Transclor de Mauricio Filiberti quedó sin competidores en una licitación de US$ 127 millones para comprar un coagulante para el agua. López Murphy y Carrió afirman que el proceso “está direccionado” hacia el empresario.
La empresa Transclor de Mauricio Filiberti, conocido como “El Rey del Cloro”, terminó como única oferente para quedarse con una licitación de la empresa estatal AySA por 127 millones de dólares para la compra de policloruro de aluminio (PAC), al abrirse los sobres de la oferta económica.
Se trata de un coagulante que es el producto químico que se usa para clarificar el agua potable. Filiberti fue el propietario del lujoso yate Attila que se vio en el mundial de fútbol de Qatar y tiene amplios vínculos con la política y la farándula. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en la empresa Edenor.
Apenas conocida la noticia, el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy y la Coalición Cívica de Elisa Carrió denunciaron que se trata de una licitación “direccionada” a favor de ese empresario, amigo del ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por Todos, Sergio Massa, y de la titular de AYSA y candidata a Intendente de Tigre, Malena Galmarini.
Sin embargo, voceros de AYSA consultados por Clarín resaltaron la “licitud” de la licitación y aclararon que el 29 de junio “se abrió la oferta económica, pero aún no se hizo la adjudicación”.
Los voceros explicaron que “aún falta una etapa más. Si está todo bien, se adjudicará pero si hay alguna mala presentación, se puede dar de baja”. La etapa siguiente es que la analice el directorio de AySA que puede aceptar o rechazar la oferta económica.
El sobre con la oferta técnica se había abierto el 21 de marzo y, además de Transcolor, se había presentado PPE S.A que finalmente no hizo oferta económica, informó el diario La Nación.
El avance de la licitación reabrió la polémica. En marzo, ante una nota de Clarín, Galmarini invitó a López Murphy a ir a la sede de la empresa para controlar la licitación pero el economista, finalmente, se negó a menos de que se suspendiera el proceso.
Por su parte, el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy pidió a sus asesores hacer un nuevo pedido de informes con una serie de objeciones sobre la licitación que, a su criterio, “está direccionada” a favor de Filiberti.
Para López Murphy hay que suspender la licitación para que la decida el próximo gobierno porque se trata de un contrato para el suministro de ese producto hasta 2026 y prorrogable hasta 2029.
A su vez, el auditor Juan Calandri, autor de un informe del bloque de diputados de Carrió sobre la historia de AYSA y esta licitación, dijo que “en la apertura de los sobres sólo se ve la oferta de TRANSCLOR”.
“Esto que puede implicar que la oferta técnica de PPE con FERROCLOR, (empresa integrada con Transclor, a calle de por medio en el Parque Industrial de Pilar) fuera desestimada por no ser productora de Acido Clorhídrico, pero que cumplió su finalidad para mostrar un “competidor” en la licitación”, advirtió Calandri.
En fuentes parlamentarias, afirman que en este caso testigo para el próximo gobierno debería intervenir la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para determinar si hubo, realmente, una competencia y la licitación no fue “amañada” desde la preparación de los pliegos.
El borrador del proyecto de López Murphy dice que “la propuesta económica de Transclor se excede del presupuesto oficial en un 0,8% aproximadamente, lo cual estaría dentro de los rangos que se permiten las normas para las compras del estado, comprendidas dentro de la ley de contabilidad que normalmente toleran hasta un 20% de exceso del presupuesto oficial”.
Sin embargo, “el análisis de auditoría del procedimiento, debería focalizarse en la razonabilidad del precio y la eficiencia técnica del uso del producto (PAC), lo cual debiera tene un parámetro de comparación”, agrega el proyecto del ex ministro de Economía.
“Pero esta licitación está claramente direccionada al producto PAC, a un oferente en particular y no a un coagulante que resuelva la clarificación del agua cruda”, destaca el borrador.
