Una gran parte ingresan por contactos sin rendir cuentas. Cómo debería funcionar la selección para cada nivel jerárquico.
El ministro y candidato a Presidente Sergio Massa sugirió hace poco que el también candidato Javier Milei debería pasar por un “psicofísico”, una evaluación psicológica para examinar su estabilidad psíquico-emocional, dado el ambicioso cargo al que aspira. Como ese estudio integra el proceso de selección que atraviesa cualquier persona en busca de empleo, es lógico preguntarse qué requisitos (intelectuales y de formación académica) sería deseable que cumplieran los funcionarios, considerando la mala reputación que acarrean hoy y que casi el 80% de la Alta Dirección Pública ni siquiera concursó los puestos que ocupa.
La cifra de acomodos discrecionales sale de un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Alude a las muchas designaciones “de excepción” en los puestos jerárquicos más altos del sector público.
Algunos lo llaman “spoils system”, un verdadero tráfico de influencias, pero Mauro Solano, director del programa Estado y Gobierno de CIPPEC, prefirió describirlo con cifras: “Aunque los 3.200 cargos que comprende la dirección pública deberían cubrirse por concurso, el 98% de los directores nacionales y generales, directores de línea y coordinaciones de la Administración Pública Nacional Central cuenta con una designación transitoria de 180 días, cuando el plazo de la función ejecutiva es de cinco años. El 77% fueron exceptuados del cumplimiento de los requisitos profesionales que establece el Sistema Nacional de Empleo Público, o SINEP”.
Si no fuera por la responsabilidad que implican esos cargos, los 3.200 puestos serían un asunto menor, frente a los entre 3,6 y 3,9 millones de personas que conforman al sector público argentino (tomando los datos del todavía inconcluso censo 2022 del INDEC). Es nada menos que el 8% de la población, cifra que sube al 18,2%, si se toman las personas económicamente activas.
Los curioso es que los designados a dedo no carecen de formación. Según datos de 2022, el 74% de la Alta Dirección Pública tenía un nivel educativo alto, universitario completo o superior.
El profundo enojo por la crisis económica multiplica las afirmaciones de siempre: que “el Estado no funciona”, que “es obsoleto”, “corrupto”, que “está lleno de ñoquis” o que quienes gobiernan “son una manga de ignorantes”. ¿Algo de esto tiene que ver con la forma de ingreso de los recursos humanos de mayor responsabilidad al sector público?
Técnicos de carrera versus puestos políticos
Siempre se dice que las menos de 4 millones de personas del sector público se dividen en dos. De un lado están los profesionales y no profesionales “de carrera”, en categorías según los distintos requisitos de los puestos, que a veces exigen secundario completo, universitario o posgrado. Para entrar al Estado deben (o deberían) pasar por un concurso y (retomando los dichos de Massa) por examen preocupacional, como el que atraviesa cualquier hijo de vecino.
En el segundo grupo están los cargos políticos. En la cúspide están aquellos ungidos por el voto popular y, debajo, los “de arrastre”, empleados contratados, satélites de los elegidos por sufragio. Son asesores o asistentes que pasan a trabajar en el Estado sin ninguna evaluación objetiva, más allá de la confianza o cercanía con el funcionario de turno.
Clarín habló con varias fuentes del sector público, que -como era esperable- pidieron no ser nombradas. Lo interesante es la coincidencia en que hace varias décadas, el límite entre los “de carrera” y los “políticos” se volvió difuso.
Pero no solo eso: una especie de tráfico anárquico con reglas sumamente endebles entre quienes están de uno y otro lado es lo que parece darle forma al -para muchos- cuerpo hipertrofiado disfuncional del Estado argentino.
Burócratas, tecnócratas y lobbistas
O sea que el problema es bastante mayor que el de un simple psicofísico. Por ese límite difuso se genera un tercer y hasta un cuarto grupo de empleados, siempre pensando en cómo ingresaron al Estado.
El primero está compuesto por los empleados de carrera que entraron “con las de la ley”, pero se pasaron al lado político porque determinado funcionario los quiso “cerca”. Aunque habían sido seleccionados y tenían sus credenciales, cierto día pasaron a ocupar un cargo distinto (muchas veces, mejor) sin haberlo concursado.
Una importante fuente del poder Ejecutivo explicó que, del 80% de la Alta Dirección Pública que no concursó su puesto, estos últimos “son los menos”. Los más, se entiende, son los que aterrizan en el Estado de la mano del funcionario de turno. Veamos qué les pasa.
Ese es, justamente, el cuarto grupo, explicó una fuente con más de diez años en una dependencia nacional: “No basta con decir que ‘el planta permanente es técnico y los otros son políticos, porque no funciona así. Hace muchos años, la gente que viene con el político a la dependencia del Estado que sea, muchas veces se queda en planta permanente”.
En la práctica, “muchos que llegaron como asesores de un diputado o senador, cuando al funcionario se le termina el mandato y deberían irse, se quedan. A esos asesores no los votó nadie y no pasaron por ningún filtro, salvo presentar el curriculum y la ficha de antecedentes penales”.
