El Estado nacional subsidia con $ 52.000 millones mensuales a los colectivos que circulan por Buenos Aires y el conurbano, según las cámaras que conforman el sector. De todas formas, las empresas de transporte automotor consideran que la suma es insuficiente y que no les alcanza para cubrir los costos. Según sus estimaciones, la circulación de 18.500 unidades por el AMBA demanda $ 85.000 millones mensuales. En ese cuadro, pierden $ 33.000 millones mensuales.
Aunque los boletos de colectivo están aumentando mensualmente al ritmo de la inflación, las empresas dicen que lo abonado por los pasajeros apenas cubre un 15% de los costos. El resto lo aporta el Estado a través de las subvenciones.
En mayo, el precio promedio del boleto fue de $ 31, según los transportistas. Menos de la mitad (46%) de los viajeros paga el precio que establece la SUBE. Los jubilados, pensionados, o sectores de bajos ingresos abonan una tarifa “con atributos”, es decir con un 55% de descuentos. Representan un tercio de los viajes. Los estudiantes también poseen este beneficio. La “integración” -que es cuando un pasajero toma varios colectivos seguidos, y recibe descuentos en el segundo y/o tercer viaje del mismo recorrido- también recorta los ingresos de los transportistas.
Los transportistas dicen que el Estado les reconocía, en mayo, un litro de gasoil a $ 226, cuando valía $ 271. También argumentan que Transporte considera que el costo de cada neumático es de $ 94.000, mientras que el precio de mercado de ese objeto es de $ 150.000. Para Transporte, cada unidad (coche) vale $ 21 millones, mientras que los colectiveros valúan ese bien en $ 64 millones.
El reporte de Tarifas y Subsidios del IIEP, un instituto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-CONICET, hace un análisis similar de costos reales y subsidios, aunque algunos números presentan discrepancias con los expuestos por los colectivos.
Los desacuerdos entre los costos del sistema entre los colectivos y las empresas vienen desde 2016. Desde allí, hay desacuerdos entre las partes, que van cobrando notoriedad a medida que el Gobierno nacional se atrasa en el pago de los subsidios.
El Gobierno les paga las compensaciones o subsidios. -la diferencia entre los ingresos que tienen y los gastos de su operación- con distintos niveles de retraso.
A comienzos de mayo, les debían 17 días de subsidios. En abril, no habían cobrado 20 días de compensaciones. Estos atrasos se acercan a anteriores “récords” de incumplimientos. En agosto de 2022, el Gobierno llegó a deberles un mes de subsidios, lo que los llevó a un paro. En enero de 2021 y junio de 2020, Transporte también les giró la plata con un mes de retraso.
Hubo “lockouts” de las empresas que dejaron sus consecuencias: se redujo la circulación de colectivos en los horarios nocturnos y los fines de semana. “Es cierto que hay menos frecuencia. Son servicios que no dejan plata. Entiendo que nuestro compromiso sería cumplirlos, pero frente a los atrasos del Estado tenemos que hacer algunos recortes”, admiten en una línea, donde piden no ser identificados.
En 2001, cuando el Estado comenzó a subsidiar a las líneas de colectivos -para que no subieran el precio de los traslados-, ese auxilio representaba un 7% de los ingresos de las líneas. Más de dos décadas después, el Estado paga el 85% de la facturación de los colectivos.
El sistema de transporte público de pasajeros se encamina a costar $ 1 billón anual, del que las empresas embolsarían $ 600.000 millones. Eso es para mantener los colectivos que circulan en el AMBA.
Casi 10 millones de personas viajan a diario por el sistema de transporte.
Tras la pandemia, la cantidad de pasajeros volvió casi a los niveles de 2019. Mientras tanto, los colectiveros recorren un 4% menos de kilómetros, es decir que hay un recorte de sus servicios. La comparación contra 2017 es más rotunda: hay un 15% menos de pasajeros y un 10% de caída en los servicios que prestan los colectivos.
Las cámaras de transporte también empiezan a pensar en algún cambio en los subsidios. Por ejemplo, empiezan a hablar de “dirigir las compensaciones tarifarias directamente al usuario”. Esto significa que el boleto dejaría de estar subsidiado para los colectivos, pero los beneficiarios recibirían el dinero en su tarjeta SUBE. La idea -que en su momento fue alentada por Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte en la administración de Mauricio Macri- nunca había sido bien vista por los colectiveros.