En el mundo, “las comparativas son técnico-económicas relacionando diferentes coagulantes. Se hacen con productos substitutos entre sí que permitan cumplir el fin de clarificación del agua para así lograr establecer una comparativa económica que estimula la verdadera competencia”, explica.
Como actualmente se consumen los productos policloruro de aluminio (PAC) y sulfato de aluminio, “eso verifica que no son excluyentes y que los dos cumplen el mismo fin, con lo cual deberían compararse en las ofertas, iguales volúmenes de provisión para establecer el costo de escala mas competitivo posible”.
Luego el borrador de informe hace un análisis técnico de esas sustancias.
La licitación de AYSA, precisa, “fue cotizada para 7000 toneladas de promedio mensual de PAC con una concentración de 17% de óxido de aluminio, con una certeza de provisión de 252.000 toneladas en tres años. El precio fue de u$s 510 por tonelada. Implica que por punto de oxido de aluminio se paga U$S 30, producto de dividir esos u$s 510 por 17″.
El Sulfato de aluminio que “compra AySA tiene una concentración de 7,6% mínimo de Oxido de Aluminio”, sostiene y luego afirma que hay otros productos más baratos que el PAC.
A su vez, el informe Carrió de hace un análisis historico desde que Néstor Kirchner anuló la concesión de la ex Obras Sanitarias al grupo francés Suez, le dio el 10 por ciento de las acciones al sindicato y destaca que hubo un “festival de convenios” entre AYSA, el sindicato del sector liderado por José Luis Lingheri y el “Rey del Cloro”.
Por ejemplo, Carrió cita el “el convenio entre AYSA y el sindicato (SGBATOS, según su sigla) para el mantenimiento de la “planta de Sulfato de Aluminio”.
El 25 de enero del 2007 , “se decidió volver a entregar en comodato las instalaciones de la planta de sulfato de aluminio, con el fin de que otra empresa la conserve, opere y administre por sí o por terceros. Para esto, ¿qué instrumento se eligió para seleccionarla? ¿Se llamó a licitación pública o privada? No”.
“Se celebró un convenio eligiendo nuevamente a SBGATOS para que la conserve, opere y administre. ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionarla? No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo producido deberá ser vendido principalmente a AYSA, pero el excedente podrá ser comercializado”, agregó el informe de la Coalición Cívica.
Luego el sindicato firmó convenios con “Transclor S.A., representada por Diego Hernán Pino y suscribieron otro convenio. Es decir, que por este convenio Transclor S.A. operó la planta de Sulfato de Aluminio que tiene en comodato SGBATOS”.
“Transclor S.A. se hizo cargo de los gastos, costos e inversiones que deban afrontarse para cumplir con lo pactado con AYSA S.A. La contraprestación consistió en el pago de $ 276.000, pagaderos por mes de manera semestral. ¿Qué tipo de control público existe con respecto a estos convenios? Ninguno: esta actividad quedó exenta del control estatal por considerarla un contrato entre privados”, advierte el informe de Carrió.
Como sostuvo Elisa Carrió en el año 2006, “se eligió la figura de sociedad anónima, regida por los principios del derecho privado, para vaciar de control público la vida de las empresas prestatarias de servicios públicos. El control sobre las contrataciones de AYSA es casi inexistente”.
Por otra parte, “es a todas luces evidente la existencia de un vínculo fuertemente consolidado de negocios entre el SGBATOS, liderado por José Luis Lingeri, las empresas prestadoras del servicio AYSA y la empresa Transclor S.A., cuyo acervo accionario pertenecería a la familia de Mauricio Filiberti”.
“No se fomenta ni se ha fomentado el principio de libre competencia ni el principio de concurrencia e igualdad de los oferentes. No se impulsó una política de ampliación de potenciales oferentes de manera que asegure una administración de los recursos con economía, eficiencia y eficacia”, finaliza el extenso informe de la Coalición Cívica.
