Tanto la Cámara Argentina de Comercio como la CAME emitieron comunicados remarcando que los salarios deben ajustarse en las paritarias.
Quizás era el anuncio más esperado hasta el momento y su objetivo, según el ministro Sergio Massa, es “reforzar el poder de compra del salario” luego del impacto post devaluación. La suma fija generó rechazo en el sector empresario. La CAME ya salió al cruce: “El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, dijeron en un comunicado.
La primera respuesta a los anuncios de Massa del domingo no tardó en llegar. La Confederación Argentinas de Medianas Empresas advirtió que la medida perjudica a las Pymes, complica los números de dos sectores que acaban de cerrar reajustes paritarios y en definitiva aumentan los costos del sector.
En el mismo sentido se pronunció la Cámara Argentina de Comercio (CAC). “Las paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de cada sector”, sostuvieron en un comunicado.
La CAC manifestó su profunda preocupación “en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional”.
“La Entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data”, indicó CAC.
“Pero a la vez debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”, remarcó la entidad presidida por Mario Grinman.
“Cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”, sostuvo CAME.
“En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, advirtieron desde la agrupación de pequeñas y medianas empresas.
“La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”, cerró la comunicación de CAME.
La CAC detalló además que “de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales, por lo que la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso”.
Esta mañana la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos había dado detalles sobre los beneficios para los trabajadores registrarlos y las vías que tendrán las empresas para financiar este pago extra.
Según explicó esta medida beneficiará a 5,5 millones de trabajadores del sector privado con salarios netos de hasta $ 400.000 mensuales. El Estado asumirá el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones del 100% en el caso de las Micro, y del 50% para las Pequeñas Empresas.