La Alta Dirección Pública
Mariana Gené es socióloga, investigadora del Conicet y acaba de publicar (en coautoría con Gabriel Vommaro y por Siglo XXI) “El sueño intacto de la centroderecha”. A horas de las elecciones presidenciales y cuando una suerte de temor escéptico copa el aire de muchos hogares, Clarín le pidió que describiera el mapa del Estado.
“Básicamente, hay un conjunto de personas bajo muy distintos tipos de contratación: están los de planta permanente, los de planta transitoria y gente por contrato, distintas capas geológicas, ya que históricamente fue problemático sustanciar y regularizar la planta a través de concursos”, explicó. “Es usual entrar al Estado por contactos o conocidos, o conocidos de conocidos, lo que no necesariamente implica tener ‘palanca’, pero sí que el modo de reclutamiento es ese lazo débil en el que alguien ‘tiene un dato’, en detrimento de la búsqueda abierta y el concurso”, aclaró.
El problema es que “la persona entra y gana antigüedad, lo que termina consolidando un antecedente a considerar, si luego concursa un cargo”.
El otro grupo, se dijo, es el personal designado políticamente: “Hablamos de funcionarios de rango alto: ministros, secretarios y subsecretarios... en algún momento se daba por hecho que los directores nacionales o generales no eran designados políticamente sino cargos de carrera, pero hace varias décadas que los directores también son nombrados por el poder de turno”.
Una segunda fuente que trabaja en el Poder Ejecutivo lo confirmó: “La Alta Dirección Pública involucra lo las llamadas ‘funciones ejecutivas’: coordinadores, directores y directores generales o nacionales. Son los cargos que deben cubrirse a través de concursos y la duración debería ser de 5 años, pero cerca del 80% están designados exceptuando los requisitos para esos puestos, o sea, la realización de un concurso y tener un título universitario, condición que muchas veces no se cumple”.
Profesionalizar el Estado, una meta
Tomando los modelos de Francia e Inglaterra, Solano recordó que CIPPEC tiene una propuesta de profesionalización del Estado, en el marco de la iniciativa Democracia 40, y que, “desde 1983, Argentina intentó profesionalizar la dirección pública, con avances y retrocesos”.
Algunos ejemplos son “el Cuerpo de Administradores Gubernamentales y el diplomático, que se forma aprobando examen de ingreso en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). También, “el Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (SINAPA), actualizado en 2008, que definió los requisitos para los diferentes niveles del escalafón”.
En 2019 se sancionó el Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública, que no llegó a implementarse, y hace poco se aprobó el Régimen de Dirección Pública, que regirá a partir de junio de 2024. Solano lo consideró “un avance”.
Qué dice la constitución sobre los cargos políticos
Para ser juez hay que ser abogado y cumplir con lo que se le exige a un senador: tener 30 años, haber nacido en la provincia que pretende representar (o residido en ella por dos años), no ser “eclesiástico regular” y “disfrutar” (dice la Constitución de 1994) de “una renta anual de dos mil pesos fuertes, o de una entrada equivalente”. Se puede ser Diputado sin haber estudiado nada, sin renta de disfrute y con solo 25 años cumplidos.
Para ser Presidente o Vice de la Argentina se exigen “las mismas calidades” (dice la Carta Magna) que para Senador. En línea con la mayoría de los países, se prioriza el igual acceso de todos y no se exige un título para desempeñarse en el cargo. Es el juego de la democracia.
Pero son días particulares, con candidatos lanzando propuestas estrambóticas y hasta violadoras de los derechos humanos. Gené recordó que “si el candidato se hace popular en redes o capta un malestar y lo expresa, ¿quién tiene la vara para decir qué es lo correcto y qué lo incorrecto en una sociedad democrática? La gente tiene la vara con su voto”.
Por otro lado, “hay un tema con la exigencia de diplomas en puestos electivos. Esas credenciales pueden ser importantes en algunas áreas pero hay otras en las que quizás pesa más el conocimiento del territorio o el de los interlocutores con los que las agencias tienen que interactuar. Lo que la literatura llama ‘el arraigo social’”.
“Es un desafío gigante”, evaluó Gené, en alusión a la dificultad de “definir a quiénes y cuándo exigirles un saber experto. Porque, pensamos que un buen político debe tener un título y saber inglés. Pero, ¿siempre? ¿Se puede universalizar?”
Políticos y salud mental
Volviendo a la chicana del psicofísico, para Eduardo Keegan, psicólogo y experto en psicoterapias, las reglas de la democracia son claras: “El requisito de salud mental se pide para cosas que implican manejo de armas, por ejemplo. Es muy opinable porque vos podés tener un trastorno mental y estar tratado adecuadamente. No tiene por qué impactar en el ejercicio de funciones”.
Para Keegan, lo de hacer un psicotécnico fue una descalificación. “No hay que banalizar la salud mental”, apuntó.
En definitiva, dijo, “un Presidente tiene que prestar atención a cualquier problema que tenga, sea físico o mental. Hay que confiar en la responsabilidad del votante a la hora de elegir políticos para cargos nacionales. Esto es, observar la templanza en el carácter y la capacidad de manejar emociones frente a distintos impulsos”.
