Nación, la aceptación por parte de la comunidad educativa del contrato escolar, que informa los valores de las cuotas. Para eso, debe contar con la firma de más del 50% de las familias. Si no lo logran, no pueden actualizar los valores de las cuotas, sino que estarían obligados a mantener la última cuota de este año para el año siguiente.
Ocurre que este es el único momento del año en el que tienen permitido aumentar las cuotas. Después, solo pueden incrementarlo, independientemente de la inflación, en función de los aumentos dispuestos por el Gobierno y para trasladar la paritaria docente. Hoy, según se informa en el Ministerio de Educación y en las agrupaciones que nuclean a los colegios, entre el 80% y el 90% del valor de la cuota está relacionada con el pago de salarios.
Sin embargo, el mismo decreto prevé que si un colegio traslada a los padres un aumento que supera el 50% de la paritaria docente (no puede aumentar los valores por ejemplo porque tiene aumentos en insumos, servicios o mantenimiento del edificio), los padres tienen derecho a exigir que el colegio devuelva esa diferencia.
Esta artimaña legal se convirtió en comidilla en los chats de padres. El mensaje cruzaba las fronteras de los distintos colegios y llegaba a los celulares con la leyenda que advertía que ese mensaje había sido reenviado muchas veces.
“Chicas, yo les comparto esto que estuve viendo. Es una normativa que se aplica a los colegios privados… es el decreto 2417/1993. Y por lo que veo y pude averiguar está vigente”, decía ese mensaje que se reenvió hasta el infinito.
Y seguía: “El tema es así: los colegios a esta altura del año presentan a los padres o responsables de los alumnos la matrícula para el años siguiente. Si obtienen la conformidad de más de la mitad de los padres a esa matrícula significa que está aprobada. Ahora si más de la mitad de los padres expresa individualmente que no está de acuerdo con el monto de matrícula pero que tiene voluntad de seguir en el colegio, el colegio debe mantener el valor la matrícula con monto cuota 30/11. Esto es así: antes del 31/10 los colegios tienen que presentar una declaración jurada informando que más de la mitad de las familias estuvo de acuerdo e informa el monto”, decía el mensaje.
Una luz al final del túnel
Para muchas familias fue ver una luz al final del túnel. Por eso, las madres y padres abogados se pusieron a trabajar en un modelo de carta que contuviera esos principios legales, para que los padres la presentaran a cada institución. Algunos optaron por hacerlo de forma individual y otros firmaron una carta por curso, con la firma de los padres de todos los alumnos al final. Incluso hubo padres que se animaron a más: redactaron un modelo de acción de amparo colectiva para solicitar una medida cautelar ante la Justicia, contra el colegio que no decida dar marcha atrás a los aumentos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna comunidad de padres echó mano de ese recurso, que por ahora se prepara, “por si acaso”. De todas formas, todos prefieren avanzar primero por la vía del diálogo.
Según pudo saber LA NACION, esta carta rechazando expresamente el acuerdo escolar, circulaba ayer entre las familias del colegio San Lucas, denunciando un aumento de febrero a octubre de 2023 del 110% y un aumento en el convenio escolar del 200%. En tanto, fue entregada por distintos padres ante los directivos del Southern Cross, en el que se menciona que el aumento había sido del 171% y del 218%, respectivamente; las familias del St Catherine’s Moorlands School preparaban una carta en el que se expresa “inquietud en relación al reciente aumente en la cuota escolar y el precio excesivo de la matrícula para el próximo año académico. “Quisiéramos confirmar nuestra voluntad de matricular a nuestros hijos para 2024, sin embargo debemos comunicar que no prestamos conformidad con el importe de la matrícula. Entendemos necesario que se revise el contrato escolar”, apuntaron. Algo parecido ocurría en la comunidad del Saint Francis, donde los padres armaban una petición con el mismo modelo de carta, denunciando que la cuota de este año se triplicó y que la del año próximo tiene un aumento del 210%.
En tanto, mensajes similares circularon entre las familias de San Andrés, del Newman, del St. Mary, del Pilgrims, del Goethe, del Holy Cross, del San Esteban, de la ORT, del San Marcos, del Oakhill, del Santa Inés, del San Juan y del Santa Teresa, el Devoto School, entre muchos otros.
LA NACION se comunicó con directivos de algunas de las instituciones mencionadas, que expresaron su preocupación por el tema, aunque prefirieron no hacer declaraciones puntuales sobre el conflicto.
En un mensaje que circulaba entre los padres de distintos colegios, se explicaba que un grupo de padres y madres (contadores y abogados) habían estado analizando el tema durante tres días. Y habían llegado a algunas conclusiones. “Los papis contadores”, tal como se los menciona, habían analizado números del colegio en cuestión y habían encontrado que entre diciembre y septiembre últimos, el aumento había sido del 131%, mientras que la paritaria había sido del 84%, y que la inflación de agosto había marcado un 80,2%. Este argumento se podría utilizar, según señala el decreto para reclamar la devolución de un aumento mayor a lo que dice la ley.
“No se llega a ese número de aumento de un día para el otro. Lo cierto es que nos demandó muchos meses de evaluación y de contratar una consultora, porque quisimos estar lo más cercano posible a la realidad del país. Pero es muy difícil proyectar con este nivel de inflación. En realidad, el momento en que se comunica el aumento es el único en el que como institución podemos trasladar los aumentos. No creo que exista ninguna otra industria que tenga que comunicar con tanta anticipación, los precios que va a cobrar el año siguiente. No tuvimos en cuenta aumentos futuros, sino que el número que enviamos nos permite apenas cubrir los aumentos que ya tuvimos. Con ese número el año que viene nos vamos a volver a quedar cortos. Nosotros recibimos las inquietudes de las familias y les transmitimos que ese número no es algo que se tiene que abonar ahora sino dentro de seis meses, cuando también los aumentos de ingresos deberían acompañar”, apunta Jerónimo Cernadas, representante legal del colegio Pilgrims.
“El Gobierno nacional solicita a las escuelas que estimen la cuota de marzo en un momento de extrema incertidumbre política y económica y con una tasa de 150 por ciento anual de inflación. Esta coyuntura genera un problema muy serio para las escuelas no subvencionadas porque tienen que presupuestar costos de todo tipo: laboral, edilicio, capacitación, transporte, que varían de acuerdo al proyecto escolar brindado en cada caso, bilingüe, trilingüe, bachillerato internacional, deportivo”, explica Martín Zurita, presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires.
El 7 de septiembre, junto a la Junta Nacional de Educación Privada, presentó ante la Secretaría de Comercio de la Nación un pedido para que se otorgue una prórroga urgente a las obligaciones que estipula el decreto 2417/93. “Resulta imposible para nuestros representados cumplir en tiempo y forma, siendo que las instituciones no pueden realizar una previsión responsable acorde a la realidad”, se apunta.
